Ranchos pesqueros de Ciudad de la Costa se enfrentan a la Intendencia de Canelones en un juicio por desalojo

“Violación a los Derechos Humanos”, “No a la mafia judicial” y “Estado de Derecho en peligro” son algunos de lo1. s carteles que se encuentran sobre la rambla de Ciudad de la Costa, a la altura del cruce con la avenida Racine. En la zona predomina el color verde, combinación entre la vegetación de los médanos y el Parque Roosevelt. Del lado de la playa también se encuentran Puerto Piola y Maríntimo, dos ranchos de pesca artesanal con décadas de antigüedad.

Luis Eduardo Silva Colman, o simplemente el Piola, es un pescador que llegó a la zona hace 62 años junto a Evangelina Jackson, su esposa, mejor conocida como doña Cacha. En ese momento, Ciudad de la Costa era un lugar muy distinto a la actualidad. Para llegar a la playa, el Piola y doña Cacha se abrieron camino a machetazos para atravesar bosques, bañados y arenales y construyeron Puerto Piola. 15 años después, Ernesto dos Santos Añón, alias el Cáscara, se instaló a escasa distancia de Puerto Piola, donde actualmente se encuentra el rancho de pesca Maríntimo.

Hoy ambos ranchos de pesca enfrentan un juicio de desalojo por parte de la Intendencia de Canelones. El litigio empezó en diciembre de 2017 y lleva dos instancias con fallo a favor del gobierno departamental. Ante la complejidad de la situación, los pescadores se unieron en campaña para hacerles llegar su caso a los vecinos a través de las redes sociales. También hicieron cortes en la rambla en horas pico y colocaron los ya mencionados carteles a la vista de todos los que circulan por la zona.

Nicolás Quincke vive en Maríntimo hace ocho años, pero conoce a la gente de la zona desde mucho tiempo atrás. Compró el permiso de pesca a unas personas que vivían anteriormente en el rancho pesquero y “de a poquito” se fue metiendo en el tema de la pesca artesanal, aunque aclara que ya vendía pescado desde hace 30 años. Con respecto al desalojo, manifiesta que tiene el caso bien estudiado y dice “menos mal que estoy acá”, porque los pescadores más viejos no entienden mucho las cuestiones técnicas de la demanda.

Quincke dice que los pescadores son parte de la fauna de la zona y que las barcas son como los árboles: si sacás una tenés que poner dos o tres, porque si no matás generaciones enteras que viven de eso; comenta que la pesca es el oficio más antiguo del mundo y es muy arriesgado, y que la pesca artesanal es un arte y la gente no es consciente de eso. Cuenta que los pescadores eran considerados “sanadores” de las comunidades, porque el pescado era un alimento fresco y con muchas propiedades.

“Quiero dejar en claro que en Maríntimo y Puerto Piola no hay pescadores artesanales”, sentencia Horacio Yanes, director de Turismo de la Intendencia de Canelones. Experiodista, exdiputado y representante de la comuna en el juicio, Yanes admite que en ambos lugares pueden vivir expescadores artesanales, pero por un tema de edad es muy difícil que sigan pescando. Agrega que ninguno de los dos ranchos cuenta con permisos de pesca y que en el juicio no pudieron demostrar que son pescadores artesanales.

En cambio, Quincke asegura que en Maríntimo tienen todos los permisos al día, que cumplen con todos los protocolos cuando salen a pescar y que seguramente en Puerto Piola la situación sea similar.

Diego del Río, subprefecto de la Prefectura de Solymar, se encarga de aclarar la situación. Confirma que Maríntimo tiene todos los permisos en regla para salir a pescar, pero Puerto Piola no tiene registro de embarcación habilitado. Fernando Arbiza, abogado defensor de los ranchos de pesca, señala que no se está discutiendo si sus clientes son pescadores o no, sino que la cuestión en un juicio de desalojo es la posesión de la tierra. De todas formas, afirma que quedó demostrada la condición de pescadores de sus clientes en dos oportunidades: primero, recuerda situaciones en las que los jueces fueron a hacer inspecciones visuales a los ranchos y comprobaron por sí mismos que ahí se vivía de la pesca; segundo, asegura que en los expedientes del juicio están los permisos de pesca de sus representados. Los expedientes que se encuentran en el juzgado de quinto turno de Ciudad de la Costa dan cuenta de que Maríntimo tiene permisos de pesca y habilitaciones de su barca, La Pirri. La documentación le permite navegar y pescar hasta mediados de 2021. En el caso de Puerto Piola, no aparece ningún permiso de pesca similar al de Maríntimo.

Pero Yanes tiene otros argumentos por los que declara que en los ranchos no se vive de la pesca artesanal y cuenta que en ambos lugares se realizan actividades sin ningún tipo de habilitación correspondiente. En el caso de Puerto Piola, dice, se alquilan parrilleros y habitaciones para pasar la noche, hubo un intento de panadería clandestina y hay un almacén 24 horas. Maríntimo, por su parte, tiene un parador con cocina sin habilitación bromatológica, sin pozo negro y conexión a saneamiento -lo que lleva a que los desperdicios terminen en la playa-, y realizaba fiestas electrónicas clandestinas. “Si nosotros le exigimos a un almacenero de barrio o a un feriante que cumpla normas de salubridad, no podemos mirar para otro lado a aquellos que no cumplen con ninguna. Ellos no pagan alquiler, no pagan canon, no cumplen la ley”, razona el exdiputado.

Lo primero que contesta Quincke es que Maríntimo sí tiene pozo negro. Aclara que no tienen ninguna habilitación porque “nosotros estamos en guerra con la intendencia; quisimos la habilitación y no nos la dieron”. Respecto de las fiestas electrónicas y las propuestas gastronómicas de Maríntimo, Quincke plantea que en un rancho de pescadores siempre hubo distintas formas de arte, y que las fiestas electrónicas son un tipo de arte y una forma de atraer gente; que un emprendimiento de pesca tiene que contar con uno gastronómico que lo complemente; que Maríntimo no puede ser considerado un parador por ofrecer una Coca-Cola y que ellos son un rancho de pescadores, pero si viene alguien al que no le gusta el pescado tienen que tener alguna otra opción para ofrecerle. “Nosotros tenemos que lograr que la gente venga a este lugar, ¿por qué tenemos que ser pobres?”, se pregunta Quincke.

Para solucionar el conflicto sin llegar al juicio de desalojo hubo instancias de negociaciones entre los ranchos y la comuna. Quincke asegura que “Yanes armó un complot para sacar a los pescadores de la costa” e “hizo diez puestos de pesca a los que les falta lugar para poner la barca y las redes”. Quincke además se muestra indignado porque “en la letra chica del contrato decía que no podían pescar en el lugar en el que vivían” y agrega que “en la pesca artesanal se vende donde está la barca”. “No reconocer eso es no saber nada del asunto”, sostuvo.

Yanes relata que hace 12 años los diez puestos fueron diseñados en conversaciones con los pescadores de la zona. Se les planteó a los que vivían sobre la costa que el gobierno municipal no los iba a desalojar, siempre y cuando vendieran lo que pescan en el mercado que se iba a construir. Los puestos cuentan con cámara de frío, agua y luz, y no se les cobró a los pescadores. “Se pensó en mejorar la calidad de trabajo de la gente, pero también del consumidor. La intención era que esa actividad comercial, artesanal y folclórica se realizara en mejores condiciones higiénicas. A los que no aceptaron, se les advirtió que se los iba a controlar por la parte bromatológica”, explica Yanes.

Los pescadores también argumentan que sólo se les está haciendo juicio a ellos, cuando tienen constancia de que hay más personas que viven en situaciones similares sobre la costa. Como respuesta, Yanes cuenta que la intendencia ha tomado acciones legales similares en otros lugares del departamento y que es consciente de que hay otros en condiciones irregulares. Explica que por un limitante del cuerpo jurídico departamental la comuna no puede asumir 100 juicios de desalojo al mismo tiempo, así que empiezan por los casos más graves, como Maríntimo y Puerto Piola.

Los motivos del juicio no se resumen en un conflicto por habilitaciones comerciales. Yanes argumenta que “la ley establece la prohibición del asentamiento de viviendas en la costa” y que “en ambos lugares se realizan acciones dañinas contra el medioambiente, que tienen como consecuencia la deformación de las dunas”. Para Quincke, la causa del juicio es la construcción de un hotel cinco estrellas de 20 pisos enfrente a donde viven los pescadores. Según él, la intendencia quiere el espacio en que ellos viven para poner una especie de playa privada enfrente al hotel, o incluso armar su propio parador.

Argumentos jurídicos

A pesar de haber perdido las dos primeras instancias, Quincke afirma que los pescadores tienen todo a favor para ganar el juicio. Además, advierte que lo mejor para todos sería que ellos ganaran, porque en caso de perder van a presentar una demanda contra el Estado y le harían un “buraco enorme”. Opina que se podría haber negociado con los pescadores y “pagarles ese pedazo de tierra que se tienen merecido por haber trabajado tantos años”.

Arbiza, abogado de los pescadores, afirma que se pueden generar derechos posesorios sobre un terreno privado, no en uno público. En la primera instancia del juicio la discusión que se generó fue en torno a si el área ocupada era de dominio público o privado. Los pescadores viven en un territorio denominado “franja costera”, que hasta la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable del año 2008 no era considerada una zona pública. Esta ley no es de carácter retroactivo, por lo tanto Arbiza argumenta que en el caso de los pescadores no aplica su sanción. “El juez de primera instancia hace una mala interpretación de la norma. No está muy claro si fue porque le dio efecto retroactivo a la ley de 2008 o porque él pensaba, como me dijo en algún momento, que todo lo que estaba alrededor de la costa era de dominio público”, señala.

En segunda instancia el juez les dio la razón: el bien no es de dominio público exclusivo, puede haber derechos posesorios. Pero la intendencia utilizó como nuevo argumento la Ley 14.530, que dice que los espacios públicos u otros destinos de interés general que son establecidos en el plano de un fraccionamiento pasan a ser propiedad del municipio respectivo, sin necesidad de expropiación. En este caso, el fraccionamiento lo hizo la familia García Lagos en 1955. Sin embargo, la comuna omitió referirse al inciso segundo de la ley, que aclara que las áreas que pasen a dominio público no podrán superar el 20% del total del área fraccionada. Según Arbiza, hubo un peritaje en la zona donde viven los pescadores que determinó que las áreas que pasaban a dominio del Estado equivaldrían a 43% del total. Por lo tanto, como supera el 20%, la Ley 14.530 pierde su efecto y los terrenos continuarían siendo privados, según la argumentación de la defensa de los pescadores. Pero el juez no lo entiende así porque agrega la Ley 3.958, de 1912, que establece que cuando un particular por motivo propio y por la vía de los hechos abre una calle materialmente, sin que esté en ningún plano, pasa a ser de dominio público y municipal. Entonces, según esta interpretación, las calles y las vías de circulación no están incluidas en el límite del 20% de la Ley 14.530 porque se regulan por la Ley 3.958. El resultado es que el territorio que pasa a la intendencia por el fraccionamiento de 1955 es menor al 20% del total fraccionado, así que el juez determinó que las viviendas de los pescadores están en dominio público.

Para intentar revertir la situación, Arbiza va a presentar un recurso de casación y el caso va a pasar a la Suprema Corte de Justicia, que tomará la decisión final.

¿Hay hotel?

Bosques de Carrasco es el nombre del emprendimiento de hotel y viviendas del que habla Nicolás Quincke. la diaria accedió al expediente que resume la aprobación de la viabilidad del proyecto por la Junta Departamental de Canelones, específicamente por la Comisión de Urbanismo, Nomenclátor y Vivienda. El lugar planteado para el proyecto es un terreno privado que está frente a donde viven los pescadores, del otro lado de la rambla.

Juan Carlos Acuña, edil del Frente Amplio en Canelones, integró la comisión que evaluó el proyecto y votó a favor de su viabilidad. Plantea que a la hora de evaluar el tema ninguna organización civil ni un particular fueron a la Junta Departamental a plantear la situación de los pescadores, por lo tanto, no se tuvo en cuenta. Luis Goggia, edil del Partido Nacional, también integró la comisión pero votó en contra del proyecto. Coincide con la versión de Acuña: el proyecto no tiene nada que ver con el juicio de desalojo.

Goggia profundiza en los motivos por los que votó en contra del proyecto. Argumenta que “lo que se le pedía como contrapartida, que eran obras de saneamiento en la calle Racine, no estaba equilibrado con el dinero que el inversionista podía llegar a ganar”. Acuña considera que una inversión así trae muchos beneficios como “un punto de referencia turístico, más puestos de trabajo, obras de saneamiento y mejora los valores inmobiliarios de la zona”.

Pero entre los actores también hay discrepancias acerca de qué tipo de proyecto se autorizó. Goggia dice que la Junta Departamental dio anuencia en la zona para construir edificios con altura superior a la permitida, que son cuatro pisos. Yanes, en cambio, asegura que, por el momento, sólo se van a construir edificios de cuatro pisos de altura, que es lo máximo permitido. Acuña, en tanto, no recuerda los tamaños precisos, pero sostiene que la altura es un “poco” más de lo permitido. A su vez, Goggia asegura que no se planteó la construcción de un hotel, que sólo se habló de edificios de gran altura, y Yanes directamente dice que desconoce que se haya planteado o se esté por construir un hotel en esa zona.

En el expediente aparece un diseño que cuenta con un hotel, un business center y un proyecto de desarrollo inmobiliario. La altura de las torres es de 19 pisos, exactamente 57,55 metros. Se hicieron estudios de pluviosidad, tránsito e impacto en la zona. La Junta Departamental los evaluó y le otorgó la viabilidad al proyecto por un plazo de cinco años. A cambio, los inversores deben hacer obras de saneamiento para toda la zona y pagarle a la intendencia 615.650 dólares.

Es importante destacar que el expediente también aclara que “el otorgamiento de viabilidad no implicará autorización para el inicio de obras o actividades, correspondiendo su estudio y aprobación en instancias de tramitación de solicitudes de permiso de construcción y de habilitación comercial”. Goggia explica que la construcción de un hotel requiere otro tipo de permisos que la Junta Departamental no puede dar, y que los inversionistas deben hacer otros trámites.

Yanes comenta que es algo habitual que empresarios presenten proyectos de viabilidad a la intendencia y que luego se los ofrezcan a inversionistas. Pero de ahí a que se hagan falta mucho camino: a veces se habilita la viabilidad, pero nadie pone la plata para construirlos. En este caso, hasta el día de hoy no se ha empezado a construir nada en la zona que corresponde al proyecto y ninguno de los entrevistados tiene constancia de que los emprendedores hayan tramitado los otros permisos correspondientes.