Uno de los primeros cambios que hizo el nuevo titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, fue la reasignación de cargos dentro de la cartera. Fue así que Gabriela Bazzano, hasta ese momento secretaria nacional de Cuidados y Discapacidad, pasó al frente de la División de Discapacidad. En su lugar asumió Nicolás Scarela, porque Lema quería a alguien que fuera de su “máxima confianza” para el cargo, ya que es una secretaría “muy grande” y buscaba a una persona con un perfil “más gerenciador”, según supo la diaria por fuentes del Mides. Scarela cuadró con ese perfil, y además es alguien al que el nuevo ministro conoce “desde hace muchos años”.

Cabe recordar que Bazzano empezó en el Mides a cargo del Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), y en julio de 2020, luego de que Daniel Radío pasara de ser el titular del Sistema Nacional Integrado de Cuidados a encabezar la Secretaría Nacional de Drogas, ambos programas del Mides se unificaron en la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, encabezada por Bazzano, que a su vez tiene dos divisiones cuyos responsables no se habían definido. Con los cambios que planteó Lema, a Bazzano se le ofreció estar al frente de la División de Discapacidad. Si bien en un momento pareció que había aceptado, este lunes comunicó que finalmente no lo haría.

Según las fuentes del Mides, uno de los primeros temas que conversaron Scarela y Lema fue analizar la ley de protección integral de personas con discapacidad (18.651), de 2010, para ver los “distintos carriles de cumplimiento” que se le puede dar, porque entienden que la norma “no se cumple a rajatabla”, por lo que será “una de las prioridades”. Por ahora, no hay un nombre para el lugar que dejó vacante Bazzano. Karen Sass, la nueva directora de Cuidados, que trabajó durante casi nueve años en Pronadis, se encargará de la División de Discapacidad hasta que se designe a otra persona, señalaron fuentes del Mides.

En diálogo con la diaria, Bazzano destacó que a cargo del Pronadis se reabrió el centro de ciegos Tiburcio Cachón –que había sido cerrado durante la gestión de la exministra Marina Arismndi, en 2016–, “el cual se está remodelando con tecnología de última generación, lentes con escáner, tabletas en braille e impresoras 3D para poder conocer, por ejemplo, la evolución de un embarazo”.

Además, subrayó que siempre estuvo donde la “necesitaron”: “Haciendo lo mejor que puedo hacer, en el acierto o en el error, pero siempre escuchando, consultando y pensando en equipo”. “En el Mides, lo mejor. El trabajo de los equipos, entrañable. Agradezco infinitamente la confianza y la oportunidad de hacer lo que vine a hacer. Este es un momento de pausa, de cambio”, finalizó.

“Mucho más allá”

La anterior administración del Mides, a cargo de Pablo Bartol, defendió a Bazzano en su cargo luego de que la diaria informara que ella y su ONG, Seamos, habían sido investigadas por Crimen Organizado entre 2015 y 2017 por el programa Familias Articuladas, por el que se entregaban hijos de personas con discapacidad que vivían en el hogar a otras familias.

El caso fue reabierto por el fiscal Luis Pacheco luego de que las legisladoras del Frente Amplio (FA) solicitaran que se volviera a investigar a fines del año pasado. El fiscal volvió a solicitar el archivo y consideró que si bien es “discutible la validez del consentimiento” que brindaron los padres, los juzgados de Familia son los responsables de rever el procedimiento de tenencia.

Una de las legisladores del FA que hicieron la denuncia fue la diputada Ana Olivera, quien señaló a la diaria que la denuncia va “mucho más allá” de la responsabilidad de Bazzano en el Mides, ya que significaba “retomar algo que había quedado inconcluso”. Además, señaló que están analizando cómo sigue el tema, porque el propio dictamen de la Justicia “dice que quizás es por otro lado que debería encararse esto”. Si bien la diputada subrayó que su caso es independiente de su cargo en el Mides, a su juicio el hecho de que estuviera al frente de las políticas sobre discapacidad “agravaba” la situación.

Olivera agregó que además la oposición ha tenido una visión crítica de otros temas, como la fusión de Pronadis con la Secretaría Nacional de Cuidados, que a la oposición le parecía “incorrecta” porque el Sistema Nacional de Cuidados “no es un programa”, y además la secretaría tenía un rol “que no se jugó” y encima “se incumplió la ley”. La Ley 19.353, de fines de 2015, que creó el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, en su artículo 17 establece que “el Plan Nacional de Cuidados será quinquenal, debiendo ser formulado dentro de los 120 días contados desde el inicio de cada período de gobierno”.

La diputada subrayó que el plan no se presentó y recordó que preguntó “insistentemente” por él en cada comparecencia de los jerarcas del Mides al Parlamento, pero en cada una se dio “una respuesta distinta”. “Desde la no respuesta, porque todavía había temas vinculados a los recursos que se iban a destinar y cómo se repartían dentro del área entre Cuidados y Discapacidad, hasta contestarnos, en otra oportunidad, que estaban pensando que el Sistema de Cuidados debería ser analizado en la reforma de la seguridad social. Y la tercera respuesta fue que en realidad estaban reuniendo a una comisión de técnicos de diversas áreas para analizar cómo continuar con el sistema”, señaló.

Olivera sostuvo que no se logró que se entendiera que el Sistema de Cuidados es una política “que apunta a la autonomía de las mujeres”, y que es “una transformación cultural, vinculada con aquello de que somos las mujeres las que tenemos cuidar”, y apuntaba “a una coordinación interinstitucional”. “Toda esa política no fue desplegada por esta dirección que hoy deja Gabriela Bazzano. Entonces, desde el punto de vista del rol en el Mides, sistemáticamente hemos preguntado qué pasa con el Sistema de Cuidados, por qué no hay plan, y cuáles son y cómo están destinados los recursos. Pero no recibimos respuesta”, aseguró.

En definitiva, Olivera subrayó que la dirección a cargo de Bazzano “no abordó los temas que tenía entre manos”, por lo menos a la luz de lo que tanto el Frente Amplio como las organizaciones sociales “insistieron permanentemente”.