La empresa argentina Telecom, que tiene al Grupo Clarín como su principal accionista, está a la espera de “algunas cosas que el gobierno uruguayo tiene que resolver” para activar su plan de expansión en Uruguay, que implica ir por la compra de la filial local de Movistar.

Durante una conferencia de prensa sobre los resultados del cuarto cuatrimestre de 2020 llevada a cabo la semana pasada, el CEO de Telecom, Roberto Nobile, sostuvo que “la idea de expandir nuestros negocios fuera de Argentina está en marcha, pero analizamos de cerca y de manera muy sensata las posibilidades” mientras se espera que en Uruguay surja un “nuevo marco legal para la industria”, según informaron News Line Report y BN Américas.

Allí, Nobile planteó que uno de los puntos que deben conocer antes de iniciar la expansión es que se permita la “convergencia” de servicios para tener un esquema multiplay: un mismo operador controlando la telefonía fija y móvil, internet y la televisión para abonados. Se trata de algo que el Grupo Clarín puso en marcha en Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri, una vez que cayeron algunas restricciones que establecía la ley de medios.

En diciembre el semanario Búsqueda informó que cuatro directivos de Clarín-Telecom mantuvieron reuniones con representantes del Poder Ejecutivo uruguayo, incluso con el presidente Luis Lacalle Pou, para expresarle su intención de hacer crecer sus negocios en Uruguay.

La española Telefónica, actual propietaria de Movistar, inició el proceso de venta de las filiales de esa empresa en varios países de América Latina, incluido Uruguay. Si bien Clarín-Telecom es uno de los interesados en adquirir la filial uruguaya, en la puja también se encuentra la estadounidense Liberty, cuya filial latinoamericana es propietaria de varios servicios de telecomunicaciones en América Central y el Caribe.

En 2020, Movistar Uruguay estaba valuado en 514 millones de dólares, según la firma británica de investigación en telecomunicaciones New Street Research.

¿Qué hay que resolver?

Desde abril de 2020 se encuentra en el Parlamento un nuevo proyecto de ley de servicios de difusión de contenido audiovisual, que en los hechos viene a sustituir a la actual Ley 19.307, conocida como “ley de medios”, vigente desde 2015.

El nuevo proyecto, presentado por el gobierno de Lacalle Pou, critica la normativa vigente afirmando que se la ha tildado de “hiperreglamentarista, intervencionista, discrecional y limitativa de libertades”, al tiempo que está “desbalanceada porque colocaba al Poder Ejecutivo en una posición de supremacía frente a los licenciatarios, además de antigua, porque congelaba en sus disposiciones la debida convergencia con la tecnología”.

El proyecto no plantea un límite de licencias para el servicio de televisión para abonados, hoy limitado a tres, y además habilita a los licenciatarios de televisión por cable a solicitar permisos para brindar el servicio de internet.

Clarín-Telecom ya cuenta con licencias de televisión para abonados con la presencia en Uruguay de Cablevisión. De aprobarse la nueva ley de medios, podría solicitar licencias para dar servicios de internet y a su vez podría adquirir una empresa como Movistar, que tiene los permisos para proveer internet móvil.

A fines de octubre de 2020, el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia planteó en la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados que la nueva normativa “promueve más concentración, menos pluralismo y cercena la libertad de expresión a través de distintos mecanismos, como triplicar la cantidad de medios que puede acumular actualmente una misma persona o empresa”.