Cristina Lustemberg es diputada por el Frente Amplio (FA), exsubsecretaria de Salud y pediatra de profesión. Su propia expertise ha orientado buena parte de su trabajo legislativo a la infancia y la adolescencia, pero también a los temas vinculados a la igualdad de género. Tras conocerse que el gobierno definió priorizar a la primera infancia en el proyecto de Rendición de Cuentas, Lustemberg celebró la decisión, pero consideró que “más importante que el monto” destinado –48,7 millones de dólares– es “la estrategia” a largo plazo, teniendo en cuenta que “cuando uno mira la evolución histórica de Uruguay, en todas las crisis los más perjudicados son los hogares con niños, niñas y adolescentes”.

En entrevista con la diaria, Lustemberg, quien lidera el sector Participar, Articular, Redoblar, se manifestó preocupada por varias de las iniciativas que están a estudio en el Parlamento, y particularmente por aquellas que pueden “colindar con otros derechos que sí ya están garantizados”, una tendencia que identifica a partir de proyectos como el de los “hijos nacidos sin vida” de Carmen Sanguinetti (Partido Colorado) y Carmen Asiaín (Partido Nacional), el de empoderamiento del diagnóstico de síndrome de Down, también de Sanguinetti –que contó con el apoyo de todos los partidos–, y los proyectos de tenencia compartida preceptiva, un tema “de prioridad para la coalición de gobierno y particularmente para el presidente”.

La prioridad de gasto en esta Rendición de Cuentas será la primera infancia. Se estima destinar una partida anual de 48,7 millones de dólares para esta área. ¿Es suficiente el monto?

Lo primero que hay que decir es que es una buena noticia. Entendemos que en el curso de la pandemia, con los indicadores sociales y económicos que tenemos, la inversión social en líneas generales tendría que haber sido mucho mayor que lo que es. Específicamente sobre el tema primera infancia queremos ver bien cómo se va a destinar ese monto y desagregar bien cada uno de los articulados. Nosotros presentamos en la administración anterior la ley de garantías para la primera infancia y ahora está en la Comisión de Población y Desarrollo. Esa ley lo que hace es darle un marco de transversalidad a una política que tiene que ser multidimensional, integrada y no fragmentada, como sucede ahora. Nosotros en los gobiernos del FA hicimos muchísimo también en políticas de primera infancia, sobre todo en lo que tiene que ver con el incremento del gasto público social. Al día de hoy 90% de la pobreza está concentrada en hogares donde hay niños y adolescentes y, sobre todo, son hogares monoparentales. Por eso es que nos parece muy bien esta decisión en una situación de pandemia, con todas las connotaciones que tiene la Rendición de Cuentas. Si uno analiza la inversión del gasto público social, Uruguay es uno de los países que menos han destinado recursos. Que en esta Rendición de Cuentas haya esta noticia no es menor, pero hay que ver que las acciones no sigan siendo dispersas, que tengan un eje de multidimensionalidad. Hay que ver si ese aumento tiene que ver con una transitoriedad o van a ser reformas estructurales que prioricen los hogares donde hay niños, niñas o adolescentes.

¿Por qué es importante invertir en esta población?

Primero porque es un tema ético, es un tema de derechos, pero también por otras perspectivas que son muy importantes. Las políticas de infancia tienen que estar atravesadas por una mirada de derechos en salud sexual y reproductiva siempre, y de mirada de género. Pero también hasta hay razones conceptuales del retorno de la inversión económica. No quiere decir que nunca haya que dejar de invertir en la vida de nadie porque en la etapa de mayor adultez siempre hay neuroplasticidad y también se trata de un tema ético, pero cuando uno asigna recursos públicos, tiene que ver dónde tiene la mejor tasa de retorno de la inversión. James Heckman, un economista conservador de la Universidad de Chicago, ganador de un premio Nobel de economía, publicó un estudio que demuestra que por cada dólar que se invierte en la primera etapa de la vida ese individuo, al llegar a los 18 años le retorna a la sociedad en trayectoria educativa, en mejores indicadores de integración social, seguridad y, por ende, de productividad. Siempre invertir en las personas es la mejor inversión y no es un gasto, pero hay que saber que hay etapas, como la infancia y la adolescencia, que es donde mayor retorno vamos a tener. Para nosotros lo de primera infancia en la Rendición de Cuentas es una buena noticia, pero más importante que el monto es ver la estrategia. ¿Cómo van a ser los planes? ¿Qué metas de evaluación de impacto hay? En el tema primera infancia, si uno no tiene una mirada de la autonomía económica de las mujeres ni una mirada de género, no tiene impacto. Los niños dependen de la multidimensionalidad, por eso es importante pensar en el acceso a la salud mental, al mundo del trabajo, a la vivienda, a los servicios de salud y a toda la matriz de protección social. 

Se prevé crear un equipo de coordinación para elaborar los lineamientos de esta política pública y entre las instituciones nombradas no figura el Ministerio de Salud Pública (MSP). ¿Qué opinás de esta ausencia?

En una política de primera infancia es fundamental que el MSP esté en cualquier tipo de gabinete de coordinación que se cree. Que no esté el MSP es algo que, desde mi modesta opinión, hay que corregir para ir hacia una política universal de primera infancia, que requiere acciones en que el MSP esté para atender alteraciones del desarrollo y para brindar cantidad de prestaciones. El resto de los prestadores también tienen que dar respuesta, no puede ser sólo ASSE ni desde los efectores públicos.

En la exposición de motivos el gobierno sostiene que se requiere consenso para desarrollar esta política pública a largo plazo. Con el proyecto de la ley de garantías para la primera infancia, la infancia y la adolescencia, que está a estudio en la comisión, has intentado impulsar un acuerdo multipartidario. ¿Con qué dificultades te has encontrado?

Nosotros estamos construyendo ese acuerdo. En la legislatura anterior tuvimos mucha discusión, porque es una ley muy avanzada en políticas públicas y cambia la lógica: la asignación de recursos es de manera sectorial y con una mirada transversal. Después otra cosa que aprendí es que nos agarró la etapa electoral. Hay temas que son estructurales del país y que hay que intentar despegar de las lógicas electorales. Yo creo que los temas de infancia y adolescencia, vivienda y trabajo tendríamos que despegarlos un poco y lograr trabajar en cada uno con quienes estuvimos en el gobierno –aportar qué cosa funcionó y qué no– y quienes fueron electos democráticamente y tienen la capacidad de decidir, pero también de escuchar y lograr consenso. Nosotros desarchivamos el proyecto y ahora está en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados y quedamos en un acuerdo político para darle prioridad después de la Rendición de Cuentas. El FA generó consensos en algunas dificultades que teníamos en el diseño, en darle una mirada más multidimensional, y ahora hicimos un comparativo entre el proyecto anterior y el actual y lo pusimos a consideración de todos los legisladores de la comisión. La ley genera una estrategia país, con medidas a corto, mediano y largo plazo, porque en esto sí hay que saber que no se resuelve de un día para el otro, requiere mucha generosidad política. Los niños no votan, y por eso el gasto social en Uruguay siempre ha tenido un sesgo proadulto, por más que ha aumentado en los últimos años, por múltiples cosas, pero requiere mucha generosidad política, porque muchas de estas acciones uno las va a ver a corto plazo, pero la mayoría son las que se van a ver a mediano y largo plazo.

¿Cómo evaluás las políticas que ha tenido el gobierno, en general, en temas de primera infancia?

Ahora en la Rendición de Cuentas justamente vamos a hacer un balance de lo que trabajamos en el presupuesto, todo lo que tiene que ver con el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU], el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] y los ETAF [Equipos Territoriales de Atención Familiar], los equipos de cercanía y acompañamiento familiar. Uruguay tiene cifras altísimas de niños institucionalizados en la órbita del INAU por diferentes características, pero lo que no podemos hacer es que el Estado se aleje del territorio. Los temas de primera infancia lo que nosotros creemos es que tienen que ser una política universal, porque imagínense para una mujer trabajadora, del quintil dos, si no tiene garantizado un servicio de cuidados, un servicio de educación inicial de primera infancia por parte del Estado, el costo [que esto tiene] sobre su salario. Por eso las políticas de Estado no pueden estar desagregadas de un análisis global que queremos ir haciendo sobre cuánto estamos invirtiendo en el Sistema de Cuidados, en políticas de empleo, porque si algo ha dejado en evidencia la covid-19 son las desigualdades que hay. Con una desigualdad tan estructural las mujeres volvemos a tener situaciones de limitación de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, a la salud integral, al empleo, a la participación. Realmente creo que los hogares con niños y adolescentes y las mujeres hemos sido, entre toda la afectación que puede tener cualquier grupo etario, los más perjudicados como grupo poblacional. Entonces vamos a ver cómo el INAU está invirtiendo en políticas sociales de primera infancia, el Mides, si los equipos de acompañamiento familiar a nivel territorial están siendo fortalecidos o retirados del territorio, el tema de las transferencias monetarias. Nosotros queremos hacer un análisis muy exhaustivo, para siempre hacer propuestas desde el punto de vista propositivo, pero sí entendemos que en políticas sociales tiene que haber una inversión mucho mayor que la que venimos haciendo, porque ya veníamos con un déficit de inversión en políticas sociales –que habían aumentado mucho en los gobiernos del FA–, pero en el marco de una crisis socioeconómica tan grande tiene que haber un impacto mucho mayor, porque cuando uno mira la evolución histórica de Uruguay en todas las crisis los más perjudicados son los hogares con niños, niñas y adolescentes.

En los últimos meses han surgido varias iniciativas impulsadas por legisladoras de la coalición vinculadas a la gestación y se basan, en gran medida, en experiencias personales. ¿Qué opinás de este abordaje legislativo?

Yo estoy en desacuerdo con legislar por temas particulares. Creo que cuando uno legisla tiene que dar el marco normativo para que después se desarrollen determinadas políticas públicas en que el Estado sea garante de derechos. Yo veo que nos saca algo de raciocinio a la hora de legislar. Todos esos proyectos los estamos evaluando y estudiando en profundidad –el de Asiaín y Sanguinetti sobre nacidos sin vida, el de Luz del Cielo “En tu nombre”, el del diagnóstico de síndrome de Down, también de Sanguinetti con la anuencia de Liliam Kechichian [FA] y Raúl Lozano [Cabildo Abierto]–. Me pasa que hay determinadas cosas que no se pueden legislar por casos particulares, y en eso hay que ser muy cuidadosos porque puede colindar con otros derechos que sí ya están garantizados. Creo que en esa tendencia hay que ser muy cuidadosos y como tal los estamos examinando.

¿Se corre riesgo de volver a reinstalar la discusión sobre el concepto de vida desde la concepción?

Claro que sí. Eso Uruguay lo tiene más que saldado con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, con la Ley de Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva, con discusiones hasta con referéndum mediante. Con estas concepciones, uno puede ver un retroceso en ese marco normativo. Lo mismo pasa con los proyectos de tenencia compartida.

¿Cómo evaluás esas iniciativas?

Esas iniciativas colindan con los derechos del interés superior del niño y seguir legislando a propósito de un caso en particular también es lo más alejado a un Estado de derecho. Sobre el interés superior del niño hay cosas ya garantizadas en los marcos legislativos vigentes. Creo que eso generaría un retroceso importante en el marco legislativo que hoy tiene Uruguay, no me cabe la menor duda.

Asiaín incorporó algunos cambios a la iniciativa tomando los comentarios de la directora de Inmujeres, Mónica Bottero, y del juez Eduardo Cavalli. ¿Te parece que subsanando algunos aspectos, o explicitando que se busca el interés superior del niño, el proyecto es viable?

Es que eso ya existe. Creo que cada juez hoy, antes de tomar su decisión, tiene en cuenta el interés superior del niño. A veces no entiendo por qué no nos preocupamos por un tema que Uruguay sí tiene y es que ambos padres a veces, y sobre todo los padres, no aportan para la manutención económica de sus hijos.

Organizaciones sociales han dicho que precisamente estos proyectos son una forma de intentar esquivar el pago de la pensión alimenticia.

Es así. Por eso, nosotros en esto no tenemos duda de que es un franco retroceso. A veces legislar de acuerdo a compromisos electorales genera estas dificultades. Es un proyecto que es de prioridad para la coalición de gobierno y particularmente para el presidente.

Otro de los proyectos que están a estudio en este momento, en la Comisión de Salud de Diputados, es el de eutanasia y suicidio médicamente asistido de Ope Pasquet. ¿Tenés una opinión sobre este proyecto?

Lo estamos discutiendo. Primero tenemos la prioridad de sacar adelante el proyecto de cuidados paliativos, porque es un proyecto por el que ya hay una política pública diseñada y hay dificultades en el acceso a 100% de los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea que hay que mejorar mucho en la efectividad. Por eso ese proyecto lo firmamos los integrantes de todo el sistema político. El tema de la eutanasia es de los más discutidos en el mundo, con muchas connotaciones filosóficas, personales, religiosas, muy complejas; entonces, estamos tratando de convocar a instituciones académicas de la sociedad civil, y nos va a llevar más tiempo la discusión de este proyecto. Creo que expresa la necesidad de tener un marco normativo, pero hay que llegar a un marco normativo que sea laudado por el sistema político como expresión de la sociedad, la sociedad misma, la evidencia de otros lugares del mundo, nuestro marco legislativo. Hay muchos legisladores que tenemos interés en trabajar en el tema, pero es un proceso que nos va a llevar más tiempo.

Pero filosóficamente, ¿estarías de acuerdo con la eutanasia?

Yo estaría de acuerdo con un marco garantizado y que no colinde con otros derechos.

Así como está el proyecto hoy todavía no te animás a decidir tu voto.

Creo que tiene que tener modificaciones, y todavía tenemos que nutrirnos de escuchar a otros actores de diferentes ámbitos. Pero estamos trabajando para que ese proyecto tenga viabilidad.