El lunes, el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC) resolvió, a propuesta del diputado Ope Pasquet, constituir un grupo de trabajo para analizar “la evocación histórica del golpe de Estado de febrero de 1973”, en el que el PC tuvo “clara oposición, mientras el Frente Amplio (FA) y la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) no sólo no rechazaron el atropello sino que expresaban la esperanza de incorporarse a la situación de facto”, indicó el CEN en un comunicado. Ante esto, la diaria se adelantó y consultó a varios legisladores colorados para conocer su opinión sobre aquellos hechos, a pocos meses de que se cumplan 50 años. Pero antes, un breve repaso.

El 31 de enero de 1973, el entonces senador colorado Amílcar Vasconcellos publicó una “carta al pueblo uruguayo” en la que denunciaba que el país estaba entrando a otro “período militarista”, ya que había pruebas de que las Fuerzas Armadas (FFAA) buscaban “desplazar a las instituciones legales”. Dos días después, el presidente de la República, su correligionario Juan María Bordaberry, le contestó con otra carta, que decía: “He afirmado una y otra vez, y lo reitero en esta oportunidad, que no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática, y reafirmo una vez más la voluntad de cumplir con el mandato de entregar el poder sólo a quien determina la voluntad soberana del pueblo”. Estas misivas fueron publicadas, entre otros lados, en Cuadernos de Marcha número 68, de marzo de 1973.

Entre idas y vueltas de cartas y más cartas, en aquel febrero las FFAA emitieron varios comunicados. En uno de ellos señalaban que los mandos militares del Ejército y la Fuerza Aérea habían decidido “desconocer las órdenes del ministro de Defensa Nacional”, el recientemente designado Antonio Francese, y le sugerían al presidente “la conveniencia de su relevo”. El 12 de febrero, Bordaberry se reunió con los mandos militares en la base aérea Boiso Lanza, donde el presidente aceptó todas las exigencias militares, y Francese fue sustituido por Walter Ravenna. Pocos meses después, el 27 de junio de 1973, como se sabe, Bordaberry disolvió las cámaras e hizo carne el golpe de Estado.

En tanto, el 7 de febrero de 1973 la CNT emitió un comunicado en el que rechazó “los falsos dilemas”, ya que “la verdadera línea divisoria” no era otra que “la que separa a las fuerzas de la oligarquía y el imperialismo por un lado y la clase obrera y el pueblo por el otro”. A su vez, se expresaba contraria a la política del gobierno, “representante de la oligarquía, continuador del gobierno anterior en la violación de la Constitución y en el ataque a las libertades y derechos de los trabajadores y del pueblo”. Por último, llamaban a “redoblar el combate reivindicativo y programático, enfrentando la política del gobierno y la oligarquía”, y a salir a la calle “para propugnar que prevalezcan las soluciones favorables al pueblo y oponerse a todo designio antidemocrático”.

Schipani: “La posición que va a expresar el documento es la historia real”

El diputado Felipe Schipani (Ciudadanos), integrante del CEN, señaló a la diaria que el objetivo del grupo de trabajo que formarán es planificar “una serie de eventos recordatorios” de los hechos del “proceso de quiebre institucional”, y también elaborar un documento “en donde el PC dé su versión de los hechos históricos”. “Yo coincido plenamente, porque creo que la posición que va a expresar el documento es la historia real. El FA hace caudal en el decreto de disolución de las cámaras, del 27 de junio de 1973, pero en verdad el proceso de golpe de Estado, el quiebre institucional, empezó en febrero, cuando Bordaberry arregló en Boiso Lanza con los militares. Básicamente, ahí les entregó el poder”, indicó.

Para Schipani, “es interesante analizar qué hizo cada uno en ese momento”, como Vasconcellos, “que denunció lo que se estaba gestando, con una indiferencia de todo el sistema político, y particularmente del FA y de la CNT, que no sólo no apoyaron esa denuncia sino que justificaron la alianza entre los militares y Bordaberry, a través de los comunicados 4 y 7, los comunicados peruanistas, y ahí están los editoriales de El Popular”.

Por lo tanto, Schipani indicó que el PC procura “poner en blanco sobre negro” lo que entienden que es “el análisis histórico que se ajusta a los hechos, mirar todo el episodio y no sólo analizar la historia desde la perspectiva hemipléjica de lo que ocurrió el 27 de junio, la huelga general y lo que vino después”.

Consultado sobre si, en este marco, el PC planea hacer autocrítica sobre que quien pactó con los militares y dio el golpe de Estado fue un presidente colorado, Schipani contestó que “por supuesto”, y que “se ha hecho”, por ejemplo, en la Asamblea General, en 2013 –a 40 años del golpe–, a cargo del diputado Pasquet. En aquella oportunidad, Pasquet había dicho, entre otras cosas: “El decreto de disolución de las cámaras lo firmó Bordaberry, y esa es nuestra gran responsabilidad”. En aquel 2013, el expresidente colorado Jorge Batlle criticó duramente a Pasquet por lo expuesto ante la Asamblea General y dijo al diario El Observador: “Nunca he visto un imbécil más grande”.

Schipani sostiene que “al partido, institucionalmente, le cabe responsabilidad porque objetivamente quien disolvió las cámaras fue un presidente elegido por el lema PC”, por lo tanto, “desde esa perspectiva, por supuesto que le cabe responsabilidad, no hay ninguna duda”. “Pero también es cierto que los primeros en oponerse a todo lo que estaba haciendo Bordaberry fueron los propios colorados, fundamentalmente los sectores batllistas”, acotó. Schipani augura que 2023 será un año de “enormes debates históricos” y señaló que no cree que en la interna del PC haya “mucha discusión” sobre el tema, porque piensa que la versión del partido “es la que se ajusta a la realidad”.

Raúl Batlle: encontrar a los desparecidos “es lo último que nos queda para salir de todo eso”

En tanto, el diputado Conrado Rodríguez (Batllistas), que también integra el CEN, señaló a la diaria que, entre las ideas que vienen barajando sobre el tema, él está trabajando en un proyecto de ley para homenajear al contraalmirante de la Armada Juan Zorrilla, quien el 9 de febrero de 1973, ante la oposición de la Fuerza Aérea y del Ejército a la designación de Francese como ministro de Defensa, en forma de protesta, dispuso la clausura de la Ciudad Vieja con una barricada de autos civiles y ómnibus, y luego tuvo que renunciar. “Ese gesto para el PC es muy importante”, acotó Rodríguez, y recordó que luego Zorrilla terminó siendo electo senador, en 1985, al retorno de la democracia.

En cuanto a la caída institucional, Rodríguez sostuvo que “está claro que el golpe ocurrió en febrero” y que “lo que pasó después, con el corolario de la disolución de las cámaras, fue producto de lo que había ocurrido en febrero”, porque “ya estaba claro que se había roto la cadena de mando y la institucionalidad”. “En la disolución de las cámaras hubo, obviamente, participación de gente que estaba en el gobierno, pero el partido como tal lo condenó”, sostuvo.

Además, Rodríguez destacó que las versiones taquigráficas de la última sesión del Senado antes del golpe de Estado muestran que “las intervenciones de muchos senadores del PC”, como Vasconcellos y Luis Hierro Gambardella, “son muy importantes”, sin embargo, “poco se habla” de ellas; de hecho, “siempre se habla” de la intervención del entonces senador blanco Wilson Ferreira Aldunate.

Por último, el senador Raúl Batlle (de la Lista 15), dijo a la diaria que autocrítica pueden hacer “las personas que estuvieron en ese momento y que hoy están vivas”, por lo tanto, “hoy la autocrítica ya pasó”. “Ya pasamos todo eso, y está bien lejos, atrás. Todavía quedan algunas cosas para terminar de solucionar: gente que aún no encuentra el destino de sus parientes, y me parece que es lo último que nos queda para salir de todo eso; ya es historia y estamos en otra”, finalizó.