Los expresidentes de la Administración Nacional de Puertos (ANP) durante los gobiernos del Frente Amplio (FA), Fernando Puntigliano (2005-2010) y Alberto Díaz (2010-2020), hicieron críticas al acuerdo realizado por el gobierno para extender hasta 2081 la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie.

Ambos participaron de la primera de una serie de charlas organizadas por el Sindicato Único Portuario (Supra) que se titulan “Identidad, soberanía y puertos”.

Puntigliano dijo que fue consultado por el actual presidente de la ANP, Juan Curbelo, sobre “qué hubiera hecho” respecto a la negociación, y contó lo que le respondió: “La decisión de la extensión de la concesión me parece que no fue acertada. Yo le dije que no lo hubiera hecho, pero yo no soy el que está en el cargo y no tengo toda la información y no sé si fue acertada o no. Desde afuera de la cancha, me parece que no lo fue”.

Por otra parte, Puntigliano desestimó el argumento que dio el gobierno de que se evitó un juicio millonario por parte de la empresa belga: “Se dio como una gran conquista el haber evitado el juicio; francamente, no creo que ese juicio tuviera muchas oportunidades, pero tampoco soy un experto legal. Simplemente creo que no hubiera tenido éxito ninguno”.

En la misma línea, Díaz consideró que no había mérito para un eventual juicio: “Cuando uno escucha que había una amenaza de juicio por mucho dinero por incumplimientos, no entendemos cuáles fueron los incumplimientos. Siempre actuamos en el marco legal que teníamos”.

Estas referencias son porque Katoen Natie amenazó con denunciar ante tribunales internacionales el incumplimiento del tratado de inversiones con Bélgica, en el entendido que las administraciones de la ANP la habían perjudicado y fomentado el crecimiento de su competidora Montecon, que opera en los muelles públicos. Entre otros aspectos, el nuevo acuerdo además de extender la concesión establece la prioridad de la terminal especializada para el despacho de contenedores, y por eso la oposición y distintos actores portuarios han denunciado que se consagra un monopolio.

Díaz indicó que según las normas vigentes “cuando una empresa –sea un agente marítimo o una terminal concesionada– no se siente conforme con cómo se aplicó el reglamento [por parte de ANP], se debe quejar o poner en el acta su queja”, y en los “15 años, más los años que estuve en operaciones, no se presentó nunca una queja de una terminal concesionada”.

Por otra parte, el presidente de la ANP en el período anterior opinó que “el diálogo en la comunidad portuaria para que la gestión sea eficiente es más que necesario”, y que por el contrario, “la figura que se obtuvo” a partir de los decretos firmados por el Poder Ejecutivo dificulta la posibilidad de “aggiornarse de aquí a los 60 años que quedan sin pedirle permiso al concesionario”. “Si es una empresa en particular u otra, el problema sigue siendo el mismo. No es un problema de empresas, es un problema de reglamentación”, aseveró.

Para el presidente del Supra, Marcelo Briñón, los decretos del gobierno consolidan “un monopolio en mano de privados por 60 años”, ante lo cual “la posición del sindicato es contraria” por entender que “va en perjuicio del país en su conjunto”. Advirtió que esta decisión implica un “riesgo inminente” de pérdida de fuentes de trabajo en el sector, ya que según estimó hay 700 empleos directos en juego y otra cantidad de indirectos en riesgo. Se trata de trabajadores que operan en Montecon y los muelles públicos, que “hoy tienen un trabajo estable y convenios colectivos con las empresas, que les dan tranquilidad a ellos y a sus familias”.

Briñón coincidió con los ex jerarcas frenteamplistas en la “incertidumbre” que genera este acuerdo para el futuro de la actividad portuaria, y destacó que el Estado “y todos los uruguayos” quedarán “a la libre voluntad de la empresa de manejar las tarifas en los próximos 60 años, cosa que no es menor”. Asimismo, señaló que “al direccionar los buques hacia la terminal especializada, [los barcos con contenedores solo] podrán ir a los muelles públicos cuando esta no los pueda atender y después de 24 horas”, y subrayó: “Los que estamos vinculados a la actividad portuaria sabemos que ningún buque va a esperar 24 horas para que le destinen un muelle para poder atracar, [por lo que] hasta peligra que alguna naviera deje de venir al puerto de Montevideo, generando un grave perjuicio para la economía del país”.

El sindicalista subrayó que aproximadamente 90% de las cargas que entran y salen al país pasan por los puertos, que son “uno de los eslabones principales de la cadena logística”, y, en ese sentido, sostuvo que la opinión del Supra es que “la política portuaria no debe ser vista desde el lado de los intereses particulares sino bajo el interés del país productivo”.

“Entendemos que el Uruguay debe posicionarse estratégicamente, geopolíticamente e históricamente en una política que le permita proyectarse y posicionarse de la mejor manera en la región”, para lo cual es necesario “fortalecer el rol de la empresa pública, en este caso la ANP, como autoridad portuaria técnica en la materia, procurando la integración y la complementariedad regional, permitiendo que el negocio portuario crezca y sea más eficaz”, concluyó el presidente del sindicato.