A pocos días de que comiencen los Juegos Olímpicos de Tokio, donde competirán 11 deportistas uruguayos, el diputado suplente del Partido Colorado (PC) Gonzalo Barceló presentó un proyecto de ley en el Parlamento para crear un tributo que grava a los usuarios de telefonía móvil, y cuya recaudación tendría como destino la financiación de deportistas de alto rendimiento y federaciones.

La iniciativa, presentada en la Comisión Especial de Deportes de Diputados y difundida por el diario El País, propone la creación del Impuesto al Consumo de Telefonía Móvil que consiste en el pago de tres pesos en “la primera recarga en el mes cada servicio”. A través de Twitter, economistas y especialistas en temas tributarios expresaron sus críticas, debido a que se trata de un impuesto con un fin específico —más allá de la pertinencia del apoyo al deporte— que “desordena” el esquema vigente en materia fiscal.

El proyecto de Barceló indica que la recaudación, que estima en 400.000 dólares mensuales, será destinada al Fideicomiso de Apoyo al Deporte de Alto Rendimiento, que será gestionada por un grupo de consejeros que representarán al sector público, las federaciones, el Consejo Olímpico Uruguayo y el Consejo Paralímpico.

Estos deberán encargarse de administrar cuatro programas con el dinero obtenido: el pago de un “salario deportivo” para “deportistas de alto rendimiento” de unos 36.000 pesos mensuales; una partida para gastos de las federaciones de unos 48.000 pesos al mes; abonar una “pensión al alto logro deportivo” de por vida a todo deportista que obtenga “una medalla de oro, plata, bronce o diploma olímpico/paralímpico”; y lo restante “se volcará para la proyección, creación y funcionamiento del Centro de Alto Rendimiento de la Secretaría Nacional del Deporte”.

En la exposición de motivos que realizó el legislador colorado, se menciona: “Uruguay necesita potenciar su política deportiva, la cual debe estar dirigida a beneficiar directamente a los actores del deporte nacional de alto rendimiento: deportistas y federaciones deportivas”.

Luego, explica que las federaciones “por su actividad cultural” están exoneradas del pago de impuestos y “sus únicos ingresos” surgen del aporte de los socios y subsidios del Estado u organismos internacionales, mientras que en otros países “las federaciones deportivas logran un financiamiento superavitario mediante los aportes de sus asociados y esponsorización”. Además, menciona que “son escasos los empresarios interesados en esponsorizar deportes de poca o escasa difusión o logros” en Uruguay.

“Para incrementar el número de deportistas uruguayos clasificados a las citas olímpicas y paralímpicas debe comenzarse por crear una política deportiva integral, siendo la propuesta del Fadar [fideicomiso] un punto de inicio para que esto se materialice, nutriendo a las federaciones deportivas de ingresos que coadyuven con sus gastos corrientes y comenzando de alguna manera a ‘profesionalizar’ el deporte de alto rendimiento en el Uruguay”, se detalla.

”Lo que no se debe hacer”

El economista Javier De Haedo, que asesoró en materia económica en la última campaña al Partido de la Gente y ocupó previamente cargos por el Partido Nacional, manifestó sobre el impuesto propuesto: “Ejemplo de lo que no se debe hacer en materia tributaria. Creación de un nuevo impuesto, cuya recaudación es afectada a un fin específico. Esperemos que no prospere y que quede en una mala anécdota”.

Gustavo Viñales, profesor del Posgrado de Especialización y Maestría Tributaria en la Universidad de la República, opinó, opinó que si bien “es imprescindible apoyar a deportistas de alto rendimiento en un país pequeño”, el hecho de “aumentar impuestos al consumo con destino específico gravando telefonía móvil es absurdo, antiguo e inexplicable el nexo”. Además, recordó la exoneración que se otorga en la Rendición de Cuentas para los canales de televisión y se preguntó: “Por qué no destinan esos fondos, que se pretende renunciar, para generar apoyos necesarios a los deportistas de alto rendimiento”.

Por su parte, el contador Marcos Soto, decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica, compartió que “el régimen tributario no debe desordenarse al compás de fines, aunque loables, demasiado específicos”. Agregó que “uno de los logros de la reforma tributaria 2007 fue simplificar nuestro régimen con la derogación de varios impuestos con fines específicos pero distorsivos”.

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