Un conjunto de organizaciones sociales manifestaron su “conmoción e indignación” acerca de la existencia de redes de “explotación sexual, corrupción, trata, asesinatos y muertes dudosas de adolescentes” en el departamento de Treinta y Tres, que están siendo investigadas por la Justicia, tal como informó la diaria el viernes pasado. “Vivimos en un país en el cual los adultos continúan negociando los cuerpos y vidas de las niñas, niños y adolescentes tal cual una mercancía”, expresaron en un comunicado.
En el texto difundido ayer, las organizaciones exigen al Consejo Nacional de Prevención y Combate a la Trata y Explotación de Personas y al Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia que implemente un plan de “debida protección y atención integral e inmediata para las 20 personas adolescentes en grave riesgo” de explotación sexual.
Se solicita a su vez al Ministerio de Desarrollo Social que elabore una estrategia de cuidado para acompañar a aquellos trabajadores que actúan en el territorio y brindan asistencia a niños, niñas y adolescentes en contextos de explotación sexual. Asimismo, se pide al Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay que disponga de “todos los cambios operativos necesarios para que en el departamento de Treinta y Tres se concentre personal calificado experto y comprometido con el cuidado de niños, niñas y adolescentes en contextos de explotación sexual”.
También se exige al Ministerio del Interior que separe del cargo e inicie una investigación administrativa a todo involucrado en los hechos, “que haya omitido el cumplimiento de sus deberes o desempeñado la función de manera tal de facilitar o participar en las redes de explotación”.
Por otra parte, se solicita al Parlamento que “despliegue todos los mecanismos de control del cumplimiento de normas aprobadas” y que haga uso de sus potestades para controlar que las autoridades estén haciendo todo lo posible por eliminar estas redes de explotación sexual, así como velar por el cuidado de las víctimas y su reparación.
Las organizaciones firmantes de la carta solicitan que la Fiscalía “aumente sus esfuerzos para garantizar una eficiente y eficaz investigación y persecución penal que erradique la impunidad de los tratantes y explotadores y la atención de las víctimas y testigos”, y finalmente piden al Poder Judicial una “intervención jurisdiccional efectiva y un pronunciamiento sin concepciones adultocéntricas, estereotipos sexistas y prejuicios de clase que sustentan estos delitos”.
Casi 50 organizaciones firmantes
La misiva lleva la firma de: Asociación Civil El Paso, Asociación Civil Sandra Ferrini, Asociación Interdisciplinaria Aire.uy, Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, Casa Abierta, Casa de la Mujer de La Unión, Centro de Estudio sobre las Masculinidades y Género, Siempre Juntos, Cladem-Uruguay, Colectiva Mujeres, Colectiva Feminista Autónoma-Rocha, Colectivo Feminista Ana Yacobazzo Machado, Colectivo La Pitanga, Colectivo Otras, Comité de los Derechos del Niño, Cooperativa Mujer Ahora, El Abrojo, Encuentro de Mujeres de la Costa, Feministas Organizadas de la Costa, Flacso Uruguay-Programa Género y Cultura, Fundación Centro de Educación Popular, Fundación Dianova Uruguay, Grupo de Jóvenes Gozarte, Grupo Mujer Los Cerrillos, Hermandad Pro Derechos, Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay, Instituto de Formación Sexológica Integral, Instituto Mujer y Sociedad, Instituto de Promoción Económico Social del Uruguay, Intersocial Feminista, Las Puñadito, Movimiento Profesora Nilda Irazoqui, Mujer y Salud Uruguay, Mujeres con Historias, Mujeres de Negro, Mujeres de Paz, Mujeres del Obelisco, Mujeres en el Horno, Mujeres Unidas de Vista Linda, Red Canarias en Movimiento, Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, Red Procuidados, Servicio Paz y Justicia , Somos ONG, Taller por la Liberación de la Mujer “Célica Gómez”, Vida y Educación, Voz de la Mujer Colonia.