Las políticas de combate al tabaco se volvieron una realidad en prácticamente todo el mundo, y Uruguay fue uno de los referentes en la materia al impulsar en 2008 una ley de control integral de la sustancia. Según el especialista Diego Rodríguez —que lideró estudios de control del tabaco e integra el Centro de Investigación para la Epidemia del Tabaquismo (CIET)— esto llevó a que la industria tabacalera empiece a cambiar su estrategia y apostar por nuevas formas de consumo, como los cigarrillos electrónicos o los dispositivos para consumir tabaco calentado, bajo el falso argumento de que son menos nocivos.
Esto último fue habilitado por un decreto del Poder Ejecutivo de principios de mes, y para Rodríguez demuestra “que la industria tabacalera tiene llegada a Presidencia”. En diálogo con la diaria, sostuvo que “no hay ningún fundamento” para el cambio en la normativa —un decreto de 2009 prohibió todos los dispositivos alternativos— y comparó el proceso con lo ocurrido con las modificaciones en el etiquetado de alimentos, ya que en ambos casos “se desconoció la evidencia científica”.
El experto mencionó que otra muestra de la influencia de las tabacaleras es que en enero el gobierno ajustó el Imesi —impuesto específico para los cigarrillos y tabaco— por debajo de la inflación, variando el criterio anterior, que consistía en incrementos por encima buscando disminuir el consumo por medio de una incidencia en el precio.
¿Qué dispositivos se habilitaron?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) explica de forma sencilla las diferencias entre los dos mecanismos alternativos que existen: los productos de tabaco calentado (PTC), que habilitó Uruguay, “no son cigarrillos electrónicos, son productos que calientan el tabaco para liberar nicotina”, mientras que los otros “calientan líquidos que pueden contener nicotina o no, y en la mayoría de los casos no contienen tabaco”. De todas formas, aclara respecto de los PTC: “Liberan nicotina [contenida en el tabaco], una sustancia altamente adictiva”, y hasta el momento “no hay pruebas científicas que demuestran que los PTC sean menos nocivos que los productos de tabaco convencional”.
El decreto del Poder Ejecutivo, fechado el 3 de marzo, sostiene que “se ha verificado un mayor desarrollo de la industria de los dispositivos electrónicos para fumar”, generando “una diversidad” de productos “que emplean tecnologías diferentes que son, a su vez, distinguibles en cuanto a los riesgos asociados a su consumo”. En particular sobre los PTC, dice que “existen datos científicos que indican que resultan en una menor exposición de los usuarios a las sustancias tóxicas asociadas al consumo tradicional de tabaco”.
Según supo la diaria, el decreto surgió desde Presidencia, más allá de que tiene la firma de todos los ministros, entre ellos Daniel Salinas, titular del Ministerio de Salud Pública (MSP). Además, el número tres del MSP es Daniel Asqueta, quien fue promotor de la ley de 2008 e integra el CIET.
El viernes, en un comunicado conjunto, distintas organizaciones e instituciones del ámbito médico y científico plantearon que la medida del gobierno “debilita la política de control de tabaco” e “implica un grave retroceso en la protección de la salud de los uruguayos”. A su vez, indicaron que el decreto “fue elaborado y aprobado sin consultar” al Programa Nacional de Control de Tabaco del MSP.
La coordinadora de esa área, Elba Estévez, había dicho en octubre al diario El Observador que toda la normativa referente al control de tabaco forma parte de una “política de Estado”, por lo que se respetará en “su totalidad” la legislación vigente, incluyendo lo referido a la prohibición de los dispositivos alternativos.
La estrategia de las tabacaleras
“Pensando de una forma básica, se habilita a consumir tabaco de otra forma, y sobre eso no hay más estudios para hacer, hay evidencia en pila de lo que genera” y su afectación para la salud, señaló Rodríguez.
Agregó que al comenzar un debate público tras la publicación del decreto, “se entrevera la cosa y se habla del menor riesgo que implica” el consumo por vías alternativas. Se trata de un discurso que promueve la industria tabacalera —que sostuvo que financia estudios científicos para mitigar la percepción de riesgo— para los cigarrillos electrónicos, que se entremezcla con los PTC “generando desinformación”.
Además, el especialista comentó que “hay una gran lucha” en materia de la implementación de políticas entre el programa antitabaco que funciona en el MSP, que “tiene una perspectiva de salud pública”, y la Junta Nacional de Drogas (JND), que busca “una reducción de daños” en materia de consumo. Esto se asocia con los dispositivos que permiten vaporizar marihuana, para los que rige la prohibición.
Aparte de estos aspectos, el investigador del CIET subrayó que el debate sobre el tema “en el fondo” termina siendo favorable para las tabacaleras, “que tienen prohibida la publicidad” en Uruguay. Esto las afecta principalmente en la llegada al público joven, y Rodríguez comentó que los dispositivos electrónicos para fumar y los PTC son publicitados por la red social Instagram para llegar a este segmento.
“Hay datos que muestran que en vez de dejar de fumar, te dan ganas de consumir de vuelta, no son inocuos [los dispositivos alternativos]. Lo que pasa es que se habilitan pequeñas cosas que no parecen hacer nada, pero se empieza a generar el hábito de nuevo en la población”, analizó.
Como conclusión, Rodríguez señaló que el decreto del Ejecutivo es un mal precedente hacia adelante porque “van a empezar las presiones para habilitar los cigarrillos electrónicos y los dispositivos para vaporizar marihuana”, ya que “se le dio un camino de entrada” a la industria tabacalera.