23 de los 39 usuarios que habitan el refugio Pablo VI y una funcionaria del centro, ubicado en 9 de Abril y Daniel Fernández Crespo, están cursando la covid-19, según informó en un comunicado el Grupo de Trabajo de Denuncias y Defensas, que integran la Red de Abogades por los Derechos Humanos (RADDHH), Ni Todo Está Perdido (Nitep) y Colectivos Contra la Represión.
La asociación civil Obra Social Pablo VI, que gestiona el centro, confirmó la información e indicó que en su “gran mayoría” los positivos no presentan síntomas o tienen síntomas leves. Asimismo, indicó que hay tres usuarios internados pero sólo uno de ellos por covid-19.
En la misiva, los colectivos anuncian que patrocinarán una acción de amparo que presentará este viernes uno de los usuarios ante el Poder Judicial, por lo que catalogan como “tratos crueles, inhumanos y degradantes” por parte de los gestores del centro ‒que funciona en convenio con el Banco de Previsión Social (BPS) ‒ hacia los usuarios. Señalan que se mantiene “en condiciones de alta precariedad” a los usuarios positivos, con base en denuncias que recibieron de los propios usuarios.
“En diciembre de 2020 en el piso de arriba dormían más de 15 personas una pegada a la otra, en pleno desarrollo de la pandemia. El 22 de ese mes la situación se agudizó ingresando 30 personas provenientes del hogar ‘La Milagrosa’ en las mismas instalaciones que ya estaban desbordadas. A partir de esa fecha en las instalaciones viven alrededor de 50 personas en condiciones de hacinamiento”, relatan.
Las organizaciones afirman que la situación es “insostenible” puesto que “son más las personas que dieron positivo o están con síntomas que quienes no”, a lo que se suma que “la alimentación es inadecuada y existen personas con diversas patologías cursando la enfermedad covid-19, sin la contención sanitaria adecuada, poniendo en riesgo su vida”. Asimismo, aseguran que “frente a los reclamos y planteos” de los usuarios “se amenaza o se les ‘invita’ a las y los usuarios que se queden en la calle o se les dice ‘acá estás mejor que afuera’”.
Valeria España, abogada e integrante de la RADDHH, consideró que “evidentemente no se han tomado los recaudos suficientes” por parte de quienes administran el refugio, y que esta situación “sintetiza la situación de múltiples refugios en los cuales la alimentación no es la adecuada, y además, tampoco existen protocolos internos, o por lo menos no los conocemos, sobre cómo tiene que funcionar un refugio en estas condiciones”. España señaló que esta situación “no se condice” con el apoyo económico que brinda el BPS, ya que el convenio prevé un pago mensual a la ONG compuesto por un monto fijo de 180.000 pesos más 9.000 pesos mensuales por cupo efectivamente utilizado, con un máximo de 60 cupos.
“Estamos ultimando los detalles para presentar el recurso de amparo porque entendemos que hay derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución, que están siendo vulnerados: la vida, la salud y el derecho a la vivienda, sin duda”, aseguró la abogada. La RADDHH no se presentó en el refugio, precisamente por el brote de coronavirus, y ante este panorama decidió confiar en la versión de los usuarios que se comunicaron con las organizaciones: “Entendemos que la persona que está en situación de calle o, en este caso, en el refugio, es un sujeto de derecho, y entendemos que lo que los usuarios relatan es así”, aseveró España.
La versión de la ONG
Horas más tarde de que se difundiera la denuncia de las organizaciones sociales, la comisión directiva de la Obra Social Pablo VI hizo pública su versión de los hechos. En un comunicado, la ONG reconoció la existencia del brote, pero adelantó que analiza la posibilidad de iniciar acciones legales ante lo que calificó de “calumnias” manifestadas por los colectivos. Afirmó que el comunicado está “lleno de falsedades” y exigió a las organizaciones firmantes “una retractación pública e inmediata”.
“Naturalmente, el servicio brindado por nuestra obra a los más necesitados siempre puede mejorar, y por eso estamos siempre abiertos a escuchar ideas y críticas bien intencionadas y a recibir nuevos apoyos. En este caso, sin embargo, nos vemos ante un ataque violento de personas que, al parecer, no conocen nuestra obra más que de segunda mano y que no quisieron un diálogo previo con nosotros”, afirman los directores de la ONG, que aseguran haber invitado a los colectivos a que visitaran el centro para comprobar personalmente “la falta de veracidad de sus denuncias, pero prefirieron no hacerlo y lanzar con ligereza su falaz comunicado”.
En el texto, señalan que el Hogar Pablo VI funcionó desde 1995 como refugio nocturno, pero desde marzo de 2020, con la llegada de la pandemia, comenzó a funcionar como centro de 24 horas. Asimismo, explican que durante más de un año no hubo ningún caso de covid-19 en el establecimiento, y que el 17 de marzo de este año se vacunó a casi todos los usuarios y a gran parte del personal. Cuatro días después, el 21 de marzo, se detectó el primer caso positivo. “Rápidamente” se procedió a hisopar a todos los usuarios y funcionarios y a medida que aparecieron otros positivos “algunos usuarios fueron trasladados al área del local donde quedaron las personas en cuarentena”, explican.
Por otra parte, niegan que haya una situación de superpoblación en el centro. Sostienen que el local tiene “dos plantas muy grandes con un total de seis baños” y que si bien puede alojar a 55 personas “sin mayores inconvenientes”, “en el correr de este año nunca llegó a tener más de 55 usuarios” y a la fecha “hay sólo 39”. “No existió ni existe hacinamiento en Pablo VI, ni siquiera después de que, por razones que serían muy largas de explicar, nos vimos obligados a fusionar el Hogar La Milagrosa con el Hogar Pablo VI, que tenía una gran capacidad ociosa”. Además, aseguran que “la alimentación es buena”.
En manos de la justicia
El vicepresidente del BPS, Daniel Graffigna, dijo a la diaria que la “responsable de la gestión” del centro es la ONG, que tiene personería jurídica, y que “lo que ellos manifiestan en los comunicados, ambas partes, corre por cuenta de cada uno”, por lo que “cada cual se tendrá que hacer cargo de lo que dice”. Afirmó que el BPS tiene convenio con esta ONG desde 1995, y que hace un aporte “según la gente que concurre al refugio”. “El único aporte que hay de parte de BPS es desde el punto de vista económico y después algunos controles que se hacen sobre la concurrencia, y también en alguna oportunidad se ha visitado el lugar”, indicó el jerarca.
Graffigna apuntó que el BPS se reserva la posibilidad de hacer inspecciones, pero prefirió no opinar sobre qué instituciones del Estado deberían tomar cartas en el asunto. “Yo no voy a entrar en controversias ni con otras instituciones del Estado ni con los denunciantes. Estamos en un Estado de derecho, y si los denunciantes entienden que tienen que denunciar a la obra Pablo VI, que lo hagan, que en definitiva termine laudando la Justicia”, aseveró.
En tanto, fuentes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) resaltaron que este dispositivo “es exclusivamente del BPS” y que el Mides “no tiene injerencia” allí, dado que fue el BPS el que renovó el convenio por medio de una compra directa, a fines del año pasado. No obstante, señalaron que la cartera apoya al centro con comida que brinda a través del Instituto Nacional de Alimentación, y “se puso a disposición de cualquier reunión o intercambio que tanto la organización como el BPS quieran tener”.
“Descontrol irresponsable”
Miguel (nombre ficticio), un usuario del refugio Pablo VI, contó a la diaria su experiencia personal, y criticó la falta de higiene y protocolos para evitar la diseminación del virus en el centro. Afirmó que “la limpieza del patio y de los dormitorios está a cargo de los mismos usuarios”, y que “hombres y mujeres ancianas utilizan la misma taza para hacer sus necesidades, sin considerar las diferentes cargas virales que tiene cada uno, aparte de sus patologías propias de la vejez”. “Sólo una vez al día limpia los baños Norma [nombre ficticio], usuaria también del refugio” y “dos educadores por turno se encargan de darles las diferentes pastillas a los residentes”.
El usuario sostiene que en diciembre, cuando se empezó a complicar la situación sanitaria, “se salía y entraba del refugio sin control” y que “recién en febrero se puso a un usuario voluntario para desinfectar la suela de los zapatos y manos”. “En la habitación de arriba las camas estaban casi pegadas, había 15 camas, [y] yo sentía la respiración del compañero de al lado y peor si tosía: su saliva y aliento daban en mi cara”, narró. Miguel asegura que ese “descontrol irresponsable” siguió hasta el 17 de marzo, día en que los vacunaron, y el 24 de marzo los hisoparon. “Hicieron todo al revés, sabiendo que todos salíamos y volvíamos en libertad, nos hubieran hisopado antes y después nos daban la vacuna. ¿Cuánto tiempo convivimos contagiados, compartiendo la misma mesa, en el almuerzo, refuerzo y comidas?”, reflexionó.