Cabildo Abierto y colorados mantienen sus diferencias por artículo sobre direcciones de clubes cannábicos

El lunes 9 de agosto la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados debe empezar a votar el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo. Con esa fecha en la mira, la coalición de gobierno sigue negociando los artículos en los que aún no hay consenso dentro del oficialismo –ni para apoyarlos ni para retirarlos–, y se maneja la posibilidad de mantener una reunión el sábado para terminar de definir el tema.

El artículo 72 del proyecto, uno de los que más debate trajeron, todavía está en idas y vueltas. En su redacción original habilitaba a que el Ministerio del Interior (MI) tuviera acceso a las direcciones de los autocultivadores y clubes cannábicos, pero el martes se presentó un texto sustitutivo que dejó sólo a los últimos. Establece que “la información de la localización (dirección o ubicación) de los clubes cannábicos y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis serán de acceso, por razones de seguridad pública, al MI, a los fines de la prevención del delito”; también se le quitó la última parte, que decía “pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares”.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, compareció el martes ante la comisión y, según la versión taquigráfica de la sesión, dijo que a su cartera no le interesa “nada más” que la dirección de los clubes. Sostuvo que ese dato lo tienen “el Ministerio de Educación y Cultura, UTE y OSE”, pero no el MI, y agregó: “¿Por qué precisamos las direcciones? Una única razón: queremos saber cuáles son los ilegales. Nada más, ni nada menos. Creo que lo que buscó la ley fue, precisamente, que se instrumentara la posibilidad de legalizar para combatir al ilegal. Claramente, no lo hacemos para volantear sino para tener conocimiento. Porque cuando nuestro helicóptero anda por la ciudad y por el interior ve plantaciones y no sabemos si son ilegales o legales”.

Heber dijo que es “absurdo” que las direcciones de los clubes la tengan otros organismos del Estado y no el MI, “con la reserva del caso, no para hacer algún control de nada, ni siquiera para entrar; simplemente, para saber que hay una plantación legal de un club cannábico”. “¿Esta dirección está dentro del registro? No, no está. Entonces, es ilegal y, por lo tanto, podemos entrar. Es eso lo que queremos. Tampoco hacemos de esto el factótum de la lucha contra el narcotráfico. ¡No! Simplemente, debemos tener ese conocimiento”, insistió.

Pese a la insistencia de Heber y la modificación presentada, las posiciones sobre este artículo en los dos principales socios del Partido Nacional, es decir Cabildo Abierto (CA) y el Partido Colorado (PC), siguen esencialmente igual. En el caso de CA, que está a favor, el diputado Álvaro Perrone subrayó en diálogo con la diaria que “lo principal es el control de los clubes” y resaltó el argumento de Heber sobre el patrullaje en helicóptero. “Nosotros quedamos conformes con este nuevo artículo, así que lo apoyamos”, señaló.

Por su parte, Conrado Rodríguez, diputado del PC, dijo a la diaria que sigue con la misma duda que antes, aunque ahora con la quita de los autocultivadores “la resistencia es un poco menor”. De cualquier manera, sigue pensando que el artículo amerita una nueva redacción para que dé “más garantías”. “Que diga que cuando exista la presunción de un delito el MI deberá hacer la denuncia pertinente ante la fiscalía de turno, para que haya garantía judicial. Así, más allá de tener conocimiento de la ubicación de los clubes cannábicos, cualquier tipo de accionar de la Policía tiene que pasar por la órbita de la Justicia”, explicó.

La visión de los clubes

En los clubes cannábicos el artículo sigue sin cuadrar. La presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos, María José Miles, dijo a la diaria que “debería ser eliminado en su totalidad” porque la propuesta actual es “menos mala” que la anterior pero “sigue siendo mala”, ya que persiste la “vulneración clara a las reglas de juego que se habían establecido en un primer momento”.

Miles dijo que, en caso de que el artículo se mantenga y finalmente sea aprobado, muchos clubes cannábicos probablemente presentarán “un amparo de inconstitucionalidad”, porque el cambio violaría la irretroactividad de la ley: “Quienes firmamos una garantía de que nuestros datos no iban a ser dados, para que ahora lo sean, deberíamos firmar un nuevo consentimiento”, apuntó.

En agregado, Miles expresó que les gustaría saber cuáles son las medidas de “prevención del delito” que llevará adelante el MI, según se consigna en el artículo del proyecto, ya que “el simple hecho de que sepan” la ubicación de los clubes “no va a prevenir nada”. Puso como ejemplo que actualmente la Policía ya sabe dónde están los locales de Abitab; sin embargo, “los roban todo el tiempo”.

Fideicomiso para asentamientos y biodiésel

Sobre lo que sí hay acuerdo en la coalición es en la creación del fideicomiso para realojar asentamientos (artículos 208 al 211) con recursos que se transfieren de la recaudación de dos impuestos que antes eran volcados al Instituto Nacional de Colonización (INC). El diputado Rodríguez dijo que, a solicitud del PC, los 100 millones de pesos que se le iban a quitar al INC “van a quedar”.

Señaló que la redacción del artículo sustitutivo establece que el “Fideicomiso Integración Social y Urbana” se financiará mediante la transferencia de hasta 85.800.000 unidades indexadas (lo que equivale a cerca de nueve millones de dólares) de lo recaudado por ambos impuestos (el adicional al impuesto a las transmisiones patrimoniales sobre los inmuebles rurales, de 2006, y la sobretasa del impuesto al patrimonio, de 2013). Rodríguez explicó que ese cálculo surge del monto máximo que antes estaba previsto que se podía volcar al INC menos los 100 millones de pesos que finalmente quedarán para el instituto.

Por último, en CA aún tienen dudas –tras la reunión que la coalición tuvo el martes con el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini– para despejar sobre el artículo 156, que establece la eliminación de la mezcla de biodiésel en el gasoil. Perrone dijo que todavía hay “varias cosas arriba de la mesa”, como “hacer todo lo posible para bajar el precio del gasoil”, analizar si se pierden o no las fuentes de trabajo en Alcoholes del Uruguay (ALUR) y la situación del contrato de esta empresa con Cousa para abastecerse. Luego de todo eso, “pasando raya”, calcularán “cuánto termina bajando el precio del gasoil”, que es el objetivo del artículo en discusión. Dijo que si bien conversaron de estos temas con Paganini, quedaron “para seguir hablando”.