El cruce de declaraciones sobre la gestión de la Coordinadora Popular y Solidaria (CPS) respecto de la distribución de alimentos a ollas populares sigue en el terreno político. Este miércoles la vicepresidenta, Beatriz Argimón, se reunió con el titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Martín Lema, para recibir de primera mano el expediente con la investigación que se hizo, que derivó en una denuncia en Fiscalía contra la CPS.

“Tuvimos acceso a un amplísimo expediente del cual la verdad nos llamó muchísimo la atención testimonios que están en sede judicial”, dijo Argimón en referencia a la evidencia que presentó el Mides sobre personas que aseguran que no recibían los alimentos que la CPS decía distribuir.

“Cuando uno accede a la denuncia presentada, uno observa con muchísima preocupación que hay ejemplos de ayudas que no llegaban a quienes tenían que llegar. La verdad nos preocupa que se hable de persecución, nos preocupa que se hable del hambre. Esta historia ya la vivimos, escuchamos en algún momento que se decía que había niños que comían pasto, en realidad lo que nos tiene que preocupar a todos es que alimentos que tenían que llegar en épocas difíciles a compatriotas no llegaban”, resumió la vicepresidenta.

De todas formas, dijo que “lo que más nos preocupa tiene que ver con algunas aseveraciones y solidaridades y también manifestaciones de persecución a un sector que se preocupa por las ollas populares”, y agregó: “Alguien le está mintiendo al presidente del Frente Amplio”, Fernando Pereira.

Eso responde a que, cuando se supo de la denuncia que presentó el Mides, Pereira alzó la voz en defensa de la coordinadora y apuntó particularmente contra Lema: “No se enteró que es gobierno y sigue actuando como un diputado duro de la oposición”, dijo a Montevideo Portal, y opinó que no corresponde “hacer una conferencia de prensa para perseguir” a la CPS. Según el líder del Frente Amplio, la organización “le dio una mano” al gobierno para cubrir la crisis alimentaria que se dio durante la pandemia.

Para Argimón, “alguien no le está acercando” a Pereira “los datos de seguridad alimentaria, ni los procesos con que se contaba”. Aseguró que en el Parlamento se realiza “un trabajo muy fuerte en una comisión específica sobre seguridad alimentaria, hemos trabajado mucho con la FAO [Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura] y me parece fundamental tener datos certeros, mucho más cuando se habla de persecución en un gobierno democrático”.

La vicepresidenta se refirió a cifras de la FAO que aseguran que en 2016, un tiempo que definió como “de bonanza económica”, la inseguridad alimentaria moderada era de 27,83% y la inseguridad alimentaria severa de 9,14%, y dijo que en 2020 esos guarismos bajaron a 25,31% y 8,58%, respectivamente.

Además subrayó que fue en el gobierno pasado, con esas cifras, que se decidió “desmantelar el INDA [Instituto Nacional de Alimentación]. Por lo menos nos vamos con la buena noticia de que va a haber un nuevo sistema a través del INDA de alimentación”.