El jueves el semanario Búsqueda informó que Pablo Sitjar, representante de Cabildo Abierto (CA) en el directorio del Banco República (BROU), forma parte de varias sociedades anónimas, algunas de las cuales mantienen litigios con el Estado. El jerarca es vicepresidente de Vidaplan SA, empresa titular de la explotación del casino Nogaró en Punta del Este. En mayo de 2020 demandó a la Dirección General de Casinos (DGC) por 50 millones de dólares y desde agosto se opone a reabrir sus puertas, lo que derivó en la Justicia penal.

Además, Sitjar está embargado desde 2018 por una deuda con la Dirección General Impositiva (DGI) a raíz de un proyecto inmobiliario. En agosto de 2017 el hoy jerarca del BROU había firmado un convenio para saldar la deuda, cuando era director de THS Accounting Services SA, pero la empresa dejó de cumplir con los pagos después de la cuota número 13, dejando casi un millón de pesos sin pagar, lo que llevó a la DGI a iniciar acciones legales.

Ante esta información, Sitjar envió una misiva a “Ecos”, la sección de cartas de lectores del diario El País, que el matutino publicó ayer. Allí el jerarca señaló que es verdad que la DGI hace dos años le “trabó un embargo por una sociedad anónima propietaria de un inmueble en construcción” de la cual es director y que “también es verdad que la sociedad ofreció al organismo la garantía del inmueble –cuyo valor supera por varios múltiplos lo adeudado–, y que por algún motivo no fue aceptado”.

“Es verdad que soy director de una sociedad propietaria del Hotel y Casino Mantra. También es verdad que mi representado –un extranjero que probablemente pague más impuestos en Uruguay que muchas multinacionales– invirtió más de 20 millones de dólares para rescatar un emprendimiento que fue problemático desde sus inicios. Gran parte de ese dinero se fue en sueldos y obras realizadas en nuestro país”, sostuvo. Agregó que “el diferendo con la DGC” está expuesto en una demanda judicial y que sólo puede decir que, “lejos de intentar beneficiarse, el propietario de la sociedad hizo todos los esfuerzos por rescatar un desmadre pergeñado por las autoridades anteriores”.

Sitjar subrayó que CA le confirió “el honor” de nominarlo como director del BROU, cargo que aceptó “con responsabilidad y cuya venia en el Senado de la República no mereció ningún reparo”. “El mismo día que asumí pregunté por el involucramiento del BROU en los negocios con Venezuela, particularmente el Fondo Bolívar-Artigas. Se me informó de una investigación que llevaba adelante un organismo regulador extranjero y del cual el banco no había dado cuenta a la Superintendencia de Bancos del BCU [Banco Central del Uruguay], situación que corregimos rápidamente”, señaló. No obstante, dijo que la carta no es el ámbito ni la oportunidad “para revelar la información que ha surgido de las investigaciones realizadas”. “Solo puedo decir que están en juego los supremos intereses de los uruguayos”, acotó.

El jerarca señaló que “entre los logros” de la gestión anterior del BROU se encuentra “la contratación de millonarias consultorías que sirvieron de respaldo para centralizar el control del banco en Montevideo”. “Eso explica en gran parte por qué el interior se siente abandonado, con sucursales que se han ido despoblando y con clientes que fueron migrando hacia una banca privada que heredó sin pagar un trofeo históricamente codiciado”, sostuvo.

Agregó que una de estas consultorías “fue contratada sin licitación por una cifra que supera los doscientos mil dólares el viernes 28 de febrero, el último día hábil antes del cambio de gobierno”. El jerarca finalizó la carta señalando: “Podría detallar una exhaustiva lista de irregularidades que hemos ido detectando a pesar de que todavía no llevamos un año en nuestra gestión”.