El agua dulce es cada vez más escasa. En América Latina se encuentra una de las reservas de mayor dimensión: el acuífero guaraní. “El agua es un recurso fundamental y tenemos que preservarla”, expresó Adriana Carabajal. Ella es integrante de la Asociación Civil Ambientalista de Salto, una de las siete organizaciones que firmaron una carta enviada el lunes al Ministerio de Ambiente (MA) y al de Industria, Energía y Minería (MIEM). Buscaban transmitirles su preocupación por la “cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking”.
¿Qué es el fracking? Es una práctica que se utiliza para extraer hidrocarburos retenidos en reservorios no convencionales. Estos lugares se caracterizan por estar compuestos de rocas con muy baja permeabilidad que no permiten el paso de la sustancia sin un esfuerzo adicional. ¿Cómo es el proceso? Se realiza una perforación y se inyecta agua junto con químicos a una fuerte presión. De esta forma se rompe la roca y salen los hidrocarburos.
Carabajal recordó la situación que vivían vecinos de la zona norte del país en 2017, que denunciaron “explosiones” y “desbordes de residuos tóxicos que perdieron su curso”. En parte de ese año se realizó la perforación de cuatro pozos exploratorios en los departamentos de Tacuarembó, Paysandú y Salto. Petral Energy, accionista de Schuepbach Energy, era la empresa que tenía contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. En un comunicado de 2015 la empresa dijo que su interés era seguir los procesos convencionales y no la utilización del fracking. Sin embargo, los ambientalistas tenían sospechas. Ignacio Sarli, integrante del movimiento Paysandú Nuestro y del Grupo Ecológico Naturalista Sanducero, declaró a la diaria en 2017 que el fracking era una “mala palabra” y que estaban “cambiando el discurso” para “ocultarlo”.
La práctica está prohibida en todo el país desde el 28 de diciembre de 2017, día en que se promulgó la Ley 19.585. El problema es que su vigencia es de cuatro años. Se está llegando al fin del plazo y las nuevas autoridades tendrán que optar si se seguirá por el mismo camino o se elegirá otro rumbo. En la ley también se dictaminó la creación de la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (CNECT), que tiene la finalidad de estudiar el impacto ambiental del fracking para presentar un informe al Parlamento.
En la carta enviada por las organizaciones ambientalistas se manifiesta que la CNECT tuvo una conformación “tardía”. También sostienen que los “graves inconvenientes” de la técnica están demostrados y que de ponerse en práctica en el territorio pondría “en riesgo los recursos hídricos”, “especialmente los subterráneos”. Una de sus mayores preocupaciones es el Acuífero Guaraní.
Raúl Viñas es miembro del Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS), otra de las organizaciones que firmó la carta. “El mundo va hacia no utilizar el petróleo, nosotros entendemos que en Uruguay lo único racional es prohibir el fracking”, señaló.
Más vale prevenir que lamentar
El 12 de mayo se presentó en la Comisión de Industria, Energía, Comercios y Servicios, el ministro del MIEM, Omar Paganini, y el subsecretario, Walter Verri. Los acompañó parte del personal técnico de la CNECT, que está liderada por la ingeniera Alicia Torres. Se expresó que la “expectativa” es finalizar el informe en agosto o setiembre. “En esa instancia ya tendríamos las propuestas para el Parlamento y Poder Ejecutivo”, explicó Torres.
Viñas comentó que por los procesos parlamentarios es “imposible” que una nueva reglamentación esté aprobada antes de fin de año. “El peligro es que alguien presente un pedido para realizar este tipo de acciones y si no tenemos una ley, ¿cómo hacemos para decirle que no puede hacerlo? Bien sabemos que todo lo que no está expresamente prohibido, está permitido”, agregó.
El integrante de MOVUS contó que mantuvo contacto con Gerardo Amarilla, subsecretario del MA, a raíz de la carta. El dirigente le planteó que están manejando la posibilidad de “hacer una iniciativa parlamentaria”. “Si logramos que los diputados del norte, principalmente, respondiendo a lo que la gente del norte está necesitando, presenten una iniciativa parlamentaria, podríamos lograr una extensión de la moratoria o una prohibición”, apuntó Viñas.
El movimiento está realizando un trabajo en red junto con otras organizaciones internacionales y departamentales, como 350 Org, que también buscan frenar un posible avance del fracking. “En Argentina están impulsando una prohibición, que ya existe en Entre Ríos y San José, en Chaco, donde ya fue presentado el proyecto, en Mendoza, Córdoba, la Pampa y en Brasil, Río Grande del Sur”, expresó Viñas. Ve las articulaciones transfronterizas como una necesidad para proteger los recursos naturales.
Carabajal confía en que el informe va a salir antes de enero, fecha donde deja de estar en vigor la prohibición. “Esperamos que se tenga en cuenta nuestras opiniones como gente que estamos en territorio y que ya hemos tenido la experiencia de lo que ha sucedido y ha trabajado en forma muy desprolija”, expresó. Una de sus preocupaciones es que los gobiernos están “desesperados por inversiones”. Le genera temor que puedan ceder ante “las presiones de las empresas” y la necesidad de trabajo, para aprobar una técnica “dañina para el medio ambiente”.
Tiempo contado
Torres en la comisión declaró que existen tres de los lugares donde “potencialmente” podría haber hidrocarburos que para su extracción requerirían la técnica de fracking. Sin embargo, señaló que ninguno fue “probado” y “no hay pruebas de que existan”. “Si bien en Uruguay existe un reservorio probado, primero, no es un reservorio en el cual vaya a aplicarse la tecnología de fracking y, segundo, tampoco parece viable, teniendo en cuenta el contexto actual, la posibilidad de obtenerlo desde ese lugar”, agregó.
El subsecretario del MIEM declaró a la diaria que se “está trabajando”, que se “está en plazo” y se va a entregar el informe antes de que este expire. “Se va a sugerir alguna de las opciones posibles: la prohibición, continuar con la moratoria o levantar la prohibición”, manifestó Verri. Entiende que: “no hay ninguna razón para generar alarma sobre cuál va a ser el proceder del Ministerio de Industria y del Poder Ejecutivo”.
El decreto 111/019, que se promulgó en abril de 2019, habilitó la presentación de ofertas para que empresas puedan explorar y eventualmente explotar hidrocarburos en reservorios convencionales. En estos espacios no se aplica la técnica de fracking, porque están compuestos por rocas con mayor porosidad y los hidrocarburos fluyen sólo con la perforación.
Indicó que Ancap tiene la Ronda Uruguay Abierta, licitación donde las empresas pueden presentar ofertas para la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales. “Es una ventanilla abierta con distintos niveles de profundidad para las diferentes empresas interesadas. Va desde un primer nivel que consiste simplemente en acceder a la información, a otro que permite generar algún tipo de exploración, y así hasta llegar a la perforación”, comentó Verri en la comisión. En estas instancias se detectó que desde iniciada la nueva administración hubo más interés en la plataforma atlántica –offshore-, que en el norte del país –onshore-. Agregó que “hasta el momento” el interés tiene que ver con el procesamiento de la información disponible de “etapas anteriores”.