La empresa estatal Ancap, a través de su subsidiaria Ducsa, presentó ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un recurso de inconstitucionalidad contra la tasa de inflamables, un pago que realiza a la Intendencia de Montevideo (IM) por el traslado de material peligroso. Desde la comuna se prepara una respuesta y argumentación en defensa de la tasa, ya que no se entiende que sea válido el planteo de que es un pago por parte de un contribuyente sin una contraprestación, como sostuvo el presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic.

En el precio final en el surtidor, dentro de los impuestos que forman parte del valor de los combustibles aparece la tasa de inflamables, según presentaciones realizadas por Ancap. De acuerdo al balance del primer semestre que divulgó la empresa, 1% del total de deducciones sobre el precio en surtidor corresponde a esta tasa y otra que va con destino a la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). En el semestre ambas tasas contabilizaron 257 millones de pesos.

Ese dinero es recaudado por Ancap y trasladado a la comuna, pero el ente petrolero presentó un recurso de inconstitucionalidad para evitar el pago al entender que no hay contraprestación ni control alguno por parte de la IM, consignó el domingo el diario El País. Según supo la diaria la IM se encuentra elaborando una respuesta al planteo de inconstitucionalidad, en la que dará los argumentos por los que entiende válido el cobro. Entre otras cuestiones, se planteará que hay controles sobre los camiones que transportan material peligroso —aunque se reconoce que en parte cambiaron las condiciones, porque hoy Ancap tiene estándares más altos para el ingreso a la refinería— y que existe un fallo de hace varias décadas atrás que ratificó la constitucionalidad de la tasa.

El método actual de cobro de la tasa de inflamables establece un porcentaje que se va reduciendo de forma gradual cada año, en línea con lo antedicho sobre la mejora en los estándares que exige Ancap. En el último presupuesto de la IM se previó un pago por parte del ente —único contribuyente que abona esta tasa— de 480 millones de pesos, cuando el año pasado el monto fue de 520 millones de pesos. Stipanicic, presidente de la empresa estatal, explicó que la tasa implica entre 11 y 12 millones de dólares al año y consideró que se trata de “un impuesto encubierto”, porque “supone un gravamen por el que ni Ancap ni la población recibe una contraprestación”. Según dijo, la incidencia del tributo es de 0,34 pesos en cada kilo de supergás y de 0,25 pesos en cada litro de nafta o gasoil.

El jerarca manifestó a radio Universal que el año pasado se encargó a la división jurídica un estudio acerca de la tasa de inflamable, y se delineó “una estrategia judicial” para buscar eliminar ese pago. Contó que, cuando asumió, la intendenta Carolina Cosse mantuvo un contacto directo para buscar una solución, y luego hubo diálogo entre la gerencia general de Ancap y la secretaría general de la IM. “Eso no prosperó, no vimos que hubiera voluntad de acordar una reducción acelerada de la tasa de inflamable”, señaló.

Desde la comuna se interpreta que nunca hubo una negociación en curso por este tema, sino que Ancap notificó hace ya varios meses que presentaría un recurso en la Justicia y en virtud de eso se dialogó.

Stipanicic expresó que si bien esos 11 millones o 12 millones de dólares “podrán ser poco en los 2.400 millones de dólares que los uruguayos pagamos por los combustibles”, desde el ente no se mira “la cuantía” sino operar en “todo lo que está a nuestro alcance para contribuir a bajar el precio de los combustibles”. Concluyó que se esperará la intervención judicial y “estaremos a lo que diga la Suprema Corte de Justicia” sobre la tasa de inflamable.