El exintendente de Rocha Aníbal Pereyra le brindó información el viernes al fiscal de Corte, Jorge Díaz, sobre un presunto operativo de inteligencia y seguimiento a militantes que recogen firmas contra la ley de urgente consideración (LUC) en el departamento. El martes cinco integrantes de la Comisión Prorreferéndum contra la LUC presentaron una denuncia a la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) en busca de que “proceda a investigar los hechos denunciados y se tomen medidas”. Tuvieron una reunión con el presidente de la INDDHH, Wilder Tayler, y la directora, Mariana Mota. 

Tras la notificación a Díaz el viernes y según supo la diaria, el caso lo llevará adelante Fiscalía de Rocha y la investigación estará a cargo de Josefína García. 

Pereyra recibió información anónima donde se denuncia al Comando de la Jefatura de Policía de Rocha por la creación, en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública, de un “evento o novedad” que dispone el seguimiento e investigación de los militantes. 

En la denuncia presentada en la INDDHH, se plantea que a este evento sólo tendrían acceso “quienes están asignados a la investigación del caso, la seccional 12 de la ciudad de Rocha, que depende del jefe de la zona operacional 1”. También se señala que la Fiscalía General de la Nación “no tendría acceso ni conocimiento sobre el seguimiento de dichas personas”. “Existe la información de que se estaría procediendo a tomar fotografías sobre las personas participantes de las diferentes actividades, como parte de los procedimientos antedichos”, agrega la denuncia.

La Comisión Prorreferéndum manifiesta su preocupación por los hechos que “atentan contra los derechos cívicos, políticos y democráticos” de los militantes en la campaña por la recolección de firmas. 

José Olivera, presidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), fue uno de los firmantes de la denuncia y declaró a la diaria. “Nosotros ya habíamos tenido, en febrero y marzo, situaciones donde policías identificados y uniformados se habían aproximado a mesas, habían recabado datos de los compañeros que estaban juntando firmas”. 

En diálogo con la diaria, Tayler comentó que se asesoró a los denunciantes sobre las facultades que tiene la INDDHH: “Si eventualmente esto se judicializa, debemos inhibirnos de ir adelante”. Igualmente, se dio entrada a la denuncia y ahora su admisibilidad debe ser analizada por el consejo directivo. Si se aceptara, tendrían cinco días para poner en conocimiento a la institución denunciada.

El presidente de la INDDHH indicó que “no puede calificar los hechos” pero que los van a examinar “con seriedad”. “Los hechos que están en el dominio público, de la forma en que están presentados, generan preocupación, pero lo vamos a tener que ver en la investigación”, indicó.

“Hubo jerarcas que decidieron hacer esto”

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo el viernes que según la información que obtuvo “no hay ninguna vigilancia, lo que hay es la garantía para que se pueda generar la recolección de firmas”. Agregó que la Policía “está obligada a evitar aglomeraciones, entonces tiene que tener presencia para que no se aglomere la gente”.

Olivera, de la Comisión Prorreferéndum, manifestó que han sido “muy cuidadosos” con las medidas sanitarias al momento de la recolección de firmas. Además, remarcó que la situación de Rocha no es “un accionar de policías aislados” porque hay una “definición específica de actuar”. “Hay una resolución de jerarquías, que forman parte de los mandos policiales, que también está sujetos al control político. Hubo jerarcas que decidieron hacer esto”, enfatizó. 

En la denuncia presentada a la INDDHH se resalta: “Es llamativo que se dedique un parte policial o una novedad para hacer el seguimiento de aglomeraciones en el marco de la recolección de firmas, cuando los controles son muchas veces insuficientes para otras actividades”. Además, califican las declaraciones del ministro de “insuficientes” por “no desarrollar el contenido de las acciones que viene haciendo el Comando de la Jefatura de Rocha”. 

“¿Se trata de una acción independiente de la autoridad policial local o de una directiva superior?”, “¿sería posible que este tipo de procedimientos se estén dando a través de otras unidades del Ministerio del Interior (Jefaturas y Direcciones Generales o Nacionales) en otros departamentos?” “¿bajo qué control?”, se preguntaron desde la Comisión Prorreferéndum. “Sería gravísimo que la Policía nacional volviera a los viejos procedimientos de inteligencia, desarrollados no sólo durante la dictadura sino ‒como se revelara recientemente‒, en plena vigencia de los gobiernos constitucionalmente electos, que tenían como destinatarios a los militantes sociales del campo popular”, finaliza la exposición de motivos de la denuncia.