UTE resolvió enviar las conclusiones de la auditoría de Gas Sayago a Fiscalía

Este martes se dieron a conocer los resultados de la auditoría solicitada en octubre del año pasado a Price Waterhouse Cooper (PWC) sobre el desempeño del fallido proyecto de la regasificadora Gas Sayago. La presidenta del ente, Silvia Emaldi, adelantó en conferencia de prensa que el directorio presentará las conclusiones a la Fiscalía.

Según dijo Emaldi, Gas Sayago “implicó” hasta la fecha la “pérdida de 213 millones de dólares, los cuales se financiaron con 113 millones de dólares aportados por el Estado a través de UTE y Ancap y con los 100 millones por la rescisión por incumplimiento del contrato principal”. Esta suma no sería la final: la regasificadora ha sido “demandada por 37 millones de dólares” y se “deberán desmantelar los pilotes ubicados en el Río de la Plata” –lo que costará ocho millones más–.

En la conferencia se informó que PWC “no detectó existencia de que UTE o Ancap hubieran aprobado un plan de negocios”. Otro punto que se destacó fue que para la viabilidad del proyecto era clave la participación de Argentina. “Ya en 2012 era claro que no participaría, dado que no aportó el capital para construir la sociedad”, declaró Emaldi.

En el proyecto de Gas Sayago, dos consorcios internacionales, que ganaron por licitación, fueron los encargados de la operación de la planta y contrataron al grupo empresarial brasileño OAS para la obra civil. Esta firma luego se vio relacionada con el caso de corrupción de Odebrecht y se declaró en quiebra. Según la presidenta de UTE, en la auditoría “se señalan observaciones al proceso de adjudicación de la obra del gasoducto de OAS” y que “la empresa no acreditó los requisitos mínimos requeridos”. Se detalló que la empresa brasileña “incumplió con sus obligaciones”.

“Desde el cobro de los 100 millones de dólares hasta diciembre de 2019, en que comienza el proceso de liquidación de Gas Sayago, en lugar de dar por finalizado el proyecto se persiste durante cuatro años en mantenerlo con el objetivo de encontrar un socio, lo cual nunca se efectivizó”, subrayó Emaldi. A todo esto, agregó que algunos funcionarios contaban “con una serie de beneficios”. Dentro de ellos se encuentran: “Gastos por viajes al exterior (290.000 dólares), capacitación que incluía maestrías y posgrados (247.000 dólares), gastos de alimentación (212.000 dólares)”.

Desde la presidencia de UTE, se entiende que el proyecto “sobredimensionó” los ingresos y se “subestimaron” los egresos. También se contratará “a un profesional experto en la materia penal de probada idoneidad”.

“Pagamos una auditoría cara y recibimos a cambio un informe intrascendente”, escribió en su cuenta de Twitter la directora de UTE en representación por el Frente Amplio, Fernanda Cardona. En su fundamentación en el directorio, la directora explicó que votó negativamente la aprobación del informe remitido por PWC, en particular porque el trabajo elaborado “defrauda” sus expectativas.

Con respecto al resultado de la auditoría, la directora dijo a la diaria que se contrató a la empresa para que realizara una auditoría y, en cambio, presentó “un informe bastante magro”, que costó 300.000 dólares. Cardona agregó que el documento tiene “varios ítems donde no se cumple con nada”, tiene “secciones enteras que son presentaciones y no tienen nada de valoración, ni conclusiones ni recomendaciones”. “No tiene análisis, son datos recopilados que ya habían surgido. No aportan ningún valor agregado. La plata que gastamos me parece absolutamente dilapidada”, sostuvo.

Además, la jerarca cuestionó que la auditoría sólo contó con la información que brindó UTE y que la consultora entrevistó a quienes UTE indicó y “no entrevistó a ninguna de las personas que estuvieron tomando las decisiones que se cuestionaban”. “Son entrevistados que no tuvieron que ver en el proceso de Gas Sayago”, expresó.