Dos artículos del proyecto de Rendición de Cuentas enviado por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados para su discusión provocaron un nuevo debate político en las últimas horas. Se trata de los artículos 7 y 286, ambos vinculados a salarios de funcionarios públicos. El primero de ellos dispone un aumento de remuneraciones para los adscriptos de los directores generales de Secretaría de los ministerios, que son 18, mientras que el segundo refiere al ajuste salarial del presidente de la República.

Concretamente, en 1992 se estableció que los directores generales (terceros mandos de cada ministerio) pueden “contar con la colaboración de un funcionario público con un año de antigüedad” en la administración pública, y ese adscripto puede tener un “complemento de su remuneración” de hasta 85% del salario del director general de Secretaría. El artículo 7 de esta Rendición de Cuentas cambia una disposición de hace prácticamente una década, cuando en 2012 se estableció un aumento del salario de los ministros de Estado y se indicó que los directores generales de Secretaría ganarían 70% de ese monto. En aquella instancia se reiteró que el tope de lo que puede ganar un adscripto es de 85% del sueldo del director, pero se estableció que ese porcentaje sería a valores de los sueldos de 2010.

Ahora, con la redacción propuesta, los adscriptos pasarían a ganar hasta 85% del sueldo actual de un director general de Secretaría, es decir, se eliminaría la relación con los valores de 2010. Fuentes del oficialismo indicaron a la diaria que actualmente el tope del salario nominal de los adscriptos supera los 100.000 pesos, y de aprobarse el nuevo texto podrían obtener un aumento de más de 60.000 nominales. En total, los adscriptos de los directores generales de Secretaría son 18 personas, una por cada ministerio, excepto en los de Economía y Finanzas, Educación y Cultura, Salud Pública y Desarrollo Social, que tienen dos cada uno.

Desde el gobierno interpretan que lo que se hace con esta nueva redacción es corregir la ley promulgada en 2012, mientras que desde la oposición critican que, en medio de los problemas económicos que atraviesa el país, se eleve el sueldo a 18 personas que trabajan en los ministerios.

El diputado del Partido Nacional Sebastián Andújar, que integra la Comisión de Hacienda integrada con Presupuesto, dijo a la diaria que para tener “a los mejores” en cada función gubernamental “se necesitan las retribuciones que los cargos ameritan”. “El cargo de adscripto del director general de Secretaría amerita tener una retribución acorde”, expresó.

Otro diputado nacionalista integrante de la comisión, Álvaro Viviano, recordó a la diaria que en la ley de urgente consideración se “intentó resolver” el desacople generado con la normativa de 2012, algo que no se logró, y ahora “se ajustan algunas cuestiones”. “Me parece que no entraña, en principio, un impacto económico de significación”, dijo Viviano, quien agregó que durante el primer año de gobierno se redujo el número de todos los adscriptos que hay en las distintas dependencias del Estado, lo que generó “un ahorro importante”.

“No obstante, valoraremos en la discusión parlamentaria la pertinencia o no del artículo”, adelantó el diputado, y añadió que cabe la posibilidad de quitarlo en caso de que la bancada de diputados de la coalición interprete que no es el momento de aprobar un aumento salarial para estos 18 funcionarios.

Por su parte, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos dijo a la diaria que esta “es una medida inconveniente y a contrapelo de lo que pasa con el resto de los funcionarios públicos y privados”. Concretamente, manifestó que este artículo no debería aprobarse “en momentos en que está cayendo el salario real de los empleados públicos y cayó también el salario real de los privados”, además de que “las pasividades, como se ajustan por el Índice Medio de Salarios, están perdiendo poder adquisitivo”. “Hacer aumentos de este orden para un conjunto de asesores del riñón del gobierno nos parece que no es una medida razonable que podamos acompañar”, apuntó.

El presidente ajusta

En la Ley de Presupuesto se incluyó un inciso que marcaba que los funcionarios públicos que reciben una remuneración superior a la de un ministro no tendrían ajustes salariales, a excepción de los trabajadores del Poder Judicial y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No obstante, en el artículo 286 de la Rendición de Cuentas se establece que se incorpore al presidente a estas excepciones.

Con respecto a este tema, Viviano expresó que con la nueva redacción se intentará corregir el “error” de no haber puesto al presidente entre las excepciones a los incrementos nulos. Según dijo, la Ley de Presupuesto “intentó poner orden en algunas remuneraciones que estaban fuera de control” y que no son de la administración central, pero debió incluirse al presidente entre las excepciones.

Sobre este artículo, Olmos dijo que “como criterio general es absolutamente razonable que el presidente tenga aumentos de acuerdo a la evolución de los salarios de los públicos”, pero “es muy llamativo” que en esta Rendición de Cuentas se cambie una disposición de una ley aprobada en 2020. “Es algo que propuso el Poder Ejecutivo y ahora, un año después, se cambia el criterio”, cuestionó.

“Hicieron el discurso de la austeridad y del compromiso del gobierno congelando los altos salarios, y ahora se exceptúa el del presidente. No se entiende mucho cuáles son las razones por las cuales hace siete u ocho meses, cuando se votó el Presupuesto, entendía el Poder Ejecutivo que tenía que congelarse ese salario y ahora cambia el criterio”, dijo y cuestionó que “a todos los demás funcionarios públicos que ganan más que los ministros se les va a seguir aplicando el mismo criterio”, entonces, “¿por qué al presidente no?”.