En abril de este año ingresaron al Senado dos proyectos sobre tenencia compartida, uno redactado por el Partido Nacional (PN) y otro por Cabildo Abierto (CA), que se unificaron en julio, después de algunos meses de discusión e intercambio con delegaciones y expertos. El tema surgió impulsado desde la sociedad civil por organizaciones de padres -varones en su mayoría- y tiene el respaldo del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, que en 2016 presentó una iniciativa similar, elaborada por el colectivo Todo por Nuestros Hijos. En junio de este año, el mandatario se tomó una foto sosteniendo una remera con la leyenda “¡No más hijos huérfanos de padres vivos! ¡Tenencia compartida ya!”, en medio de cuestionamientos de múltiples organizaciones sociales y especialistas en temas de infancia y género.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, dio su opinión sobre la iniciativa en una entrevista con la diaria que se publicará completa en la edición de Fin de Semana. Si bien aclaró que todavía no estudió la versión unificada, señaló que manifestó algunos reparos a los legisladores a cargo del proyecto -Carmen Asiaín y Graciela Bianchi, del PN, y Guido Manini Ríos, Guillermo Domenech y Raúl Lozano, de CA-, a quienes pidió tener especialmente “en cuenta cuando hay denuncias de eventual abuso sexual o violencia sexual”.
Uno de los puntos más criticados del proyecto tiene que ver con la falta de garantías cuando median denuncias por violencia entre los progenitores, dado que se busca mantener el derecho del presunto agresor a mantener la tenencia. La nueva redacción mantiene este espíritu pero deja la decisión en manos de la Justicia, que deberá determinar “la necesidad de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”, y mantiene las visitas “en lugares públicos”, con presencia de terceros, en reparticiones estatales “o de cualquier otra forma que a criterio del Tribunal garantice la protección de la integridad física y emocional de los niños, niñas y adolescentes”.
“Lo único que yo pedí, porque soy respetuosa del trabajo de los legisladores que están en las comisiones, fue tener en cuenta cuando hay una denuncia de eventual abuso sexual o violencia sexual, porque ahí me parece que no puede haber la más mínima duda de que lo que hay que preservar, sin lugar a dudas, es alejar al niño de una eventual constatación”, sostuvo Argimón. Por otro lado, manifestó que “hay que ser muy cuidadosos con este tipo de proyectos de ley” porque “muchas veces el marco genérico pierde de vista situaciones que son delicadas y hay que darle al juez también las posibilidades de considerar la casuística”.
La vicepresidenta opinó que “está bueno que se dé el debate”, independientemente del resultado final. “Si hay algo que está bueno que en la vida parlamentaria se dé son los debates sobre temas que afectan, en este caso, a los más chiquitos”, porque “el mundo adulto no siempre está a la altura de lo que los niños precisan”, consideró. Afirmó que “los primeros proyectos de ley tenían que tener ajustes”, pero igualmente “se debe considerar si hay algunas señales que vienen de la sociedad de eventuales injusticias”. “Así como es verdad que hay situaciones muy duras para las mujeres, yo en este lugar siempre me puse en la situación de los más chiquitos, y ahí es donde también ves muchas veces niños a los que en la decisión se los separa de todo un entorno familiar”, apuntó.
Consultada sobre si el tema de la tenencia compartida es prioritario para ella, como lo es para Lacalle Pou, respondió que su prioridad “es que haya una norma que atienda las situaciones que puedan ser injustas. Porque creo que [ahora] tenemos normativas que amparan a las mujeres en temas de violencia, que antes no teníamos, y que hoy hay una madurez en temas que tienen que ver con el niño como centro, que han hecho que la propia sociedad haya tenido que cambiar”, argumentó. Asimismo, sostuvo que “difícilmente un proyecto de ley que salga tal cual entra, así que hay que esperar el debate”.
Redacción cuidadosa
Argimón también se refirió al proyecto sobre “hijos nacidos sin vida” que elaboraron Asiaín y Carmen Sanguinetti, del Partido Colorado, y que está a estudio de la Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión de la cámara alta desde junio. La iniciativa reconoce el “derecho de los progenitores a optar por la inhumación o cremación de sus hijos nacidos sin vida”, en cualquier etapa de la gestación, así como la consiguiente obligación de las autoridades competentes de posibilitarla.
Para la vicepresidenta, el espíritu del proyecto es “muy bueno” en el sentido de que “es verdad que hay muchas mamás o familias que sienten la necesidad, cuando pierden un bebé, de dar un cierre de esa forma”, y “si eso le hace bien a esa mamá o a esa familia está bien que se les permita hacerlo”. No obstante, reconoció que hay reparos de organizaciones sociales, así como de especialistas en ginecotocología, sobre el alcance de la legislación propuesta, que excede lo que la normativa vigente define como muerte fetal, y dijo que les pidió a las legisladoras que “fuera precisamente algo que se considerara en la discusión, si era necesario el límite o no”, así como “que fuera muy cuidadosa la redacción”. Asimismo, señaló que se debería tener en cuenta que son “situaciones bien distintas cuando tú optás por terminar con tu embarazo y cuando perdés un embarazo”.