La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) exhortó a la Intendencia de Montevideo (IM) a devolver el monolito que se incautó tras una movilización de Un Solo Uruguay (USU), el 5 de setiembre de 2019, de una plazoleta frente al Palacio Legislativo. La piedra tenía la inscripción “#Un Solo Uruguay. Enero 2018-Setiembre 2019. Luchando por el país que nos merecemos. Por una patria para nuestros hijos”, y fue retirada esa misma tarde, cuando culminó la manifestación.

Representantes de USU presentaron la denuncia ante la INDDHH el 27 de diciembre de 2019. Aseguraron que no pudieron realizar la movilización como estaba programada debido a que se les impidió la “libre circulación” por Montevideo a partir de una decisión de último momento del Ministerio del Interior (MI), lo que calificaron de “atropello y un abuso de poder”, y señalaron que en el curso de la concentración se colocó la piedra de granito, que “a poco de ocurrido el hecho, en forma muy eficaz y sin mediar comunicación”, personal de la IM decomisó.

Los denunciantes también indicaron que posteriormente al retiro del monolito “fueron notificados de la aplicación de una multa, sin haber podido ejercer descargos en forma previa”. Esta sanción, que inicialmente ascendía a 55 unidades reajustables (por ese entonces, unos 65.000 pesos), finalmente fue dejada sin efecto por la comuna. El 9 de marzo de 2020, USU informó a la INDDHH que el entonces intendente de Montevideo, Christian Di Candia, revocó la sanción impuesta, pese a lo cual no se resolvió devolver el objeto.

USU solicitó a la INDDHH que “intercediera para la devolución de la piedra”, que “únicamente tiene valor para los integrantes del movimiento” y a la que calificaron como “un símbolo” al que pretenden dar “ubicación digna y respetuosa de la normativa vigente”.

En su comparecencia ante la institución, representantes de la IM argumentaron que la remoción del monolito se debió a que el lugar donde se lo colocó “es un bien del dominio público departamental” y que el objeto, “por sus características y finalidad, revestía el carácter de monumento y quienes allí lo instalaron carecían de autorización para ello”. Agregaron que “la propia naturaleza del objeto y su peso” -aclararon que debió ser retirado con una grúa- hicieron “presumir que no se pretendía efectuar una instalación transitoria”.

En la resolución emitida el 14 de abril, la INDDHH considera que la intervención del MI se realizó “dentro del marco de sus competencias legales, por lo que no se aprecia que haya existido vulneración de los derechos humanos de los denunciantes”. En tanto, sobre la actuación de la IM, la INDDHH entiende que “representaría un gesto de buena voluntad” que la comuna devuelva el monolito a los denunciantes, “dado el valor simbólico” que posee para los integrantes del movimiento. Por tanto, el Consejo Directivo de la INDDHH resolvió exhortar a la IM a la devolución de la piedra, para lo cual la institución “se ofrece a prestar la colaboración necesaria”.

USU pidió una entrevista a Cosse

El asesor legal de USU para este tema, Guillermo Chiribao, dijo a la diaria que hay conformidad entre los integrantes del movimiento con la resolución, porque “la exhortación era a lo máximo que se podía aspirar”, dado que la institución no tiene potestad para obligar o intimar, aunque consideró que se trató de un trámite “demasiado largo” para lo que se pretendía, por los tiempos “propios de las burocracias” y las “demoras injustificadas” de las instituciones para responder.

Chiribao señaló que USU solicitó hace dos semanas una entrevista con la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, pero que todavía no se le concedió. Explicó que la pidieron antes de que saliera la resolución porque los integrantes del movimiento “veían con preocupación” la demora en la respuesta, “y la paciencia ya poco menos que se estaba agotando”. “Ahora quedaron a la espera del ‘gesto’ que está pidiendo la institución a la IM”, afirmó.