OSE informó el miércoles sobre la aprobación por parte del directorio de la empresa de una iniciativa privada “histórica” para obras de saneamiento que implicarán casi 1.000 millones de dólares en inversión. Según informó la compañía, las obras permitirán intervenir en más de 120 localidades y harán acceder a más de 560.000 uruguayos al saneamiento.

Ahora el proyecto entrará en la fase de estudio de factibilidad, que lleva unos seis meses. Luego de esto y en función de los resultados de estos trabajos previos, se adoptará una decisión definitiva, y en caso de ser favorable se llamará a licitación. El consorcio que propone el proyecto está integrado por las empresas constructoras Saceem, Ciemsa, Teyma y Fast.

Según informó el semanario Búsqueda, entre las principales fuentes de financiamiento del proyecto se mencionan 655 millones de dólares de organismos multilaterales de crédito, 130 millones de un programa de emisión de obligaciones negociables, 127 millones de créditos amortizables de bancos locales y 27 millones de créditos renovables de bancos locales. En tanto, el Estado deberá subsidiar 41 millones anuales durante aproximadamente 20 años, los primeros cuatro a través de OSE y luego por el gobierno nacional.

El presidente del ente, Raúl Montero, dijo a la diaria que el proyecto se justifica en que “la realidad actual es que OSE tiene 50% de cobertura de saneamiento en el interior del país” –aclaró que el saneamiento en Montevideo está a cargo de la Intendencia–, lo cual hace que sólo la mitad de los ciudadanos tengan acceso a dicho servicio fuera de la capital. “Ahora un grupo de empresas se unió para presentar una propuesta mediante un mecanismo de iniciativa privada para subir esa cobertura a 88%. Eso afectaría a unas 650.000 personas y se intervendría en unas 124 localidades del interior con más de 2.000 habitantes”, apuntó.

Por otra parte, destacó que la obra no sólo comprende redes de saneamiento, necesarias para recolectar las aguas servidas de las viviendas, sino también plantas de tratamiento de líquidos residuales. En cuanto al financiamiento, Montero señaló que “está pensado que esos nuevos ingresos futuros, generados por la misma obra, solventen ese monto inicial que se necesita para encararla”.

Reparos conceptuales y legales

El presidente Luis Lacalle Pou celebró la noticia dada por OSE en Twitter, donde manifestó que “avanza un proyecto importante para la salud humana y el cuidado del medioambiente”.

Sin embargo, desde la oposición no se vio con buenos ojos la decisión, y la votación no contó con el apoyo del director de OSE en representación del Frente Amplio, Edgardo Ortuño, quien en la misma red social hizo algunos cuestionamientos. “Otra oportunidad perdida de concretar acuerdos amplios para impulsar obras país cuyos efectos y pago millonario trasciende largamente esta administración”, escribió.

Para Ortuño, con esta iniciativa, “en lugar de fortalecer” a la empresa estatal en recursos y personal, “se traslada fuera la ejecución y operación de obras millonarias, que encierran el peligro de privatizar el saneamiento cediendo a un único consorcio obras de construcción que pueden ejecutar diversas empresas, fruto de procesos competitivos liderados y operados por el Estado como manda la Constitución”.

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) resolverá en una reunión este viernes los pasos a seguir, pero, en principio, solicitará información sobre el proyecto a la empresa y al Ministerio de Ambiente, según dijo a la diaria el presidente del sindicato, Gustavo Ricci. El dirigente dijo que lo que se conoce hasta ahora en la organización “son los titulares de prensa”, pero adelantó que “hay un reparo conceptual y legal” respecto del proyecto en cuanto al papel que deberían adoptar los privados en la gestión del saneamiento.

Ricci destacó que el artículo 47 de la Constitución de la República, “que fue producto del plebiscito de 2004, es bien claro en ese sentido”, y citó un fragmento del artículo: “El servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales”. En ese sentido, indicó que “los privados pueden presentar propuestas de financiamiento de obra”, como “ha pasado toda la vida”, y “pueden hacerse cargo de la ejecución de la obra”, pero “cuando termina la obra, la gestión tiene que ser parte de una personería jurídica estatal”.

Por otro lado, el dirigente sindical afirmó que esta inversión es “recontra necesaria” a los ojos del sindicato, que ha “cuestionado que el porcentaje de cobertura del saneamiento en el interior del país es bajísimo comparado con el porcentaje de agua potable”, por lo que la expansión “indudablemente” aporta “a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía”. No obstante, sostuvo que no queda “claro cómo se va a financiar, porque OSE como empresa pública, tomada como una unidad ejecutora exclusiva, no tiene dinero como para afrontar una obra de esta envergadura”.

Consultado sobre los cuestionamientos de FFOSE, Montero afirmó que “por ahora” se está “pensando en un contrato que implique la construcción” de la obra en cuestión. “Lo que nosotros vamos a contratar va a ser la ingeniería. OSE hace muchísimo tiempo que no hace redes importantes de saneamiento, contrata empresas, porque no tiene capacidad de construcción por sí misma, no por falta de capacidad de sus técnicos sino porque no tiene la cantidad de técnicos necesarios”, argumentó.