Mientras se acerca el plazo constitucional para que el Plenario de la Cámara de Diputados se pronuncie sobre el proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo (se tratará a partir del 16 de agosto), en la tarde de este lunes –y seguramente hasta la noche– los diputados de la coalición que componen la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda se reunirán para intentar aunar posturas sobre los artículos que generaron discrepancias, ya sea modificándolos o sacándolos por completo. Así las cosas, repasamos los artículos más ruidosos.

1) Registro de clubes y autocultivadores de cannabis a disposición del MI

El artículo 72 introduce una modificación en la ley de regulación y control de marihuana (19.172), quitando el carácter de “dato sensible” de la “dirección y ubicación de los autocultivadores y de los clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis y de los respectivos lugares de plantación, cultivo y cosecha de cannabis”. El cambio tiene como objetivo que esa información sea accesible para el Ministerio del Interior (MI), “por razones de seguridad pública”, para “la prevención de delitos, pudiendo en tales casos realizar inspecciones y controles regulares”.

El secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas, Daniel Radío (Partido Independiente), fue el primero del oficialismo que se mostró en contra. Calificó la propuesta como “un error”, aseguró que sería “eliminada” de la rendición y que de mantenerse se estaría “estafando” a los usuarios. En el Partido Colorado (PC) tampoco lo ven con buenos ojos: el diputado Conrado Rodríguez señaló que el artículo no es adecuado por un tema de “garantías” y que una solicitud de información de “esa envergadura” debería “pasar por la Justicia”.

Los más entusiastas con el artículo dentro del oficialismo son el titular del MI, Luis Alberto Heber –que mañana comparecerá ante la comisión–, y Cabildo Abierto (CA), que incluso busca agregarles “control económico” a los clubes cannábicos. De todos modos, la modificación no cuenta con el visto bueno del presidente Luis Lacalle Pou, y esa es una de las razones de peso para que el diputado nacionalista Sebastián Andújar adelantara que la propuesta “está con un pie y medio afuera” del proyecto.

2) Creación de la Dirección Nacional de Zonas Francas

Dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se crea la Dirección Nacional de Zonas Francas y se suprime la Dirección General de Comercio (artículos 107 al 110). El diputado cabildante Álvaro Perrone señaló a la diaria que en este tema es donde tienen “el principal reparo”, porque entienden que la Dirección Nacional de Comercio “hace un buen trabajo” y además dentro de esa jerarquía “ya existe una Dirección de Zona Franca”.

“Hoy existen 11 zonas francas, que nuclean a unos 15.000 funcionarios. Hay dos que son de UPM y otra de Montes del Plata. Entonces, no vemos la necesidad de crear una Dirección Nacional de Zona Franca, porque ya estaba dentro de la Dirección Nacional de Comercio y hacía bien su trabajo”, insistió Perrone.

3) Eliminación de la obligación de mezclar biodiésel por parte de Ancap

En el artículo 156 se deroga el artículo séptimo de ley de agrocombustibles (18.195), de 2007, que encomienda a Ancap “incorporar biodiésel (B100) producido en el país con materias primas nacionales, en una proporción de hasta un 2% sobre el volumen total de la mezcla entre dicho producto y el gasoil de uso automotivo que comercialice internamente”. En este caso, es otra vez CA el que tranca más fuerte. Perrone dijo que en su partido les interesan “las fuentes de trabajo que se vayan a perder” y quieren “saber cuántas son”, ya que el cambio implicaría que la planta de biodiésel Alcoholes del Uruguay dejara de producir.

“Lo otro es el tema medioambiental, porque la mezcla del biodiésel baja la emisión de gases. Hay un compromiso regional. Incluso estuve mirando algunos acuerdos y tratados firmados en el Mercosur. Por lo tanto, si no hacemos la mezcla, nos traería algún tipo de reclamo”, indicó.

4) Descuento de partidas a las intendencias por gastos vinculados a asentamientos

El artículo 207 faculta al Poder Ejecutivo a “resarcirse de los costos incurridos en el desalojo y relocación de asentamientos irregulares cuando se constate la omisión de acciones o el no ejercicio del cometido de policía edilicia de parte de los gobiernos departamentales a efectos de evitar la formación de nuevos asentamientos irregulares”.

Este cambio no cayó bien en jerarcas departamentales no sólo del Frente Amplio (FA), sino también del Partido Nacional (PN). El blanco Nicolás Olivera, intendente de Paysandú, dijo que implementar una medida de ese tenor es “abrir una puerta que es brava” a “una suerte de Gran Hermano en que el gobierno nacional empiece a controlar omisiones de los deberes que tienen las intendencias”.

Mientras, el intendente de Salto, Andrés Lima (FA), sostuvo: “No es oportuno. No es el mejor camino que un artículo de tanta trascendencia para los gobiernos departamentales, porque puede afectar sus recursos, esté metido en una Rendición de Cuentas tan enorme, entre tantos artículos, como queriendo entrar por la ventana”. Además, Lima aseguró que hay “unanimidad” entre los jerarcas departamentales para reclamar al gobierno que elimine ese artículo del proyecto de Rendición de Cuentas.

No obstante, la titular del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), Irene Moreira, defendió la iniciativa. Dijo que “hay muchas intendencias que no están cumpliendo” con el rol de policía edilicia o lo están haciendo “de forma tardía”. “Si la intendencia está cumpliendo con la policía territorial, solamente con hacer la denuncia de esos nuevos asentamientos ya estarían cumpliendo y no tendrían que tener ningún problema”, subrayó.

5) Fideicomiso para realojar asentamientos con recursos de colonización

Se crea el Fideicomiso Integración Social y Urbana (artículos 208 al 211), que será administrado “por un fiduciario financiero profesional” y tendrá como objetivo “el financiamiento de los programas de integración social y urbana de los barrios en situación de vulnerabilidad con especial énfasis en el acceso a una vivienda digna de personas en situación de contexto crítico”. De esto se encargará la Dirección Nacional de Integración Social y Urbana del MVOT.

En el texto original presentado por el Poder Ejecutivo se establecía que el fideicomiso se financiaría con el total de lo recaudado por el Impuesto Adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales (creado en 2006) y la Sobretasa del Impuesto al Patrimonio (de 2013). Actualmente, lo recaudado por ambos impuestos (se estima que oscila entre 15 y 20 millones de dólares anuales por cada uno) va al Instituto Nacional de Colonización (INC).

En este caso no hay diferencias en el objetivo del fideicomiso, sino en cómo se financia. El colorado Rodríguez (de Batllistas) dijo que se debería buscar “un equilibrio” que permitiera tener un financiamiento para el fideicomiso y que los recursos que se transfieran desde el INC “no sobrepasen determinada medida”. El sábado, el sector Batllistas emitió un comunicado en el que informó que apoya la creación del “fideicomiso para avanzar en la regularización y relocalización de asentamientos, mientras se continúa estudiando su financiación”. A su vez, el también diputado colorado Jorge Alvear (del sector Ciudadanos) dijo que el PC quiere “pautas claras” para que no se “desfinancie” el INC.

Desde el PN, Andújar aseguró que ese artículo es “innegociable” y que, en todo caso, se podrá discutir si los fondos deben salir en su totalidad del INC. De hecho, la semana pasada, el MEF presentó una nueva redacción, en la que los recursos para el fideicomiso se toman sólo de uno de los dos impuestos.

6) Fondos de organismos públicos en la banca privada

El artículo 281 modifica el 453 de la Rendición de Cuentas de 1987 (15.903), estableciendo que “todos los depósitos de fondos realizados por instituciones públicas se realizarán sin excepción en los bancos autorizados por el Estado a funcionar en la República Oriental del Uruguay”. Esto implica que los organismos públicos podrán depositar fondos en la banca privada, una actividad que, según la norma actual, sólo puede ser autorizada por el Poder Ejecutivo para “casos de excepción debidamente fundados”.

En este tema, tanto CA como el PC están en contra, incluso luego de escuchar los argumentos a favor del presidente del Banco Central, Diego Labat, quien dijo que el cambio habilitaría a que hubiera competencia en un “pedazo del mercado” en que “no había”, y por eso quienes lo promueven entienden que “es sano”.

El diputado Alvear dijo que pedirán que ese artículo se retire del proyecto, porque “es perjudicial para el Banco República [BROU]”. “Da la posibilidad de que las mejores carteras se puedan quedar con la banca privada, pero el BROU, que tiene que llegar a todos lados, debe quedarse con las peores carteras, porque lo tiene que hacer”, subrayó.

En tanto, Perrone dijo que si la banca privada tiene mejores condiciones para trabajar con el Estado”, desde CA pretenden que el BROU “también mejore los productos que pueda brindar”. “De todas formas, entendemos que el banco para trabajar con el Estado es el BROU. Al momento, con las explicaciones que recibimos en la comisión, no vemos por qué motivo deberíamos cambiarlo. No encontramos una respuesta convincente como para llevarlo”, señaló.