Una de las novedades que surgieron de la interpelación del miércoles al ministro Luis Alberto Heber por la extensión de la concesión en el puerto a Katoen Natie fue la confirmación de que el gobierno impulsará la creación de un nuevo ente a nivel portuario, que funcionará como órgano asesor de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y el Ejecutivo. La idea se venía trabajando a la interna de la coalición luego de una propuesta del Partido Colorado (PC), que si bien respaldó al jerarca tuvo sus reparos con la negociación –al igual que Cabildo Abierto (CA)– y pidió generar una nueva regulación.

El organismo se denominará Unidad Reguladora de Servicios Portuarios (URSP) y será un servicio descentralizado con independencia técnica, si bien se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP). El proyecto de ley –al que accedió la diaria– detalla que se encargará de asesorar sobre el control de las tarifas portuarias, así como de la vigilancia de las operaciones en las terminales especializadas y los muelles públicos.

Dentro de las varias polémicas que desató el acuerdo entre el gobierno y Katoen Natie está el hecho de que a través de un decreto se le aseguró a la multinacional belga la prioridad para el despacho de buques portacontenedores en su terminal. Esto va en desmedro de los muelles públicos, donde opera la firma Montecon, competidora de Katoen y desde hace unos años la que más movimiento acapara.

Esta última empresa ha cuestionado la legalidad del acuerdo y lo recurrió por vía administrativa. Según supo la diaria, Montecon esperará los plazos legales y en octubre llevará el caso al Tribunal de la Contencioso Administrativo (TCA) en busca de un dictamen favorable a sus intereses, que haga caer los decretos y, por ende, el acuerdo entre su competidora y el gobierno.

Pero también Montecon se vería regulada en su actividad en los muelles públicos con este nuevo proyecto, ya que el artículo 8 plantea: “El Poder Ejecutivo, con el asesoramiento de la URSP, podrá determinar restricciones o limitaciones a la actividad de aquellos operadores que no se encuentren habilitados por un contrato de concesión, a los efectos de que los concesionarios alcancen la escala necesaria para maximizar su eficiencia”. De otra forma, esto ratifica la preferencia para la terminal especializada de contenedores de Katoen.

En el Frente Amplio (FA) han planteado como una de las principales críticas al acuerdo que consagra un monopolio en el despacho de contenedores para Katoen Natie. En la exposición de motivos del proyecto del oficialismo, se plantea que la nueva entidad “asesorará técnicamente a la ANP a los efectos de asegurar el control de monopolios de hecho cuando la competencia no fuere posible”; lo que señala se desprende del artículo 13 de la ley de puertos de 1992.

El senador Charles Carrera, que lideró la interpelación del FA a Heber, sostuvo que esta propuesta “es la prueba de las ilegalidades cometidas” con el acuerdo por parte del gobierno. En diálogo con la diaria, señaló que a su juicio el artículo 8 del proyecto “tira abajo” la ley de puertos y “el rol regulador de la ANP”. Adelantó que la oposición no comparte el contenido del proyecto, porque hay disposiciones que “tienen nombre y apellido”, por aludir a las empresas que hoy compiten en el puerto.

“Se necesita ese artículo para poder garantizar el monopolio, y con ello se intenta legalizar lo ilegal”, subrayó Carrera. La iniciativa “busca subsanar las arbitrariedades cometidas, pero no logrará su objetivo, porque expone al Estado uruguayo a una situación cada vez más endeble”, finalizó.

La URSP también tendrá dentro de su campo de acción el asesoramiento al Ejecutivo para “establecer regímenes específicos de funcionamiento de las terminales portuarias otorgadas bajo el régimen de concesión, con la finalidad de incentivar la actividad” en esas áreas del puerto.

Tarifas e integración

En la exposición de motivos se detalla que “el asesoramiento de la entidad a crearse tiene como objetivo principal el monitoreo y evaluación de las tarifas a efectos de que las mismas reflejen los costos del servicio y contribuyan a una competitividad eficiente”.

Una fuente del gobierno explicó a la diaria que “la potestad tarifaria” en todos los recintos del puerto la tiene el Poder Ejecutivo, según el artículo 7 de la ley de puertos, y con el nuevo ente se busca “mejorar la competitividad tarifaria” estableciendo un control técnico. Añadió que entre las posibles opciones estuvo incluir dentro del área a regular por la nueva figura toda la cadena logística, pero finalmente se optó por reducirla al ámbito portuario.

Un mayor control respecto de los precios que paga la mercadería que pasa por el puerto es un reclamo que viene manteniendo hace tiempo la Unión de Exportadores.

Por otra parte, el nuevo organismo contará con un directorio de tres integrantes, que se designará a propuesta del Ejecutivo y previa venia del Senado, con el apoyo de tres quintos de los componentes. El período en el cargo será de seis años y cobrarán igual que los jerarcas de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua. “Los integrantes del directorio no podrán tener vinculación profesional –directa o indirecta– con directores, síndicos o personal gerencial de operadores alcanzados por la competencia de la entidad”, contempla.

A su vez, se indica que en las próximas instancias presupuestales se brindarán “los créditos correspondientes a los efectos del debido funcionamiento” de la URSP.