El diputado de Cabildo Abierto (CA) Eduardo Lust manifestó sus reparos sobre el camino que decidió recorrer el gobierno de Luis Lacalle Pou respecto de la empresa belga Katoen Natie, con la que alcanzó un acuerdo para la extensión de la terminal de contenedores del puerto de Montevideo hasta 2081. Por este tema, el Partido Colorado le transmitirá al gobierno su opinión sobre la necesidad de blindar jurídicamente el acuerdo, al que se arribó luego de que la compañía amenazara con iniciar un juicio millonario contra el Estado uruguayo.

Durante una entrevista en el programa El menú del día, de M24, Lust señaló que los reclamos de Katoen Natie “aparentemente fueron verbales, nunca se concretaron en ninguna acción material”, y destacó que la cifra que manejó como parte del reclamo, que superaba los 1.500 millones de dólares, es “extraña” si se tienen en cuenta los balances de la empresa. “Lo que siempre se maneja es que uno puede reclamar un estimativo del daño sufrido por el incumplimiento de la otra parte. Y al reclamar 1.700 millones de dólares por ocho, nueve o diez años de incumplimiento nos da la idea de que esa empresa ganaba 170 millones de dólares por año. Pero resulta que de los balances de la empresa, que son públicos, surge que nunca ganó más de diez millones de dólares por año”, apuntó Lust.

El legislador indicó que al intentar acceder a los informes jurídicos del gobierno, “que aconsejaban llegar a la transacción porque el juicio prácticamente estaría perdido”, se encontró con que “esos informes jurídicos no existen”. “No sé si no llegamos porque no se hicieron o porque no se han dado a conocer; cualquiera de las dos circunstancias es muy grave”, consideró. Para Lust, “se llega a una transacción cuando uno tiene muy pocas chances de ganar”, pero eso no surge de ningún documento.

En la misma línea, el también diputado de Cabildo Abierto Sebastián Cal dijo a la diaria que tiene sus “reparos con las concesiones tan extensas” porque “hay que ser muy cautos cuando dejamos atado al país por tantos años”, aunque aclaró que habló a título personal porque el tema no se ha analizado a nivel del partido. “A mí no me gusta el pensamiento cortoplacista, pero veo que en lo único que no somos cortoplacistas es para las concesiones”, reflexionó el legislador. No obstante, resaltó que a diferencia de lo que sucede con los aeropuertos, “el transporte marítimo es menos variable”, por lo que es más frecuente que se den concesiones largas.

En tanto, respecto de la posibilidad de que la empresa Montecon emprenda una demanda contra el Estado uruguayo por el supuesto incumplimiento de los tratados internacionales de inversiones, Cal manifestó que “se ha vuelto costumbre que las empresas amenacen al Estado uruguayo con hacerle un juicio”, por lo que “no sería ni la primera ni la última vez” que esto pasa.

En cambio, el diputado Álvaro Perrone consideró que la decisión del gobierno fue acertada a la luz de que “cabía toda la posibilidad de un juicio de Katoen Natie contra el Estado uruguayo” y porque esta solución contempla una “apuesta al puerto, a generar trabajo, a la inversión”. Asimismo, resaltó que los legisladores de CA a los que ha consultado tienen una postura favorable, “similar” a la suya, aunque “no hay una posición unánime determinada”.

Con la mira en la competitividad

En tanto, la Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) visitó el miércoles la Comisión de Transporte y Obras Públicas del Senado para expresar su parecer respecto del acuerdo firmado. La delegación, encabezada por la presidenta de la gremial, Andrea Roth, observó que identificaron que algunos rubros facturados por las terminales aumentaron en pocos años más de 300% en dólares, lo que “no siguió ningún criterio de IPC [índice de precios al consumo], dólar o salarios”. “Esto sucedió habiendo dos operadores [Montecon y Terminal Cuenca del Plata, TCP] y muestra que los controles previstos no fueron efectivos”, dijo la UEU en un comunicado.

En la comparecencia, la gremial sostuvo que una consultoría realizada en 2020 arrojó como resultado que el costo terminal del puerto de Montevideo es “casi cinco veces más caro que el de puertos comparables de Brasil y Chile”, como los de Río Grande o San Antonio. “En este marco, entendemos que la renovación de la concesión a TCP (cuyo accionista mayoritario es Katoen Natie) es una oportunidad de revertir esta situación, sobre todo teniendo en cuenta que es un compromiso de varias décadas, y así lo venimos planteando a las autoridades”, dice el comunicado.

No obstante, si bien la UEU destaca que el acuerdo incluye las reducciones iniciales previstas de hasta 26% en algunos conceptos de la tarifa básica de TCP a la exportación, “luego de esas bajas seguiremos quedando entre tres y cuatro veces más caros que otros puertos de Chile y Brasil”, por lo que “no logramos mejorar sustancialmente la competitividad”.

Además, la gremial menciona algunos puntos del acuerdo con la empresa belga que generan “preocupación”: que el nuevo régimen de gestión permite nuevos conceptos o rubros a cobrar sin necesidad de autorización previa de la autoridad reguladora; que los precios que la terminal cobra a los buques ya no tienen tope, “lo que podría llevar al aumento de los precios actuales o [a la] inclusión de nuevos rubros que sean trasladados por el armador a la carga”; y que “no se establecen objetivos de competitividad para la terminal, mientras que sí se establecen para la ANP [Administración Nacional de Puertos]”.

Sindicato portuario manifestó preocupación por trabajadores de Montecon

En tanto, una delegación del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) también visitó la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados. Uno de los integrantes del gremio, Martín García, planteó a la diaria que el acuerdo con Katoen Natie le quita soberanía al Estado uruguayo y podría tener efectos en el empleo.

García dijo que Montecon, la operadora portuaria que opera en los muelles públicos y que se ha visto perjudicada por el decreto del gobierno que prioriza las operaciones de carga en la terminal de TCP, genera 400 puestos directos de trabajo y otros 300 indirectos. El sindicalista afirmó que si se sigue avanzando en la aplicación del decreto se pondrá en juego el futuro de esos trabajadores y de otros relacionados con la operativa, con lo que peligrarían hasta 1.000 puestos de trabajo.

Además, relató que el sindicato se había reunido con el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, y el presidente de la ANP, Juan Curbelo, al enterarse de que se estaba trabajando en el acuerdo con Katoen Natie: “Se pidió tener un párrafo de relaciones laborales para tratar el tema de los trabajadores, y nos dijeron que sí; sin embargo, cuando salió el acuerdo no había nada. Nos mintieron cuando hablaron la primera vez”.

“Los precisamos a todos”

Mientras tanto, este miércoles Heber fue recibido por la Comisión de Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas de la Cámara de Representantes. Según relató a la diaria el diputado nacionalista Daniel Martínez, el ministro se mostró dispuesto a crear una “mesa de diálogo” con Montecon para subsanar las diferencias. El martes, la empresa emitió un comunicado profundamente crítico con el gobierno en el que incluso desliza la posibilidad de un litigio con el Estado uruguayo por incumplimiento de acuerdos internacionales de inversión. “El ministro quiere contar con los servicios de Montecon y está dispuesto a habilitar una mesa de negociaciones. Acá los precisamos a todos”, dijo Martínez.