El acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie para la extensión de la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo por 50 años, hasta 2081, aún genera repercusiones. Recientemente, ante la Comisión de Transporte y Obras Públicas de la Cámara de Diputados, Juan Curbelo, presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP) –socia minoritaria de Katoen en Terminal Cuenca del Plata (TCP), que tiene la concesión–, informó que “no se va a cobrar” una “multa” a la multinacional por el “incumplimiento” del canon de movimiento mínimo en 2020.
Citado para hablar de la situación de los puertos del interior del país, algunos diputados le hicieron preguntas en torno a lo acordado entre el gobierno y Katoen Natie. En ese contexto, Curbelo dijo que “a partir de las desavenencias y las dificultades que surgieron en cuanto a los cumplimientos de los mínimos establecidos en los contratos de movimiento de carga –hay que probar que los incumplimientos fueron por responsabilidad del concesionario–, se cobraron algunas multas”. Esto surge del contrato inicial de concesión de 2001, que estableció niveles de actividad mínimos para TCP, o si no el pago de una compensación o multa, que venía abonando en los últimos años porque perdió mercado con Montecon, empresa que opera en los muelles públicos.
La “última multa”, correspondiente a 2020, no ha sido abonada aún y Curbelo aseguró que “no se va a cobrar”. Añadió, según la versión taquigráfica, que el monto está “por encima” del millón de dólares y que lo resuelto puede ser “discutible”.
Consultada por la diaria, la representante del Frente Amplio (FA) en el directorio de la ANP, Alejandra Koch, señaló que el monto de lo que debería pagar Katoen Natie por no haber alcanzado el volumen comprometido es de 1.876.933 dólares. Explicó que, a su entender, no es una multa, sino otro tipo de pago: “Respecto de los movimientos, había un canon mínimo, es decir, si la empresa no llegaba a esa cantidad de movimientos mínimos que se exigían, y que además tenían una gradualidad año a año, se le cobraba lo que se llama canon mínimo”.
Según Koch, la empresa “está queriendo no pagar” lo correspondiente al año móvil que va de junio de 2019 a junio de 2020. “Todavía no lo pagó y está pretendiendo que se quede sin efecto”, añadió.
La representante del FA en la ANP dijo que Katoen Natie “presentó una nota diciendo que no” iba a pagar el canon mínimo debido a que estaba por llegar a un acuerdo con el gobierno, el que finalmente concretó en febrero pasado. Koch explicó que la ANP facturó “como corresponde” el canon, “simplemente que la empresa no pagó”. No obstante, subrayó que en la administración “hay una intención de no cobrarle” a la firma de origen belga.
Por otro lado, la ANP retiró dos demandas contra Katoen Natie por diferencias en los balances de 2017 y 2018. “Los juicios, en realidad, tienen que ver con distintas formas contables de evaluar los activos fijos de la empresa”, dijo Curbelo ante la Comisión de Diputados, y agregó que “Katoen Natie entendía que los estados contables o la contabilidad o la forma de amortizar las infraestructuras era una y la ANP entendía que era otra”, lo que originó la diferencia. A fines de marzo, el semanario Brecha informó que esas dos demandas quedaron suspendidas por seis meses, según una resolución de noviembre.
“Lo que resolvimos en el directorio de TCP fue conformar un grupo de trabajo entre contadores de la ANP y contadores de Katoen Natie para buscar un criterio contable con el que estemos cómodos y con el que estemos todos de acuerdo para que, de esa manera, un tema que llevó mucho tiempo y muchas dificultades quede de lado y podamos seguir construyendo eso que para nosotros es importante, y es el mejor relacionamiento societario posible con un socio que entendemos que nos va a ayudar enormemente en el desarrollo del puerto de Montevideo”, añadió el presidente de la ANP.
Koch explicó que la diferencia en los balances “dio lugar a que la ANP iniciara dos demandas” en su momento. Según dijo, el Estado tenía todo para ganar ambos juicios, ya que contaba a su favor con un estudio de la Auditoría Interna de la Nación y de dos consultoras privadas. Koch afirmó que “parte de la negociación” entre el gobierno y Katoen Natie fue “dejar sin efecto esos juicios”.
El acuerdo anunciado a inicios de marzo y que viene generando polémica incluye una inversión en el puerto por parte de la multinacional de 460 millones de dólares, el retiro de una posible demanda internacional que había planteado la firma de origen belga y el cambio en las reglas de preferencia para la atención de los barcos.
“Recomponer un relacionamiento dañado”
Por su parte, Curbelo habló en la comisión del término affectio societatis, “un concepto básico en el derecho societario”, con el que explicó su postura en torno al relacionamiento entre la actual administración de la ANP y su socia en TCP. “Nosotros entendemos que durante muchos años ese relacionamiento societario no existió, estaba quebrado; ese es un dato de la realidad. Y esa enorme dificultad llevó a complejidades de distinto tipo, que llevaron a diferentes litigios cruzados entre la ANP y la empresa Katoen Natie. Nosotros entendemos que no es la mejor metodología, que las opciones eran o intentar recomponer un relacionamiento que venía muy dañado o, de lo contrario, rescindir la sociedad, y nosotros apostamos fuertemente a recomponer el relacionamiento”.
El jerarca añadió que en julio, a través de la ANP, el Estado uruguayo va a recibir más de 20 millones de dólares “de utilidades que no se distribuían, en forma legal, desde 2014”. Esto estaba retenido por decisión de Katoen y en virtud de los juicios iniciados por las diferencias contables.
Por su parte, Koch opinó que la situación en torno a lo acordado entre el gobierno y Katoen Natie, incluyendo el nuevo reglamento de atraque al puerto de Montevideo, que establece un “monopolio” en favor de TCP –esto lo han denunciado también operadores portuarios–, es “muy negativo para el desarrollo del país”. “Le estamos entregando la llave a una empresa sin contraprestación alguna”, sentenció.