Durante la comparecencia del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) ante la Comisión de Hacienda y Presupuesto los senadores del Frente Amplio (FA) consultaron a las autoridades sobre varios temas relativos a la cartera. Entre otros, se habló sobre el acuerdo extrajudicial con Multicanal para pagar 2,5 millones de dólares, así como del proceso de implementación de la portabilidad numérica.

El ministro Omar Paganini defendió lo pactado con Multicanal y criticó la subasta de frecuencias que hizo el gobierno anterior, al tiempo que otros integrantes de la delegación subrayaron la expertise del consorcio elegido para administrar la base de datos de la portabilidad numérica.

Acuerdo con Multicanal: “No hay otra solución mejor”

A principios de mes la diaria informó sobre el acuerdo extrajudicial que realizó el gobierno, enviado al Tribunal de Cuentas, para el pago de 2,5 millones de dólares a Multicanal, empresa propiedad de los tres canales de televisión privados, para evitar un juicio derivado del uso de las bandas de 2,6 megahercios. La firma de televisión para abonados –Multiseñal– transmite por antena a través de esa banda y el Estado le había dado plazo hasta 2013 para cambiar de frecuencia; en 2019 se licitó la banda, que quedó para Movistar y Antel.

El gobierno anterior se basó en dos informes –de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones y la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel)– para desestimar los reclamos judiciales de Multicanal, pero las nuevas autoridades entienden que hay derechos adquiridos y el mejor camino es acordar con la empresa.

“Tenemos un problema bastante serio con la banda 2,6, cuyo principal destino inicial sería urgentemente LTE”, dijo Paganini. Aclaró que volvería al Parlamento para “explicar sobre la transacción de Multicanal”, porque “todavía no se pagó, pero probablemente a la brevedad sí se firme; hacerlo es voluntad del [Poder] Ejecutivo”. Agregó: “Estamos convencidos de que ese es el camino justo. Entendemos que no hay otra solución mejor”.

El ministro explicó que la subasta realizada a finales de 2019, con el FA saliendo del gobierno, “fue hecha de manera apresurada y ha generado debilidades jurídicas muy fuertes que entendemos que tienen que ser subsanadas”. También indicó que “hay derechos preexistentes en esa banda que entendemos que deben ser, de alguna manera, resarcidos mediante una negociación”. Paganini sostuvo que la cifra de 2,5 millones de dólares fue “acordada y es la que fue al Tribunal de Cuentas”, pero tras el dictamen del organismo “iremos al proceso de perfeccionar el acuerdo y generar las obligaciones de pago” con Multicanal.

La senadora del FA Silvia Nane sostuvo: “La preocupación es que, a pesar de haber pagado 2,5 millones de dólares a Multicanal, quedan entre 15 y 20 cableoperadores haciendo uso de la frecuencia que estaríamos necesitando”. El jerarca respondió que “en el interior puede haber algún otro planteo de muchísimo menor porte que también tenga que ser contemplado, pero esto lo entendemos estratégico” en busca de “despejar la banda de 2,6, que la necesitamos ya y tenemos un montón de torres prontas para ser encendidas”.

Acerca de la forma de resolución del asunto, complementó: “Entendemos que lesionamos derechos y exponemos al Estado si lo hacemos de manera arbitraria, sin tomar en cuenta una cantidad de consideraciones” sobre quienes ya utilizaban esa banda.

Portabilidad numérica: costos y prórroga a consorcio

Con la ley de urgente consideración (LUC) votada a mitad de 2020 se disparó el proceso de portabilidad numérica, que prevé que los usuarios de telefonía celular puedan cambiar de empresa sin perder el número que poseen. Un comité con representantes del gobierno y las tres compañías –Antel, Movistar y Claro– está liderando la implementación y convocó un llamado para la administración de la base de datos del nuevo sistema. Días atrás al consorcio elegido, formado por la brasileña Cleartech y la uruguaya Cietel, se le otorgó una prórroga de 45 días para realizar los registros en Uruguay y suscribir el contrato.

Al respecto, el director de la Dinatel, Guzmán Acosta y Lara, expresó: “La empresa que ganó es extranjera y el registro [del consorcio formado] ha tenido dificultades, ha habido grandes atrasos; pero les confirmo que ya fue ingresado y su aprobación no va a tener ningún tipo de dificultades. Es un formalismo que está subsanado”.

Según informó el semanario Brecha, la española Inetum, que se presentó al llamado, cuestionó la adjudicación porque su competidora no tenía la experiencia exigida en materia de portabilidad numérica. Acosta y Lara defendió la solvencia del consorcio: “La mejor oferta fue la de una empresa internacional que tiene experiencia en varios continentes. Se pusieron requisitos muy altos”.

Ante las consultas del FA sobre los costos de la implementación del sistema de portabilidad numérica, las autoridades señalaron que cada empresa debe invertir unos 365.000 dólares para “la puesta en funcionamiento” y luego hay un mecanismo de pago dependiendo del nivel de utilización del sistema: “La ganancia de la empresa [que administra la base de datos] es por cada transacción; hay una tabla en la que se establece cuánto cobra la empresa por cada transacción que se va realizando. Esto es progresivo, y es más barato cuanta más gente haya”, detalló Acosta y Lara.

El ministro consideró que “si con la portabilidad numérica se está en el centro de un negocio del orden de más de 1.000 millones de dólares [las telecomunicaciones], la inversión para darles este derecho a los ciudadanos nos parece sumamente razonable”.