El Ministerio del Interior emitió el 14 de setiembre una Guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género que modifica los criterios para la toma de denuncia. Según informó el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en conferencia de prensa, que esta guía es una “instrucción interna, para decirle al policía lo que tiene que hacer, y no para la víctima”. Justamente este documento le ordena a toda la Policía cómo debe proceder ante la toma de denuncias. El ministro indicó que “estuvo mal redactado el primer comunicado interno”. Dijo que por eso cambiaron la redacción.

En el documento inicial, se establecía que se “requerirá” a víctimas de violencia doméstica y de género la presentación de “pruebas”. A partir de que el hecho tomó estado público, este miércoles se emitió un nuevo protocolo que modifica la redacción: ahora se plantea que se debe “consultar al denunciante o víctima si posee elementos que pueda aportar a la denuncia”.

También cambió el punto que establecía que se “consultará a la víctima si entiende que ‘está en riesgo de vida’”. Ahora la redacción plantea: “Evaluar, en conjunto con la víctima, si se encuentra en riesgo de vida”. Para valorar este riesgo, hay 17 indicadores a tomar en cuenta según la legislación vigente.

Se mantiene el punto que establece que se “verificará en el SGSP la existencia de denuncias previas entre las partes”. Consultado el Ministerio del Interior si esto implica que de existir una denuncia previa se registrará como ampliación de la denuncia ya existente o como una nueva, respondieron que se registra como una ampliación “si hay en curso una investigación”. De lo contrario se registra como una nueva denuncia. Las ampliaciones no suman a las cifras de denuncias, porque son un agregado de una ya existente. Cada ampliación tiene un número propio, pero es de un mismo evento (una misma denuncia), no cuenta como nuevo evento en el SGSP. Además, la reiteración de nuevos eventos plasmados en denuncias son un factor de riesgo a considerar en situaciones de violencia doméstica.

Sobre las nuevas denuncias o ampliaciones en caso de denuncias preexistentes, Heber dijo que “no lo tomamos como una ampliación”. “No sé de dónde sale”, indicó.

Desde el Ministerio del Interior informaron este martes a la diaria que en caso de que exista una investigación y se acerque una persona a presentar una nueva denuncia, se registraría como ampliación y no como nueva denuncia. “Si es una nueva denuncia, o es una sola que se amplia, lo determina la Fiscalía”, según Heber. El registro de denuncias en el SGSP es una cuestión policial.

Mediante un comunicado la bancada de diputados y senadores del Frente Amplio (FA) cuestionó la aplicación de la guía de actuación para seccionales policiales en casos de violencia doméstica y de género, que establece un protocolo para tomar denuncias a las víctimas. En ese sentido, indicaron que “pone en riesgo la vida de las mujeres víctimas de violencia basada en género” y también señalaron que las “revictimiza”.

Indicaron que “si bien la primera hoja de la guía fue mejorada, y entre otras cosas deja claro que las comisarías deben tomar las denuncias de violencia doméstica e ingresarlas al sistema informático del Ministerio del Interior, la segunda hoja contradice lo dispuesto por el Decreto 317/010 reglamentario de la Ley de Procedimiento Policial 18.315, al ordenar la derivación de la denuncia a la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género, obstaculizando el real acceso a la Justicia”.

Para la bancada de la oposición, estas modificaciones “tienen la clara intencionalidad de bajar los números de denuncias de violencia basada en género, tanto por el desestímulo como por la unificación de las ampliaciones; esto se refuerza con las declaraciones del ministro del Interior cuando plantea erróneamente que la baja de las denuncias de violencia doméstica es un logro positivo”.

Resaltaron que esta guía “le exige a la víctima de violencia basada en género más requisitos para la presentación y ampliaciones de una denuncia que al resto de las víctimas de otros delitos”. Para diputados y senadores del FA, “esta modificación, relacionada con las nuevas competencias otorgadas a la Policía en la ley de urgente consideración, que la habilita a recabar información sin comunicar al juez o fiscal de turno, profundiza el riesgo de desprotección para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia basada en género e intrafamiliar”.

Finalmente, señalan que la guía “confunde” lo que es la evaluación de riesgo: “el Ministerio del Interior cuenta con guías y protocolos orientadores para toda la Policía en esta materia (artículo 11 decreto 317/2010). Además, parece desconocerse el artículo 23 del decreto 382/012: ‘Las seccionales policiales de la Dirección de Seguridad, en la que existirán referentes, personal capacitado en violencia doméstica y de género’”. Según el FA, “en este sentido, el personal debe conocer a cabalidad el procedimiento completo”.

Las bancadas exigen a los actores del Poder Ejecutivo “garantizar el derecho a la vida de las mujeres, niñas, niños y adolescentes que habitan en nuestro país, generar políticas proactivas y profesionales con el foco en los derechos de las personas y no las convierta en víctimas de violencia institucional”.

Además de la declaración emitida, diputadas y senadores del Frente Amplio se manifestaron al respecto en sus redes sociales. Por ejemplo, la diputada Cristina Lustemberg posteó: “Generar modificaciones improvisadas en herramientas que cuidan la vida de las mujeres es al menos irresponsable y refleja, por parte del gobierno, desconocimiento de cómo se dan estas situaciones y la existencia de los protocolos. Es necesario asignar los recursos necesarios y trabajar para que se reduzcan las cifras de violencia basada en género, asegurando mecanismos que den garantías a las víctimas. Esto es una obligación y debe ser un compromiso de Estado”.

Por su parte, la representante suplente Micaela Melgar denunció que “el gobierno desalienta a las víctimas de violencia a hacer denuncias”. “Así de grave es”, señaló. Cuando la noticia se hizo pública, Melgar pidió a través de las redes sociales la intervención de Mónica Bottero, directora del Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social: “Necesitamos que se exprese claramente Mónica Bottero sobre esto. Todas quienes de alguna forma intentamos proteger la vida de las mujeres tenemos que pronunciarnos juntas. Por favor”.

En diálogo con la diaria, Bottero mostró conformidad con las modificaciones que hizo el Ministerio del Interior: “Ya rectificó la guía”, señaló. Y según resaltó: “Tenemos un diálogo permanente con el ministro, incluso en estos momentos de fuerte presión sobre su gestión”.

La senadora Liliam Kechichian sentenció en sus redes: “Esto desestimula la denuncia, que siempre es difícil y dolorosa. Revictimiza a la víctima. ¡Un retroceso!”.