Este miércoles ocurrió “el segundo tiempo”, en palabras del ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, de la instancia parlamentaria convocada para conocer las explicaciones del gobierno sobre el acuerdo con la firma Katoen Natie, que implicó la extensión de la concesión en el puerto de Montevideo hasta 2081. “Nos vamos con dudas e interrogantes sin responder”, dijo el senador del Frente Amplio (FA) Charles Carrera, quien adelantó que habrá nuevas citaciones. Mientras tanto, la empresa concesionaria y su competidora en el puerto, Montecon, cruzan acusaciones en una reedición de un diferendo que lleva años.

Tras una amenaza de juicio internacional de Katoen Natie que se presentó a fines de 2019, el gobierno negoció durante un año con la firma de origen belga que tiene desde 2001 la concesión del área especializada para contenedores del puerto por intermedio de Terminal Cuenca del Plata (TCP) –80% de la compañía internacional y 20% del Estado–. En marzo se anunció un acuerdo que implicaba retirar la demanda, extender la concesión vigente hasta 2031 por 50 años más y una inversión de 460 millones de dólares en este período.

Tras escuchar las explicaciones de Heber, Carrera manifestó: “Quedamos preocupados por los intereses nacionales. El acuerdo crea un monopolio de hecho, privatizando uno de los principales ingresos del país por la entrada y salida de contenedores. El gobierno adoptó la posición de una empresa, porque la situación litigiosa entre Katoen y Montecon viene desde hace años, y se tomó la decisión de defender a una parte”.

El ministro defendió la interpretación jurídica del gobierno, que en línea con el reclamo de Katoen Natie entiende que rige un decreto de 1994 que da “prioridad a la terminal especializada” sobre los muelles públicos. “Por el hecho de no aplicar esto estábamos sometidos a un juicio, lo evitamos porque ahora se va a cumplir. Es distinto lo de los 50 años, eso es como contrapartida a la inversión”, señaló el jerarca.

Por su parte, el gerente general de Montecon, Juan Olascoaga, dijo a la diaria que el conflicto “no es entre dos operadores sino por el futuro portuario”, al entender que el acuerdo consagra un monopolio en favor de TCP, que hoy compite con empresas instaladas en los muelles públicos –en los últimos años quedó sólo Montecon–. “Salimos nosotros, pero la molestia es general: de los socios del Centro de Navegación [la gremial del sector portuario], de las líneas navieras, de la Unión de Exportadores”, expresó.

Precisamente, el senador del FA informó que esos actores portuarios, así como el sindicato de trabajadores, serán convocados a la Comisión de Transporte, además de todo el directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP); según Carrera, la negociación se hizo sin informar a la representante del FA ni al vicepresidente, perteneciente a Cabildo Abierto.

Montecon presentará este jueves un recurso ante Presidencia, que implica un primer paso previo al Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) en reclamo por los dos decretos que oficializan el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie. La interpretación jurídica es que la ley del 2000 que reguló la subasta que terminó ganando TCP derogó el decreto que regía cuando sólo había muelles públicos, y establece “que la terminal especializada compite en igualdad de condiciones y sin prioridad”, explicó.

Además, Olascoaga informó que se iniciaron “acciones prerrogativas en la Justicia internacional” en virtud de los acuerdos de inversión vigentes con Chile y Canadá –países de origen de la firma portuaria–, y que “los accionistas siguen tratando de hablar con el presidente Luis Lacalle Pou o con el secretario de Presidencia”.

Heber dijo estar “tranquilo” respecto de la “fuerte polémica que ha habido en los medios de prensa”, porque el gobierno “actuó en base a la ley vigente, trajimos un informe jurídico con detalles contundentes”. Desde el FA se denunció que el ministro presentó “una síntesis” de los documentos cuando se había comprometido a llevar todos los informes jurídicos.

Mientras tanto, el martes la firma belga emitió un comunicado en el que sostuvo que con el acuerdo “el Estado uruguayo restableció la legalidad de la cual se había apartado por más de 12 años –apartamientos documentados y probados–”. Además, remarcó que mientras que la empresa es “uno de los mayores inversores extranjeros en el Uruguay”, Montecon es “un operador puramente privado –ausente de intereses nacionales– que no ha aportado al puerto de Montevideo compromiso alguno”. Complementó sobre su competidora: “Ha incurrido en graves conductas aún no sancionadas, que deben ser investigadas, a través de las cuales se ha aprovechado de un sistema ilegal, violatorio del régimen portuario general”.

La empresa concesionaria del puerto indicó que “se reserva el derecho de iniciar todas las acciones que correspondan en los foros que sea necesario para defender sus derechos, exhortando el cese de los agravios infundados” por parte de Montecon y otros actores. “Se ha emprendido una fuerte campaña mediática”, sentenció.

El presidente de la ANP, Juan Curbelo, dijo tras la comparecencia en el Parlamento que “no pretendemos que ninguna empresa se retire” y hay disposición “para llegar a entendimientos”.