En la mañana de este lunes, como todos los lunes, sesionó –en forma virtual– el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC), que acordó proponer una proyecto de ley “sobre el tema portuario, regulando su actividad como servicio público”, se informó en una gacetilla del PC.

El tema está en el candelero desde hace varios meses, cuando el gobierno acordó con la empresa belga Katoen Natie para extender por 50 años la concesión de la terminal especializada de contenedores del puerto de Montevideo, que tiene la firma Terminal Cuenca del Plata (TCP) –que pertenece 80% a Katoen Natie y 20% al Estado uruguayo– hasta 2081. Según el comunicado, “en términos generales”, el PC apoya el acuerdo; sin embargo, considera “que es necesario complementar el actual marco legal, a fin de adaptarlo a las actuales condiciones de esa explotación”.

El secretario general del PC, Julio María Sanguinetti, dijo a la diaria que en el tema del puerto “es preciso establecer con más claridad los márgenes de la libertad y de la restricción de las diversas actividades, más allá del acuerdo que se hizo con Katoen Natie”, con el cual no tienen “reservas ni objeciones sobre el fondo del asunto”.

“Pensamos que no sólo sobre eso específico –eso tiene que quedar claro– sino en general, hay que establecer claramente una mejor definición del tema de la libre competencia. La actividad portuaria, en definitiva, es un servicio público y, como tal, puede estar regulado. Eso es lo que se pretende, a los efectos de evitar estos debates, que ya se produjeron antes y que se van a seguir produciendo”, señaló. La oposición, la firma Montecon –que compite con Katoen Natie y opera en los muelles públicos– y otros actores portuarios han cuestionado el acuerdo hecho por el gobierno y sostienen que consagra un monopolio en el puerto al dar la preferencia para el despacho de contadores a la terminal especializada.

Sanguinetti agregó que, en su momento, el Estado constituyó una empresa, de la cual es socio, y después, “de hecho, fue otorgando permisos de 90 días, 90 días, y se armó otra cosa paralela gigantesca”, en referencia a la operación de Montecon en las áreas públicas. “Pero, más allá de eso, hacia el futuro, hay que regular bien la situación, de modo que no tengamos estas bombas”, agregó.

El expresidente aclaró que lo que propone el PC “no es una ley para resolver un conflicto, porque eso se resolvió” con el acuerdo alcanzado. Resaltó que el tema es qué puede pasar ahora, ya que, por ejemplo, la empresa Montecon “dice que va a hacer un juicio” contra el Estado por los efectos de lo pactado con Katoen Natie.

“No sé si lo hará o no, no es nuestro tema. Lo que sí nos parece es que, vividas las cosas que se han vivido, como la notoria irregularidad de la operación de Montecon, a tal punto que pasó a tener más actividad que la empresa que constituyó el Estado y de la cual es socio, mañana no tengamos conflictos como los que se han tenido que resolver”, subrayó el líder colorado. Por eso, “hay que establecer claramente cuáles son los márgenes de la libertad y de la regulación del servicio del Estado” en el puerto, insistió.

Días atrás, el abogado constitucionalista Ruben Correa Freitas, profesor grado 5 de la Universidad de la República, director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho y expolítico colorado, elaboró un informe a pedido de la empresa Montecon, en el que cuestionó las condiciones del acuerdo del gobierno con Katoen Natie. Lo consideró “ilegal” porque contraviene normas portuarias, y sostuvo que consagra un monopolio.

Sanguinetti dijo que “no hay ninguna duda” de que la opinión de Correa Freitas es “valiosa”, pero, consultado sobre su postura, aclaró: “Una cosa es una exclusividad, una preferencia, y otra un monopolio”. “Por algo se hizo eso en su tiempo, y por algo, a su vez, después de eso se habló de la posibilidad de una segunda terminal y se hizo un llamado, que fue [declarado] desierto; no se presentó Montecon ni nadie. Los hechos son esos, pero, más allá de los hechos, pensamos que el derecho debe ser más claro en esta materia”, finalizó.

Dudas cabildantes

Cabildo Abierto es el partido de la coalición que se mostró más reticente a la extensión del contrato con la empresa belga. De hecho, su líder, el senador Guido Manini Ríos, hace pocas semanas, en una entrevista con la diaria, confesó que le “rechinó” extender 50 años más la concesión.

El senador cabildante Raúl Lozano dijo a la diaria que en su partido siguen analizando el tema de la concesión de la empresa belga y tienen “algunas dudas” que todavía no han logrado “disipar”. Por lo tanto, aún no tienen una respuesta “contundente” sobre el acuerdo que prolongó la concesión. Agregó que, antes de expedirse sobre el tema, prefiere ver el contenido del proyecto de ley que presentará el PC.

Lozano resaltó que las dudas siguen estando relacionadas con la duración de la extensión del contrato, que es “el tema más importante”, aparte de que, “de hecho, se vaya a crear un monopolio”.