Interpelación: Heber defendió la LUC y pidió esperar al “GACH carcelario” para mejorar la situación de las cárceles

Un discurso enfocado en defender los artículos sobre seguridad de la ley de urgente consideración (LUC) y en pedir paciencia mientras un grupo asesor elabora un documento para planificar el futuro de las cárceles uruguayas. Así se desarrolló la primera etapa de la intervención del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la interpelación, este martes, en la Cámara de Diputados.

Durante su primera participación, el ministro mostró dos videos donde se muestran, en primer lugar, la situación de deterioro de algunos centros penitenciarios, como los módulos 3, 10 y 11 de la cárcel de Santiago Vázquez (ex Comcar) en junio de 2020, y en segundo lugar, algunas tareas que desarrollan las personas privadas de libertad en el marco del Plan de Dignidad Carcelaria.

Heber dijo que la política de seguridad del gobierno fue “plebiscitada tres veces” en 2019: en las elecciones internas, en la primera vuelta de las elecciones nacionales y en el balotaje. “Estamos cumpliendo con nuestra palabra. Dijimos que veníamos para cambiar esta realidad, que implica muchos de los cuestionamientos que he escuchado en sala, que son referentes a la LUC. La LUC fue votada por este Parlamento. No solamente fue plebiscitada en el balotaje, donde la gente eligió el presidente y la fórmula para lograrlo, sino que detrás de ese acuerdo había una serie de compromisos a los que varios partidos políticos nos comprometíamos para llevar adelante como norte en materia de seguridad pública”, señaló, y argumentó que al plantear quejas hacia su utilización “hay un no reconocimiento de una voluntad popular y de una ley que fue votada”.

El ministro sostuvo que “decirle a la población que todo el sistema carcelario está en la misma situación, como un infierno de Dante, no es verdad. Pero sí existe el infierno de Dante: en los módulos 3, 4, 10 y 11 del Comcar. Es espantoso lo que vimos ahí. [...] Entré a los módulos 10 y 11 como ministro del Interior y vi un infierno”, manifestó.

Recordó que “los módulos 10 y 11 fueron construidos en 2013 y ya están deshechos” y afirmó que “este horror no lo podemos resolver en año y medio, dos años. Estamos tratando de resolver el problema edilicio primero. No hablo de la recuperación, hablo de la inversión en estructura digna que precisamos”.

En este sentido, mencionó la planificación para construir tres módulos basados en “modelos hechos, como la cárcel de Carancho”, seleccionados debido a la “urgencia”. “Hay modelos mejores, por supuesto, pero no tenemos tiempo para pensar una cárcel en las mejores condiciones, hay que atacar esto en forma urgente”, consideró. En este sentido, mencionó que se está trabajando en la elaboración de los pliegos para la construcción de estos tres nuevos módulos.

Heber también mencionó que se está “recuperando el módulo 1 del Comcar, invirtiendo en el módulo 2” y en una “ampliación en la cárcel de Salto”, que se encuentra en situación de hacinamiento pero está “maravillosamente llevada a cabo por dos operadoras desde 2015”.

GACH carcelario

Durante su primera intervención, el ministro Heber dijo que “es verdad lo que dice el comisionado parlamentario [Juan Miguel Petit] cuando dice que no hay una política carcelaria en Uruguay. No la tenemos. No la ideamos. ¿Se quiere culpar a todos? Culpen a todos, no me importan las culpas. La verdad es que no tenemos nada arriba de la mesa, como una guía para poder trabajar”.

En esta línea, defendió la creación del Grupo Multidisciplinario Técnico Científico Honorario, que fue denominado como una suerte de “GACH carcelario” y está evaluando distintos planes de rehabilitación para elaborar un documento desde el que orientar el mejoramiento de las cárceles.

El ministro dijo que “cuando la comisión de gente idónea, preparada, profesional, tenga un primer documento elaborado, lo primero que vamos a hacer es convocar a la comisión bicameral para que empecemos a escuchar otras ideas. No solamente de estos técnicos, que no sé qué afiliación política partidaria tienen, porque no me interesa: fueron convocados ahí por su idoneidad”.

A lo largo de su intervención, Heber volvió a recurrir varias veces a la defensa de la LUC y a pedir que se espere el documento del grupo multidisciplinario para volver a hablar sobre la situación carcelaria. “Este mes se nos iba a presentar un primer borrador para saber cuál es la política, que no la vamos a elaborar desde el Ministerio del Interior, vamos a traer un borrador para elaborarlo juntos. Tiene que ser una política que tenga un amplísimo consenso para saber qué sistema carcelario queremos y cuál es la ruta. Lo que no queremos es esto que vimos”, añadió, en referencia al video sobre la situación de las cárceles.

La fuga y las interrogantes

La diputada interpelante, Lucía Etcheverry, comenzó la sesión a las 10.00 con una reflexión a modo de “marco conceptual” sobre el rol del Ministerio del Interior y el abordaje histórico de la seguridad en el país, para luego pasar a formular decenas de preguntas; buena parte de ellas sobre la fuga del recluso Hugo Pereira de la Unidad 4 Santiago Vázquez, en el mes de agosto.

“El ministro es y debe ser quien ocupa ante la sociedad el lugar de mayor responsabilidad, en tanto debe expresar la coherencia de las acciones que ejecuta el ministerio. Esto significa que es el actor sustantivo en la definición de los problemas, en la toma de decisiones y en la supervisión de la ejecución de las mismas. Esta definición de responsabilidad, de liderazgo político en la gestión de la seguridad pública, no se condice con la actuación del señor ministro en relación a la fuga del recluso Hugo Pereira”, consideró la diputada del Movimiento de Participación Popular en el cierre de su introducción previo a las preguntas. En ese sentido, dijo que el objetivo de la interpelación es encontrar “certezas” sobre este caso, en el que opinó que la actuación de Heber “fue errática e improvisada”.

Etcheverry hizo una recapitulación de la fuga de Pereira y de las contradicciones en las versiones que dio Heber –que primero dijo que el interno se fugó por la puerta, disfrazado, y luego por el alambrado perimetral–, y aclaró que si bien no responsabiliza al ministro de la fuga en sí, lo responsabiliza “de lo que debe ser el orden institucional para instrumentar la política pública de seguridad”. Acto seguido, empezó con el “primer capítulo” de las interrogantes, en el que consultó al jerarca sobre su decisión de “no informar a la ciudadanía de la fuga” hasta que trascendió en la prensa. Preguntó también cuántas fugas se registraron en 2020 y qué “medidas concretas de mejora de la vigilancia” se tomaron para evitar estas situaciones en los centros de reclusión.

Como parte del “segundo capítulo” del cuestionario, preguntó “cuándo exactamente, quién y por qué medio le informó al ministro de la fuga” y qué resoluciones administrativas se tomaron a la interna del centro penitenciario luego de conocido el hecho. “El ministro dio dos explicaciones totalmente distintas sobre el mismo hecho en 48 horas, pero, además, a diez días de que el hecho había sucedido. ¿En esos diez días no se verificaron las cámaras de vigilancia del centro? ¿No se hizo un relevamiento exhaustivo del cercado perimetral? ¿No hubo una comunicación entre los ministros del Interior y de Defensa?”, inquirió. En ese sentido, consultó al jerarca si accedió a informes del Ministerio de Defensa Nacional sobre el estado de los alambrados perimetrales en el momento posterior a este hecho.

La legisladora también hizo una serie de preguntas técnicas sobre las características del módulo del que se escapó Pereira: cuántas personas están recluidas allí, cuántos funcionarios policiales y penitenciarios están asignados a la tarea de vigilancia y monitoreo del módulo, tanto en el día como en la noche, y si existe un protocolo formal y escrito sobre cómo proceder para comunicar un hecho de estas características –fugas–. También incluyó una serie de preguntas sobre “el recluso y su vida dentro del penal”, en el tercer capítulo. Puntualmente consultó cuáles fueron los criterios de asignación por los que se dio a Pereira la oportunidad de trabajar en el casino de oficiales, cuántos reclusos trabajan allí y en qué turno en particular se desempeñaba este interno. “Quisiera consultarle al señor ministro si considera que esta tarea era adecuada, oportuna y pertinente para este recluso en particular”, acotó Etcheverry.

El cuarto capítulo de preguntas se centró en “la fuga en sí”. En este tramo, la diputada consultó sobre la “dinámica” que mantenía Pereira en la cárcel, a qué hora se retiraba del casino de oficiales, si era acompañado por guardia o tenía libertad ambulatoria, y qué tipo de controles tienen para entrar y para salir de este módulo los privados de libertad. Por otro lado, señaló que “la Policía Científica corroboró que las prendas”, en referencia al supuesto disfraz, “que el señor ministro publicó en una foto a través de su Twitter personal no pertenecían a Pereira”, por lo que “esta segunda versión que el ministro le dio a este Parlamento y a la opinión pública, donde mostraba estas prendas, perdió sustento. Quisiéramos explicaciones del ministro en ese sentido”, aseveró.

Teniendo en cuenta la primera versión que dio Heber de la fuga, según la cual el interno se fugó a pie y disfrazado de operador por la puerta principal, Etcheverry consultó si se están adoptando medidas del tipo de descubrir el rostro a la hora de pasar por las cámaras de vigilancia, y si, eventualmente, los vehículos que ingresan y salen del centro tienen también un protocolo de revisión.

Señaló que según las declaraciones de la defensa de Pereira, mientras estaba prófugo circuló por espacios públicos del Centro de Montevideo e incluso se alojó en un hotel del Centro de la capital. “Son conductas extremadamente naturales para alguien que se sabe buscado, por lo cual consultamos: ¿dónde lo buscó la Policía? ¿Se pudo constatar que se pudo alojar en hoteles por su nombre? ¿Se estudiaron eventuales colaboraciones en su fuga y los días que estuvo prófugo?”, añadió Etcheverry. Asimismo, dada la versión de que Pereira se fugó “en busca de atención médica por una insuficiencia cardíaca”, preguntó “qué dice la historia clínica del recluso y si es cierto que en cuatro oportunidades tuvo pase para ir al cardiólogo y no lo llevaron”. “Quisiéramos saber en qué unidad está recluido y cuáles son las condiciones de seguridad que se han implementado ahora”, agregó.

Situación del sistema carcelario

El siguiente conglomerado de preguntas se refirió a la situación del sistema penitenciario, un sistema que Etcheverry definió como “de involución humana”. Sobre este punto, la interpelante preguntó si el ministro considera que “tiene un equipo preparado” para asesorarlo en temas carcelarios, dado que él mismo dijo no tener conocimiento profundo sobre esta temática. También le preguntó cuál es su “evaluación personal y política” respecto del sistema carcelario y en qué etapa está la “reforma profunda” del sistema que anunciaron las autoridades. Citó las palabras de Heber en la Comisión de Hacienda del Senado en referencia al “problema estructural” que aqueja al sistema penitenciario, y opinó que esta afirmación “no condice con las decisiones y las acciones que han tomado el señor ministro y el señor presidente hasta el momento”. En este marco citó el informe de 2020 del Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, que subrayó la caída de los rubros que se vienen asignando al sector, mientras que la población carcelaria aumenta.

“Si es un problema estructural debe necesariamente convocar a todo el sistema político para ser partícipe de acuerdos que permitan diseñar soluciones; sin embargo, el argumento o el reconocimiento inmediatamente se transforma en una especie de escudo para justificar que no hay recursos”, afirmó Etcheverry. Por otro lado, la legisladora consideró que el jerarca entra en “contradicción” al tener “actitudes y valoraciones refundacionales como hemos escuchado a lo largo de este tiempo”. En ese sentido, hizo una serie de preguntas sobre el Plan de Dignidad Carcelaria, referidas a los objetivos, metas, resultados esperados, cronograma de ejecución y recursos necesarios.

Etcheverry remarcó que al 30 de junio de este año la ocupación de las cárceles llegó a 134%, y preguntó al ministro “si no hubo una previsión o la previsión no fue acertada” sobre esta situación, con base en que el propio jerarca ha destacado “una y otra vez como ejemplo de eficacia que hay aproximadamente 3.000 presos nuevos”. Sobre la construcción de nuevos centros de reclusión y barracones, anunciada por el ministro, Etcheverry preguntó el costo, las plazas que tendrán disponibles y el modelo de gestión de estas.

La legisladora hizo especial hincapié en el ejemplo del preso que fue secuestrado y torturado dentro del ex Comcar: “Ante esta situación del horror, que es emergente del horror del sistema, preguntamos al señor ministro qué plan de emergencia ha definido para estos módulos mientras no se tengan esas construcciones”, manifestó. Adicionalmente, preguntó datos de clasificación de las personas privadas de libertad y cuántos reclusos primarios hay en la Unidad 4 y en el Penal de Libertad. En general, preguntó por las medidas adoptadas en pos de defender los derechos humanos y la rehabilitación de las personas privadas de libertad.

Etcheverry también consultó al ministro sobre los motivos de su decisión de revisar los convenios con las organizaciones de la sociedad civil “en esta coyuntura tan crítica”, y destacó que en lo que va del año van 55 muertes en centros penitenciarios, “la cifra más alta de muertes violentas bajo custodia en un año, desde que se tiene registro”.

La Policía y la LUC

Etcheverry siguió su ponencia con la nota que presentó la Asociación de Defensores de Oficio a la Suprema Corte de Justicia, en la que denunció falta de garantías en el proceso de detención y una serie de ejemplos de esto que la diputada calificó como “graves”. Ligó este tema con el informe que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, que alertó sobre cambios introducidos por la ley de urgente consideración (LUC) en desmedro de las garantías en los primeros momentos de la detención, y dijo tener “conocimiento de algunas sentencias judiciales en las que se constatan malos procedimientos policiales” y apuntó que “varios legisladores han recibido a personas que han vivido o presenciado abusos en algunos procedimientos policiales”.

Etcheverry señaló con preocupación las declaraciones públicas del ministro “y de otras autoridades del gobierno que de alguna manera subestiman estos hechos”, y consideró que a más de un año de promulgada la LUC “el señor ministro y autoridades del gobierno parece que siguieran tratando este tema más en un tono electoral que de verdadera política pública”. En virtud de lo anterior, consultó al ministro si tiene conocimiento sobre el seguimiento de sentencias de malos procedimientos policiales, cuántas denuncias por malos tratos o abuso policial recibió la División de Asuntos Internos del Ministerio del Interior, cómo se promueven las garantías y la transparencia de la actuación policial y qué medidas de monitoreo y contralor lleva adelante el ministerio sobre los procedimientos policiales. También preguntó al jerarca si cambió la currícula de la Escuela Nacional de Policía en cuanto a la formación en derechos humanos.

La diputada también consultó específicamente qué medidas indicó la cartera para dar curso administrativo a las denuncias de los defensores de oficio sobre uso excesivo de la fuerza en procedimientos policiales y si se constataron algunas de sus denuncias. También preguntó si se está monitoreando el uso de cámaras GoPro durante los procedimientos policiales o se están previendo medidas en caso de no utilizarlas.