Deudores del BHU en unidades reajustables esperan que en este período se apruebe un reajuste de los colgamentos

“Declárase la nulidad de todos los saldos vigentes a la fecha de reajustes diferidos establecidos unilateralmente por resolución administrativa del Directorio del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), sin previa ley habilitante, generando los llamados 'colgamentos' no ajustándose a lo previsto en los contratos otorgados a los deudores, ni a lo fijado en los artículos 35, 38 y 39 de la Ley 13.728 [Plan Nacional de Viviendas] del 17 de diciembre de 1968”, dice el primer artículo del proyecto de ley presentado por el senador del Partido Colorado (PC) Germán Coutinho, que intenta dar solución a los deudores en unidades reajustables (UR) del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU).

En la exposición de motivos el senador señala que, a pesar de que ya se han presentado proyectos similares en otros períodos y los legisladores parecen estar de acuerdo, no se ha llegado a solucionar el problema de las personas que tomaron préstamos en UR y ahora están atados a “los vaivenes de este índice de reajuste” que es comparable con préstamos contraídos en dólares u otra moneda, señala el texto.

Pero la historia de los deudores del BHU no se inició ni en este gobierno ni en el anterior, se arrastra desde décadas atrás. Rosemarie Rosas, una de las personas que forma parte del grupo de tomadores de préstamos que buscan una modificación al cálculo de su deuda, contó a la diaria el periplo que miles de deudores transitan desde hace varios años.

Rosas aseguró que la mayoría de las personas, que estimó en 23.000 familias, pidieron préstamos al BHU entre 1980 y 1990, cuando el banco tenía un fin social. La mujer, que además es abogada, comentó que solicitó un préstamo para la construcción, por lo que le exigieron que fuera una vivienda social: “Tuve que pedir a la Intendencia de Río Negro los planos de la vivienda y con eso me dieron el préstamo”, dijo. Se trataba de una casa de 74 metros cuadrados de construcción para una pareja con tres hijos. Rosas aseguró que hubo personas que pidieron dinero con otras finalidades como ser la compra de viviendas o para hacer refacciones, “pero siempre la característica fue de préstamo social”.

Durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti (1985-1990) “la inflación se disparó y la UR aumentó de tal manera que el BHU, de forma unilateral y sin ley que lo habilitara, resolvió que la cuota se iba a dividir. Se cobró la mitad y el resto pasó para el final del crédito con intereses y en UR, esos son los colgamentos 1 y 2”, explicó. Rosas especificó que a lo que llaman “colgamento 1” es la parte de la cuota que fue dividida durante el gobierno de Sanguinetti, mientras que el “colgamento 2” son los intereses de ese resto de deuda.

Rosas dijo que en los proyectos presentados hasta ahora, incluido el de Coutinho -que está en el Senado-, anulan esos colgamentos con el fundamento de que fue “una decisión unilateral del gobierno de turno y los tomadores de préstamos no tuvimos ninguna injerencia ni posibilidad de tomar otra decisión”. A diferencia de la unidad indexada (UI), que se ajusta por el Índice de Precios del Consumo, la UR se fija en función del Índice Medio de Salarios (IMS), y en los últimos años aumentó mucho, por lo que los colgamentos subieron. A ese problema se le suma que “a partir de 2007 se reformó la carta orgánica del BHU, se le sacó la calidad de banco social y pasó a ser un banco comercial. Se generaron los fideicomisos que pasaron a la ANV [Agencia Nacional de Vivienda], que son carteras de préstamos que dio el BHU que se consideraron pesadas, por lo que los compró el Ministerio de Economía y Finanzas [MEF] y la ANV los cobra y administra. En ese momento se dejó de prestar en UR y se pasó a UI. Cuando se tomó esa medida a nosotros no se nos permitió pasar a UI. La UR como índice de reajuste de préstamos desapareció, no se puede prestar ni ahorrar en UR, pero nosotros quedamos rehenes de esa situación”, contó Rosas, y dijo que durante los gobiernos del Frente Amplio (FA) los salarios más sumergidos aumentaron mucho, “lo que está bárbaro para todos”, pero no para las personas que siguen teniendo deudas en UR. “El IMS está formado por 20 grupos de salarios con los que se hace un promedio y casi nunca coincide con el salario real”, expresó Rosas. Al aumentar los salarios aumenta el valor de la UR y la cuota de estos préstamos, sin que eso se corresponda directamente con el aumento del salario real de los deudores.

“La UR, que fue creada para protegernos de la inflación, en los últimos 15 o 20 años subió más que la inflación, por lo que no cumple con el cometido por el que fue creada. Lo que nos pasa ahora es que adquirimos una deuda que pensamos que la terminábamos de pagar en 25 años, pero los colgamentos 1 y 2 generaron otra deuda; y a los que por alguna causa no pudieron pagar por un plazo equis se les creó otro tipo de colgamentos que son las refinanciaciones”, que en este último caso sí fueron solicitudes de los deudores, “pero al ser en UR y con intereses se volvieron deudas impagables”.

Rosas estimó que hay personas a las que el préstamo se les extendió a 50 años, pero todo depende de cada caso. “El argumento del BHU es que acordamos en UR y debemos estar atados a los avatares de la UR; lo que respondemos es que lo hicimos de esa forma porque era la única manera. No había una oferta bancaria: o se sacaba ese préstamo o no tenías casa. Además, las variables no se deben a, por ejemplo, el aumento del dólar, sino a decisiones del gobierno. Los gobiernos en distintas etapas tomaron decisiones que influyeron en lo que debemos y nadie nos preguntó”, dijo. Rosas puso como ejemplo a una persona que es empleada municipal que nunca refinanció y, como le descuentan la cuota del sueldo está al día, y sin embargo cuando tomó el préstamo era 25% de su salario y en la actualidad pasó a 35%.

Una de las posibilidades que tienen en la actualidad es cambiarse a UI, pero “sin recalcular la deuda”. “Si ya tenemos una bola de nieve que no podemos pagar, para qué pasarnos de un índice a otro. El problema es la deuda que se generó”, comentó.

El reclamo

Lo que piden los tomadores de estos préstamos es que se haga “un sinceramiento de deuda”, y eso significa “derogar los colgamentos 1 y 2, reajustar los créditos al 2007 y recalcular lo que se pagó desde ese entonces hasta ahora en UI, volcando la diferencia a los préstamos”, explicó Rosas. “Lo peor es que van cambiando los gobiernos y se presentan proyectos”, contó, y aseguró que el contador Fernando Blanco redactó un proyecto cuando el Partido Nacional (PN) era oposición pero ahora que es gobierno y Blanco es director de Finanzas Públicas del MEF, dice que “era un insumo para abrir el debate”. Rosas sostuvo que no se trata de partidos políticos, porque “con el FA nos pasaba lo mismo”.

Sobre el proyecto de Coutinho dijo que están conformes y que el texto que presentó Raúl Lozano (Cabildo Abierto, CA) no les convence tanto porque condiciona el recálculo a 2007 a la tasación de los inmuebles, algo que los deudores creen que no corresponde porque con el correr de los años muchos fueron haciendo reformas, con dinero propio, y el valor de las casas aumentó: “Yo hice mi casa hace 31 años y le agregué un cuarto, un baño, todo con mi plata”, comentó Rosas, y agregó: “Lo peor de todo es que la ANV, cuando concurrió a la Comisión de Vivienda, manifestó que lo que el MEF invirtió para capitalizar al BHU cuando estaba fundido ya se pagó hasta el último peso, o sea que lo que le queda por cobrar al MEF a través de la ANV es ganancia. En lugar de volcar esa plata a Rentas Generales, ¿por qué no solucionan nuestro problema? Nosotros no pedimos que se nos cancele la deuda, sino que se haga una reliquidación. El Estado no tiene que disponer de plata, tiene que estar dispuesto a cobrar menos”, dijo.

Sobre el trámite parlamentario aseguró que les comunicaron que la idea era mejorar el texto del senador colorado y unificar ideas, porque “el senador [Óscar] Andrade del FA nos había apoyado mucho en el período anterior; es más, en el acto del 1° de Mayo de 2019 uno de los reclamos que hizo como orador fue una solución para los deudores del BHU”.

Respuestas

El 22 de junio de este año una de las deudoras, Mónica Álvarez, presentó un pedido de acceso a la información pública con las siguientes preguntas: ¿cuántos créditos en UR están activos, con deuda pendiente?; ¿qué montos en UR significan la totalidad de esos créditos, incluidos colgamentos, disgregando la información a cuántas UR se adeudan por capital y cuánto por intereses, colgamentos, intereses de colgamentos u otros conceptos?; ¿cuántos tienen colgamentos 1 y 2?; ¿cuántos tienen colgamentos de otro tipo?; ¿en cuantos años está previsto el pago total de estos créditos, al día de hoy, sin considerar refinanciaciones, ni posibles atrasos o incluso no pagos o remates?; ¿qué intereses afectan las distintas carteras de préstamos; y cantidad de carteras que están sujetas a cada uno de los intereses.

La respuesta del BHU, del 8 de julio, dice que en la actualidad hay 7.292 créditos nominados en UR dentro del activo, “cuya garantía es una casa habitación”. “El capital total de la cartera de los créditos hipotecarios dentro del activo a persona física para casa habitación nominados en UR asciende a 300 millones de dólares por concepto de capital adeudado, de los cuales corresponden 60 millones de dólares a postergación de parte de las cuotas o refinanciamientos (llamados colgamentos). Los intereses por el préstamo están ya calculados en las cuotas, razón por la cual no se puede presentar otra información que el capital adeudado, si hubiera morosidad se calcularía al momento del pago, por lo que tampoco sería conocido hoy”.

El total de clientes con postergación de de los colgamentos asciende a 103 clientes; “vale aclarar que hace diez años estos ascendían a 250 clientes. A su vez, el número de clientes con postergación de parte de la cuota del crédito, llamado colgamento 2, asciende actualmente a 625 clientes, siendo dicha magnitud hace diez años de 3.671”, dice el texto y agrega: “Los clientes con otro tipo de colgamentos ascienden a 4.283. 75% de los créditos en UR tiene un plazo para su finalización de 15 años o menos. Solamente a 130 créditos les resta un plazo superior a 20 años. Los préstamos que actualmente concede el banco tienen tasas que oscilan entre 5,25% y 6,9%. Las tasas promedio para créditos en UR es de 4,6%. Las tasas mencionadas varían de acuerdo a los siguientes criterios: calidad de ahorrista o no ahorrista, relación entre la deuda y el valor de la garantía, fuente de ingresos y plazo del crédito”.