El diputado frenteamplista Gustavo Olmos realizó un pedido de informe al Ministerio de Industria, Energía y Minería para conocer los motivos que llevaron al Poder Ejecutivo a cerrar un acuerdo transaccional por 2,5 millones de dólares con Multiseñal, empresa dueña del servicio de televisión para abonados y propiedad de los canales privados.

En diálogo con la diaria, el legislador dijo que el gobierno entabló un acuerdo con el objetivo de evitar un juicio, pero existen informes de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) que van en sentido contrario, es decir, plantean que la empresa no tiene la razón.

Según dijo, existe un paralelismo con el accionar del gobierno frente a la empresa belga Katoen Natie, que amenazó con un juicio internacional y luego acordó con el gobierno para extender la concesión por 50 años de la terminal especializada del puerto. “Nos preocupa porque ante la amenaza de una empresa, el gobierno cede. En el caso de Katoen, sin tener informes técnicos ni evaluación del impacto económico, y en este caso, con informes que dicen que la empresa no tiene razón y la tiene el Estado. Es una debilidad actuar así y cediendo contra la defensa de los intereses de la ciudadanía”, apuntó.

Durante el gobierno de José Mujica, en 2011, se exhortó a las empresas de televisión para abonados que usaban frecuencias en la banda de 2.500 a 2.690 megahercios -que transmite por sistema de antenas- a que cambiaran de frecuencia, para así destinar esa banda para el internet 5G. El plazo para el traslado fue de tres años, pero Multicanal se mantuvo en esa banda. En diciembre de 2019, previo al cambio de gobierno, se lanzó una subasta para la utilización de esa banda de frecuencia, a la que se presentó Telefónica, y posteriormente Antel igualó la oferta, ya que no puede presentarse formalmente por su calidad de servicio descentralizado. Multicanal presentó recursos de revocación y argumentó que el cambio generaba interferencias en su señal. No obstante, tanto la Ursec como Dinatel argumentaron que el Estado no tenía responsabilidad.

El investigador y director del Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, Gustavo Gómez, sostuvo este martes en su cuenta de Twitter que la resolución que le otorgó la frecuencia a Multicanal establecía que en el futuro no iba a poder reclamar por interferencias perjudiciales causadas por dichas estaciones. A su entender, el acuerdo extrajudicial “sienta un pésimo antecedente que puede traer más juicios y reclamos de igual trato. 15 empresas de TV cable del interior utilizan las mismas frecuencias sobre las que el gobierno acepta responsabilidad. ¿Habrá que pagar más millones?”, advirtió.