El grupo organizador de la Marcha Mundial de la Marihuana en Uruguay realizó una “concentración y fumata” frente al edificio de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en reclamo por el “excesivo punitivismo ejercido por los operadores judiciales y policiales” sobre los autocultivadores de cannabis, según consta en la carta entregada a las autoridades de la SCJ.
Esta persecución se realiza, según los activistas, en el marco legal generado por “la LUC [Ley de Urgente Consideración], el Nuevo Código del Proceso Penal y las instrucciones de fiscalía en referencia al combate al microtráfico”.
“Tras haberse regulado en 2013 en nuestro país la producción y expendio de marihuana en flor, nos enfrentamos hoy por hoy a una política de seguridad pública y drogas con un pronunciado sesgo belicista y prohibicionista”, continúa la misiva, y señala a la “tenencia no para consumo” como una figura jurídica “absurda más que ninguna otra”, que “provoca estas claras injusticias cometidas por la praxis policial y judicial”.
Esta figura penal está prevista en la ley 14294, “la ley madre de drogas”, pero desde la aprobación de la LUC “viene siendo aplicada indiscriminadamente”, puesto que la ley de urgencia “vuelve a fijar las cantidades ‘límite’ propuestas desde la ley de regulación”.
El procesamiento con prisión efectiva “de un amplio universo de cultivadores y usuarios” se ha dado a raíz de “la interpretativa forzada de estos artículos”; estas personas “ven suspendidas sus garantías legales, causando así un daño irreparable no sólo al normal desarrollo de sus vidas, sino también a sus familias y a la sociedad toda”, asegura el texto.
“Esta visión prohibicionista y punitiva en conjunción con el juicio abreviado presente en el Nuevo Código del Proceso Penal permite que se realicen prácticas ‘extorsivas’”, por ejemplo “la amenaza de que si el acusado no acepta la causa se formalizará a su pareja”, lo que lleva a que “muchas personas que no han incurrido en falta alguna terminen aceptando una causa y un procesamiento claramente no sujetos a derecho”.
Por último, la carta indica que “el mundo avanza hacia la regulación de los mercados ilícitos de drogas” con “un desprendimiento de las nociones del ‘prohibicionismo’ y la ‘guerra a las drogas’.