La reunión del Consejo de Ministros del jueves, en la que los jerarcas firmaron el proyecto de ley de reforma jubilatoria que ingresa este viernes al Parlamento, significó el fin de una etapa para el gobierno, que llevó más de dos años de discusión, con intensas negociaciones dentro del oficialismo desde hace al menos un año. Esto lo mencionó el presidente Luis Lacalle Pou, que habló en conferencia de prensa, así como que para “la segunda etapa” de debate legislativo no pone plazos, pero “cuanto antes se vote mejor”. Además, remarcó que no cree pagar “costos políticos” por las modificaciones al sistema previsional.
En su discurso, Lacalle Pou repitió varias frases, entre ellas las tres razones que motivan la reforma de la seguridad social: “Es necesaria, sostenible y solidaria”. Lo primero lo justificó en función del creciente gasto público, y marcó que “los últimos tres gobiernos entendían” que había que hacer una reforma jubilatoria.
Sobre la sostenibilidad, indicó que los cambios son graduales ya que hay “un período muy grande de transición”, siendo la generación nacida en 1973 la primera que elevará su edad de retiro, y los jubilados posteriores a 2043 los que serán abarcados totalmente por las nuevas reglas. Acerca de la parte “solidaria” de la reforma, señaló que “la gran mayoría” de “las jubilaciones pequeñas” se verán beneficiadas con el nuevo régimen.
También el mandatario se dio tiempo para emitir un mensaje político en defensa de su gestión: “Esta coalición, a la que le han vaticinado fracasos de antemano, se mantiene sólida con sus matices y perfiles; y hoy trae este proyecto de ley”. Además, expresó que enviar la iniciativa al Parlamento es “un acto de responsabilidad nacional” que no quedará “para el próximo gobierno, sea del color político que sea”.
Por otro lado, el mandatario deseó que “el Frente Amplio haga aportes positivos” ya que considera que es “un proyecto perfectible”. Ante una consulta de la prensa, dijo que es “la pregunta del millón” qué margen tendrá el Parlamento para hacerle modificaciones, y planteó que “si se guarda la armonía del proyecto” hay apertura. Igualmente señaló que se debe atender “la velocidad” para procesar los cambios, ya que, según dijo, “la coalición tiene un acuerdo para avanzar rápido con este tema”.
“Quien tenga aspiración de ser gobierno [en 2024] espera que la reforma se apruebe. Veremos quién tiene responsabilidad y quién no”, remató.
“No consideramos que tenga un costo político”
En un comunicado difundido el jueves por el gobierno, se destacó “el proceso” llevado adelante para reformar la seguridad social. Lacalle Pou recordó que fue un tema “discutido” y rechazó dichos sobre que el gobierno tomó “la decisión de ir solo”, ya que repasó que trabajaron “expertos de todos los partidos políticos y las organizaciones sociales”.
Esto en referencia a que el proyecto de reforma previsional tomó como base el trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS), que funcionó por un año desde finales de 2021. Allí los dos informes, uno de diagnóstico y otro con recomendaciones, fueron votados por los delegados del oficialismo y la representante empresarial, mientras que el PIT-CNT, la organización de jubilados y el Frente Amplio votaron en contra.
Luego de la CESS, el proceso de reforma se frenó por el referéndum sobre la ley de urgente consideración (LUC) –de marzo de 2022– y después continuaron las negociaciones a la interna del oficialismo. Esos diálogos eran entre los técnicos de cada partido, que lograron consensuar un texto meses atrás.
Después, se abrió un período de discusión política de un anteproyecto que se divulgó en agosto. Así se llegó hasta el lunes, cuando tras una reunión con los líderes partidarios Lacalle Pou informó que hubo acuerdo.
Ahora el texto de 330 artículos pasará a discutirse en el Parlamento, donde ingresará por el Senado y será tratado en una comisión especial. En principio, se prevé que este año sea analizado en la cámara alta, y de ser aprobado desde marzo de 2023 pasará a Diputados.
Consultado por la diaria sobre si hay riesgos de que se estanque la discusión en un año preelectoral, Lacalle Pou declaró: “No lo estamos calibrando en términos de cuándo son las elecciones o cuándo empieza la campaña. Porque no consideramos que esto tenga un costo político. Me atrevo a decir que el costo político lo paga el que no tenga un acto de responsabilidad nacional, sabiendo que hay que reformar la seguridad social y no lo hace”.
Cambios y excepciones
Entre los principales cambios acordados por los partidos de la coalición en la etapa final de negociación están la postergación de los efectos de la reforma hasta 2033 –no habrá variaciones para quienes tengan 50 años o más al momento que se apruebe–, una nueva forma de distribución de aportes -10% al Banco de Previsión Social (BPS) y 5% a la AFAP– que busca evitar impactos sobre las personas de ingresos medios a través de la bonificación que reciben por el tramo del BPS, y una reducción de los requisitos que se planteaban en el anteproyecto para las viudas que cobran una pensión. Estos puntos atendieron pedidos que hicieron Cabildo Abierto, el Partido Colorado y el Partido Independiente.
Las nuevas reglas para jubilarse entrarán a regir en forma gradual desde 2033, y la parte del régimen actual irá perdiendo peso hasta dejar de incidir en el cálculo diez años después. Respecto de la edad de retiro, la modificación comienza con quienes tengan 50 años al momento de la reforma, que deberán trabajar al menos hasta los 63 años, mientras que la generación que tenga 48 años será la primera para la que regirá la nueva edad límite (65 años).
Sin embargo, el gobierno comunicó que se establecen “excepciones” a este aumento de la edad de jubilación. Las primeras se generan por “una carrera laboral extensa” y rigen para: “quienes tengan 30 años aportados a la fecha de vigencia de la ley, cualquiera sea la edad que tengan hoy”, y “quienes tengan 40 años de trabajo para personas nacidas en 1973, jubilándose a los 60 años [en vez de a los 63]; los nacidos en 1974, retirándose con 61 años [en vez de 64]; los nacidos en 1975, con 62 años, y los nacidos en 1976 en adelante, se jubilarán con 63 años [en vez de 65 años]”.
La segunda excepción implica mantener la edad de retiro en 60 años para quienes se desempeñan en trabajos “particularmente exigentes”. Esto abarca a “los trabajadores del sector construcción y rural que desempeñen puestos de trabajo que implican un alto grado de esfuerzo físico”. La exigencia es completar 30 años de aportes, con 20 años que “deben haberse cumplido en el puesto de trabajo que da amparo a la causal” y siempre y cuando “ocho de estos años de servicio se hubieren prestado en los últimos diez años”.
Por otro lado, en la comunicación del gobierno se destaca que la reforma apunta a la “universalidad progresiva”, es decir que todos los uruguayos mayores de 70 años puedan acceder “a un ingreso mínimo garantizado en forma gradual”. En esa línea, se explicó: “Se reconocerán todos los años de trabajo, aunque no se llegue al mínimo de 30 años acumulados. De ese modo, cada peso aportado al sistema cuenta; a diferencia de lo que ocurre hoy en muchos casos”.
También se hace mención al “suplemento solidario, una fórmula que se aplicará a todas las jubilaciones de hasta 42.000 pesos”, y al cómputo adicional previsto de dos años adicionales –con un máximo de cinco– en el caso de tener hijos con discapacidad severa.
Por otro lado, Lacalle Pou destacó en la conferencia de prensa que se habilitará a trabajar a las personas ya jubiladas, mediante un nuevo régimen que reemplazará al actual, que si bien lo permite logró resultados ínfimos. “Todos conocemos a algún jubilado que quiere estar ocupado o precisa un ingreso extra para subsistir, pero hoy debe trabajar en negro. Esto lo va a legitimar, podrá cobrar la jubilación y aparte un sueldo, con un aporte que eventualmente le va a mejorar la pasividad”, dijo el mandatario.
En el caso del ahorro individual que gestionan las AFAP, el gobierno detalló que la reforma introduce “nuevas modalidades” para los afiliados, como la posibilidad de “acceder a una jubilación parcial a partir de los 60 años de edad para quienes tengan 30 de trabajo o se hallan en situación de desempleo”; así como “un esquema especial de prestaciones para afiliados con enfermedades particularmente graves”. Además, “como incentivo para diferir el retiro”, al dilatar tres años la jubilación podrán “cobrar el 9% del saldo acumulado en forma de capital, en un pago único”.
En cuanto a las cajas por fuera del BPS –Militar, Policial, Bancaria, Notarial y de Profesionales–, el Ejecutivo planteó que se introducen cambios “mejorando sustancialmente el reconocimiento de sus derechos”. De todas formas, uno de los mayores cambios del proyecto es que de cara al nuevo régimen que regirá desde 2043, se prevé la unificación de estas cajas al régimen general de BPS y AFAP, equiparando los beneficios de todos los trabajadores.
La promesa del IASS y “soy daltónico”
Hubo dos preguntas de la prensa que provocaron la interacción del presidente con la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche. Una consulta sobre la trayectoria del gasto público en jubilaciones derivó en que Lacalle Pou le pidiera unas gráficas a la jerarca: “¿La de abajo es celeste? Soy daltónico”, dijo el mandatario. La gráfica, que en realidad era roja, mostraba la trayectoria creciente del déficit fiscal con el escenario actual, y otra gráfica, verde, la evolución estable del gasto de implementarse los cambios previsionales.
La otra pregunta fue acerca del impuesto de asistencia a la seguridad social (IASS), que pagan por franjas –como el IRPF de los trabajadores– uno de cada cuatro jubilados, ya que deben cobrar más de 41.000 pesos al mes. “Tenemos un pacto con la ministra de Economía y lo voy a recordar acá”, dijo Lacalle Pou, y ratificó la promesa que hizo en marzo sobre que si la economía crece por encima de la previsión de aquel momento (3,8%), “parte de ese exceso se vuelque” para reducir los aportes a las franjas inferiores del IASS y el IRPF.
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