La Administración Nacional de la Educación Pública (ANEP) firmó un convenio con el Ministerio del Interior (MI) para que privados de libertad realicen trabajo comunitario como forma de “rehabilitación”. En conferencia de prensa, Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP, aseguró que “colaborar con el Instituto Nacional de Rehabilitación [INR] y el MI constituye una obligación en el marco de atender las particularidades de ciudadanos que han tenido dificultades y que, por dichas circunstancias, atraviesan en su vida distintos momentos”.

Silva indicó que tienen “un primer campo de acción” que es con el INR, cuando los “servicios educativos” van a los centros penitenciarios a “brindar la educación formal dentro de las características propias que nuestro sistema educativo tiene”. En ese sentido, señaló, “creemos que tenemos un gran desafío”, y agregó que el consejero Juan Gabito ha insistido con esto durante las sesiones del Codicen de todos los miércoles. “Sabemos que la manera fundamental, primordial, me atrevería a decir, dentro de otras acciones únicas que hay de recuperar a una persona que ha tenido esas dificultades es a través de las herramientas y de las posibilidades que la educación otorga”, expresó.

El presidente de la ANEP se comprometió a seguir trabajando en esa misma línea “para mejorar esa parte que trabajamos con el INR en cuanto a lo vinculado a la formación, a completar los ciclos educativos de nuestras personas, de nuestros ciudadanos que están privados de libertad”. E insistió: “Creo que ahí tenemos un gran desafío, y estamos dispuesto desde el Codicen a asumirlo para llevar adelante el otorgamiento de esas herramientas a esas personas”.

Hoy, no obstante, destacó que están en una “situación distinta”, puesto que la firma de este convenio habilita a que personas que “si bien no están privadas de libertad, tienen que cumplir con un mandato judicial de resarcir conductas a través de su trabajo”. “Esto lo hacen colaborando con la sociedad, y qué mejor manera de hacerlo que colaborando con la educación de un país. Esto es una conjunción de esfuerzos que nos lleva seguramente a tener un muy buen comienzo como el que estamos teniendo, porque este convenio habilita no sólo a estar con las escuelas de la educación primaria sino a estar con los liceos, con las escuelas técnicas, con institutos de formación docente; esto abre un abanico de posibilidades”, agregó.

Silva sostuvo que tendrán “espacios futuros de encuentro para mejorar, para coordinar”, ya que para la educación también “es un desafío porque es algo nuevo, diferente, pero, sin duda, vamos a encontrar esos espacios”. “Cuando se habla de seguridad, también se habla de educación. Que todo esto sea en beneficio de todos esos uruguayos que han tenido dificultades y a quienes nosotros no tenemos más que la responsabilidad de ofrecer las herramientas que la educación tiene para que puedan continuar con su proyecto de vida y que sea el mejor, el que ellos quieran”, reflexionó.

Por su parte, Santiago González, director de Seguridad y Convivencia Ciudadana del MI, indicó que desde el 1º de marzo del año pasado, día en el que asumió el gobierno de Luis Lacalle Pou, vienen trabajando en el sistema penitenciario “con una convicción muy clara”. “El Estado tiene que colaborar con el Estado, no hay vuelta, no hay otra forma de mejorar nuestro país si nosotros, que estamos todos en el mismo barco tratando de cambiar la realidad, no nos ponemos codo con codo para ayudarnos, para tener una sociedad más justa”, indicó.

Para González esto “es un ganar-ganar” tanto para el Estado como para el INR, el MI, la ANEP, el liceo, la escuela, el jardín, y pidió seguir “en ese camino porque hay mucho para hacer”. En tanto, el director del INR, Luis Mendoza, afirmó que es una forma de “devolver a nuestra comunidad la falta cometida trabajando en un centro de enseñanza, en una escuela; para nosotros es fundamental, porque eso sirve también de tratamiento para la rehabilitación”.

La Oficina de Supervisión de Libertad Asistida (OSLA) asumirá el “compromiso” de derivar a las personas que realizarán la prestación de servicios comunitarios a la ANEP “en sus diversas dependencias, conforme las condiciones y criterios previamente definido con cada centro receptor, en cuanto a disponibilidad de cupos, días y horarios”, consignó la ANEP en su web.

Por su lado, el organismo educativo tendrá como rol recibir en sus dependencias a las personas derivadas por la OSLA, en función de las “condiciones establecidas en el mandato judicial referido a cada persona privada de libertad involucrada, atendiendo las condiciones particulares de cada caso”. El plazo del convenio será de un año a partir de que esa persona firme, “renovándose automáticamente por períodos iguales, salvo que alguna de las partes se exprese en contrario”.