El senador del Partido Nacional (PN) Juan Sartori presentó ayer al Senado un proyecto de ley que toma la iniciativa presentada días atrás por ediles de su sector en Rivera, con el objetivo de “dar transparencia y equidad al proceso de distribución y administración de las vacunas contra el coronavirus”.

El proyecto consagra la responsabilidad de los funcionarios públicos vinculados al proceso de distribución y administración de las vacunas y determina que aquellos que incurran en una falta podrán ser sancionados. La finalidad del proyecto de ley es operar como una “advertencia de sanción a aquellos que incumplan o violenten las obligaciones legales y reglamentarias”, explicó Sartori.

En la exposición de motivos señala que “no escapa del conocimiento público la existencia de hechos irregulares en países donde ya ha comenzado el proceso de vacunación”, en referencia a lo sucedido en Perú y en Argentina en los últimos días. Eso, afirma el senador, “representa un llamado de atención para que tratemos de evitar que situaciones similares puedan darse en nuestro país, estableciendo normas precisas sobre la responsabilidad de todos los funcionarios públicos que, por diversos motivos, tengan acceso e injerencia en el proceso”.

El proyecto establece que todos los funcionarios públicos que participen en la administración y aplicación de la vacuna deberán firmar una declaración jurada en la que se comprometen a cumplir estrictamente las disposiciones y cronogramas que el Poder Ejecutivo determine.

“Sin perjuicio de las sanciones penales que cada situación particular pueda ameritar, según las expresas previsiones de los artículos 8 y 9 de la Ley 17.060, se considerará falta grave a los deberes inherentes a la función pública el incumplimiento de las disposiciones referidas”, se establece en el anteproyecto. Además, se agrega que la Junta de Ética y Transparencia Pública tendrá “las más amplias facultades de contralor e investigación de las conductas funcionales” relacionadas con el tema.

Las respuestas desde la coalición y el Frente Amplio

Según supo la diaria, el senador Sartori no participó ayer en la reunión de coordinación que hubo entre todos los legisladores de la coalición gubernamental. Es decir que el asunto no fue tratado en esa instancia, y recibió durante el día comentarios negativos de parte de dirigentes de la coalición de gobierno y el Frente Amplio (FA).

“El proyecto se hizo para prevenir casos de corrupción como los que pasaron en otros países, pero somos varios los que creemos que el gobierno de [Luis] Lacalle Pou está haciendo un buen trabajo y va a cumplir con el plan que se estableció sin necesidad de este proyecto”, dijo a la diaria una fuente del PN. Otro informante comentó que “no será necesaria una ley porque con este gobierno, si pasa algo parecido a lo de Argentina, [el implicado] no dura ni tres segundos”.

Por su parte, Gustavo Penadés, senador y coordinador de la bancada del PN, dijo a la diaria que el proyecto de ley de Sartori “se analizará en la reunión de la próxima semana, no nos negamos a estudiarlo”. Igualmente, aclaró que “queda meridianamente claro que siempre Uruguay, el gobierno y los partidos políticos somos otra cosa” en comparación con otros países, donde ocurrieron situaciones de corrupción.

Una fuente del Partido Colorado (PC) expresó a la diaria que considera que “ya sería suficiente la legislación que hay” para castigar cualquier desvío del plan de vacunación.

Desde el FA, el diputado Gustavo Olmos señaló en Twitter: “El sistema de salud, los poderes del Estado y los partidos políticos en nuestro país son lo suficientemente sanos como para no tolerar, promover o participar en un esquema de vacunación que no respete las prioridades y los tiempos definidos por la autoridad sanitaria”.