En la última semana se sucedieron dos nuevos hechos que marcan, para algunas organizaciones de la sociedad civil, cierto deterioro en la seguridad y la libertad de expresión para quienes ejercen el periodismo en Uruguay.

Así lo señala el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública (Cainfo) en un comunicado emitido el jueves, en el que da cuenta de su preocupación por las “represalias por informar” que, según entiende, sufrió el director del informativo de TV Ciudad, Eduardo Preve, luego de que publicara el Plan Nacional de Inteligencia en Twitter, hecho que generó una catarata de declaraciones y dos investigaciones: una en la Justicia y otra en el Parlamento, para determinar quién filtró el documento.

En el comunicado, Cainfo consigna que “se generó un debate respecto a la posibilidad de que la filtración de una sesión de una comisión parlamentaria pueda derivar en represalias judiciales” contra Preve.

A pesar de que la denuncia hecha ante Fiscalía por el director nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé, no involucra al periodista, Cainfo recuerda que “la senadora oficialista Graciela Bianchi sí lo acusó de ser un ‘operador’ de la ‘izquierda populista y radical’ y dijo que no está amparado en la libertad de prensa para informar sobre este tema”.

“La intención de responsabilizar a un periodista por la publicación de información de interés público, aunque se trate de información secreta, es un nuevo intento de afectar la libertad de expresión, ya que la obligación de reserva que tienen los legisladores no se aplica a los periodistas”, recuerda Cainfo en el texto, y es por esto que entiende que no debería imponérsele “ninguna sanción” a Preve.

Según el comunicado, el periodista está amparado por “el derecho de reserva de sus fuentes informativas, contemplado en el artículo 8 de la declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH [Comisión Interamericana de Derechos Humanos]”, que establece: “Todo comunicador social tiene derecho a la reserva de sus fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales”.

Asimismo, en su artículo 10 la declaración señala que “las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”, así como “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona”.

En diálogo con la diaria, el presidente de Cainfo, Fabián Werner, recordó que este año “ha sido especialmente significativo” en relación a los ataques a la libertad de expresión, y recordó que, además del informe de Cainfo hecho en abril, se sumaron otros tantos de organizaciones internacionales.

“Está claro que hay un problema. Todavía no sabemos por qué razón no hay voluntad política para encararlo”, señaló Werner, y acotó que ha habido “manifestaciones de dirigentes políticos, de representantes del gobierno, diciendo todo lo contrario, que todos los informes que han aparecido últimamente son falsos, que en Uruguay florece la libertad de expresión”.

El caso Lessa

El otro hecho sucedió en agosto; sin embargo, salió a la luz el jueves a raíz de una declaración pública de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) luego de su 78ª Asamblea General. En ese documento, la organización consignó que recibió “una denuncia del reconocido periodista, escritor y docente Alfonso Lessa”.

Según consta en la declaración de la SIP, y contó luego Lessa en declaraciones a Subrayado, recibió “advertencias concretas que incluso pudieron haber provocado un accidente automovilístico el pasado 19 de agosto”, según la SIP.

Lessa explicó que se encontraba yendo en auto por la ruta interbalnearia cuando otro vehículo se le colocó al lado y comenzó a seguirlo, apagando las luces, lo que provocó que el periodista perdiera la referencia de su perseguidor. Si bien “a veces prendía las luces”, al llegar a una zona iluminada de la ruta notó que ya no lo seguían.

Para Lessa, “es un hecho perturbador” y “fue como vivir una película de terror”. “Hoy no me gustaría manejar en una carretera de noche”, añadió, y sostuvo que está “impactado hasta desde el punto de vista institucional” e “indignado” porque “no sólo se puso en riesgo mi vida sino también la de mi esposa”.

La investigación

Lessa hizo la denuncia ante autoridades del Ministerio del Interior (MI) casi de inmediato, curiosamente, al mismo tiempo que el ministro Luis Alberto Heber preparaba la interpelación por el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Luego se encontró con Heber, quien le aseguró que consideraba el tema “gravísimo” y que “iban a investigar”; días después, recibió un llamado de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, contó “telefónicamente” lo sucedido y luego asistió personalmente, instancia en la que le explicaron que “ya habían hecho el mismo recorrido, comprobaron que era un lugar absolutamente oscuro, [y que] en todo ese tramo no hay radares ni hay una sola cámara, por lo cual era muy difícil encontrar a los responsables”.

“Me contaron que había sido muy bien organizado, en el lugar y el momento propicio”, agregó. Sobre lo sucedido, hay dos hipótesis: que el auto venía siguiendo a Lessa y a su esposa, o que salió de un camino lateral. Para comprobar esto, “empiezan a jugar un rol fundamental los videos de los peajes”, que “insólitamente no quisieron entregar” sin dar argumentos.

La investigación quedó entonces en suspenso. El jueves, el fiscal de Corte, Juan Gómez, fue entrevistado en Periodistas, el programa en el que participa Lessa en Canal 5. Fuera de aire, le consultó a Gómez por su caso, quien le confirmó que “ya estaba en conocimiento del caso” y que “le pareció raro lo de los peajes”. Este viernes, Gómez llamó personalmente a Lessa para confirmarle que el fiscal Letrado Departamental de Maldonado, Sebastián Robles, obtuvo los videos de los peajes y los estaba “analizando minuciosamente”.

El caso Feldman

El ataque se dio una semana antes de que saliera al aire el último informe en el que Lessa estaba trabajando para presentar en el programa Otra mirada, que conducía en canal 4, sobre la muerte de Saúl Feldman, en 2009, en un tiroteo con la Policía. En la casa de Feldman, posteriormente, se encontró un arsenal de armas.

Según Lessa, “son muchas casualidades”, puesto que era “el último informe del último programa” y el único que había hecho solo, porque usualmente los informes eran presentados por otro periodista junto con Lessa.

En su momento, Lessa fue “al expediente” del caso Feldman, que tiene “más de 3.700 fojas” y cruzó esa información con pedidos de acceso cursados al MI y al Ministerio de Defensa Nacional, además de hablar “con gente que había participado en el operativo”. Así es que notó “que había una serie de incongruencias, entre cosas que narraba o no narraba el expediente y cosas que me saltaban por otras vías”. La cuestión es que, para Lessa, hay una conexión entre sus averiguaciones y la situación que vivió. Entiende que es “evidente” que estaban al tanto de sus movimientos.

En la misma declaración que Cainfo emitió por el ataque a Preve, se da cuenta de lo vivido por Lessa y se plantea que “se trata de un hecho grave que debe ser esclarecido de inmediato para establecer si se trató de un ataque en represalia por las investigaciones periodísticas que Lessa estaba desarrollando”.

“Este tipo de hechos representa una clara amenaza a la libertad de expresión del profesional y puede implicar una afectación sobre todo el colectivo de periodistas”, sentencia el texto, y marca con preocupación “la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables”, que “puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la Justicia y a las garantías judiciales”.

Para finalizar, la organización asegura que ambos hechos “serán incorporados al Monitoreo de Restricciones y Amenazas a la Libertad de Expresión que realiza Cainfo”. En el último informe -que va de abril de 2021 al mismo mes de 2022- ya se detectó un aumento significativo de las amenazas a la libertad de expresión en Uruguay.