El miércoles la Mesa Política de Cabildo Abierto (CA) resolvió no apoyar el proyecto de ley que penaliza a quienes violen medidas sanitarias, y así volvió a dejar sin mayorías a la coalición de gobierno, ya que blancos y colorados habían dado su visto bueno a la iniciativa, que surgió de los diputados nacionalistas Mario Colman y Javier Radiccioni, mientras que el Frente Amplio (FA) la rechazó.

“No se quiere dar un cheque en blanco que permita al Poder Ejecutivo establecer cuáles son los delitos y cuáles no lo son. Entendemos que debe ser una acción legislativa la que determine cuáles son los delitos, y vamos a proponer cambios en ese sentido”, señaló el miércoles en conferencia de prensa el senador Guido Manini Ríos, líder de CA. En diálogo con la diaria, agregó que la propuesta de su partido es que las conductas a ser castigadas “deben ser establecidas en una ley” que luego se discutirá, y deberá “contemplar situaciones no sólo relacionadas al covid”.

En tanto, según pudo saber la diaria por fuentes blancas, el cambio de postura de CA era algo que veían venir y no recogía grandes adhesiones dentro de su propio partido: había varios legisladores con dudas sobre el proyecto. Además, según las fuentes blancas, el proyecto “tampoco despertaba mucha simpatía en el Poder Ejecutivo”. Por lo tanto, “no se considera una baja trascendente”. En resumen, parte del PN entiende que “no es un proyecto por el que dar una gran batalla”. 

¿A favor y luego en contra? Lo que explica Lust

Además de Manini Ríos, el miércoles participó y argumentó en contra del proyecto el diputado Eduardo Lust, quien no sólo votó el proyecto en la Cámara de Representantes, junto al resto de la bancada de CA, sino que participó en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de dicha cámara durante toda la discusión del texto.

Según dijo Lust a la diaria, el cambio de postura de CA no es algo fuera de lo común, y ya ocurrió algo similar con otras normas. “Los cambios al Sistema de Áreas Protegidas en la ley de urgente consideración los votó CA en el Senado, pero en Diputados no, y eso hizo que se sacaran del proyecto”, ejemplificó. A su vez, también observó que otros legisladores del PN, como Graciela Bianchi y Carmen Asiaín, habían dicho que no eran afines a votar el proyecto y luego cambiaron de opinión. Según el diputado, en el ámbito parlamentario “no es raro que los partidos cambien de opinión”, mientras que, a la vez, “el régimen bicameral permite que una cámara corrija la actuación de otra, y eso es lo que ocurre en esta ocasión”.

El legislador explicó que “cuando el proyecto llegó a Diputados, “en todas las sesiones de la Comisión [de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración] hasta setiembre se trataba el tema”. “Colman llevó como tres redacciones, en la bancada del Partido Colorado [PC] presentaron dos redacciones más, el FA a su vez también presentó modificaciones y el PN no se quedó atrás. Hubo muchas opiniones, además de la que aportaron los especialistas. En lo personal era un tema que no me interesaba demasiado. Tampoco me especializo en el área, pero al ver cómo se iba dilatando la discusión y que había como ocho proyectos distintos, llegamos a un acuerdo con la coalición de un texto final para que saliera de la comisión y pudiera ser votado en el Plenario”, relató Lust.

El diputado aseguró que antes de votarlo se reunió con sus compañeros de bancada y les dijo que había sido un proyecto “discutible y discutido”, y que él había dado su voto simplemente para “salir del tema”. “Y les dije que luego, en el Senado, el tratamiento llevaría muchos meses más y se puede ver qué postura se toma” en función de la discusión, detalló.

Sin embargo, el proyecto en el Senado fue abordado sólo para votarse en comisión. Días antes, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, pidió su aprobación expresa en el Consejo de Ministros del 23 de marzo.

Según Lust, lo que buscará CA es tener más tiempo para estudiar una redacción alternativa que detalle con más precisión qué conductas se van a penalizar. “Es necesario precisar un poco más el artículo”, advirtió el diputado, que dijo que si se vota la actual redacción podría generarse una “supersaturación del Poder Judicial”: “Podemos dejar a personas con antecedentes, y nosotros no queremos poner antecedentes a cientos o miles de personas por una norma que tampoco precisa mucho cuál es la condición para cometer el delito”.

“Se aprobó en Diputados y Lust estaba conmigo”

Por su parte, el exfiscal y diputado del PC Gustavo Zubía, uno de los más defensores del proyecto, dijo a la diaria que CA aún no propuso un texto sustitutivo, así que por ahora lo está esperando. En cuanto al argumento de que es una “norma penal en blanco”, Zubía resaltó que el derecho penal uruguayo “está lleno de normas en blanco” y “nunca fueron declaradas inconstitucionales”.

Explicó que hay normas penales que describen la conducta por la que el que delinque será penado, por ejemplo, el homicidio: “El que, con intención de matar, diere muerte...”, pero “hay otras normas penales en las que se hace imposible describir la conducta, por las posibilidades y variaciones que puede tener”.

Además, Zubía dijo que las modificaciones pueden ser bienvenidas, pero es una “lástima” que los legisladores de CA “no las dijeron cuando se trató en Diputados”. “Se aprobó en Diputados y Lust estaba conmigo, sentado a un metro de distancia, tengo un excelente concepto de él. Al pintor siempre le podés decir de pintar otra habitación, pero lo mejor hubiera sido planificar la pintura de la casa de una”, ilustró, e insistió en que “hubiera sido preferible que las objeciones hubieran sido planteadas en Diputados”. 

Por último, Zubía dijo que tiene esperanza de que las modificaciones sean menores, y recordó que Uruguay le declaró la guerra al régimen nazi en la Segunda Guerra Mundial un mes y medio antes de que se terminara el conflicto. “Mi esperanza es que se apruebe el delito lo antes posible y que no nos pase lo que nos pasó en la Segunda Guerra Mundial, una ridiculez histórica que siempre es bueno recordar”, finalizó.

En tanto, el diputado colorado Felipe Schipani (Ciudadanos) dijo a la diaria que lamenta la decisión de CA, porque el proyecto “es un buen instrumento”, por lo tanto, confía en que se apruebe con la sugerencia que proponga el partido liderado por Manini. Schipani señaló que discrepa con el argumento de CA para no apoyarlo tal como fue aprobado en Diputados y subrayó que no cree que suponga “ningún riesgo en cuanto a su aplicación”.

“En este país los fiscales y los jueces son criteriosos, no van a andar procesando por delitos que no ameriten. Se ha puesto como ejemplo que a alguien que no usa tapabocas se le aplicaría este delito, pero no. Existe el hurto, pero a nadie que roba un chocolatín en un quiosco se lo procesa. Esto está pensado para las fiestas clandestinas y aquellas conductas que pongan en riesgo efectivo la salud de las personas”, finalizó.