En octubre de 2020 los senadores de Cabildo Abierto (CA) Raúl Lozano, Guido Manini Ríos y Guillermo Domenech presentaron un proyecto de ley para la reestructura de deudas de personas físicas, que estuvo en discusión en varias instancias de la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores. Allí fue aprobado por unanimidad y pasó al pleno de la cámara la semana pasada, donde, pese a lo previsto inicialmente, no alcanzó los votos necesarios y volvió a comisión.

En su audición en Radio Oriental, Manini Ríos se mostró sorprendido por el hecho y anunció que recorrerán “todo los caminos” necesarios para llegar a esta “solución”, lo que implicará, de no tener salida legislativa, impulsar un plebiscito de reforma constitucional.

“Va a comenzar el año que viene, probablemente enseguida de Semana Santa, allá por abril, la recolección de firmas para ir a un plebiscito constitucional que introduzca en nuestra carta magna las cláusulas necesarias para de una vez por todas solucionar este problema” que afecta “a tantos miles de uruguayos”, adelantó Manini.

Consultado por la diaria sobre cómo cayó esta marcha atrás en la votación del proyecto, Domenech señaló que “es un hecho verdaderamente sorpresivo” que desde la coalición “hayan surgido voces oponiéndose a votar el proyecto de manera absolutamente inconsulta, sin siquiera avisar que se iba a adoptar semejante conducta”. Consideró que lo que ocurrió fue “impropio del relacionamiento que debe haber en la coalición y falta de la cortesía parlamentaria a la que se invoca tantas veces”.

Según Domenech, los números que maneja CA dan cuenta de que “en el clearing hay cerca de un millón de personas en esta situación”, por lo que “hay un volumen muy importante de deuda con el sistema financiero y -según se rumorea porque no hay cifras oficiales- con prestamistas privados, incluso hay denuncias de procedimientos no ortodoxos y hasta humillantes para el cobro de esas deudas”. Todo esto, señaló, “nos da una dimensión del enorme problema social que como muchas cosas no tienen una voz estridente que se haga oír”.

Para el senador cabildante, en este y otros temas “hay un quietismo que preocupa por parte del equipo económico”, en el que rige, “dicho en buen criollo, el dicho de que ‘los zapallos se acomoden en el carro en el transcurso del camino’”. Desde Cabildo, sostuvo, no creen “en ese tipo de política”.

“Si vemos el tema de las políticas de frontera, ¿qué se está esperando? ¿Que colapse todo el comercio minorista? ¿No se le ocurre nada al gobierno? ¿Le parecen mal todas las iniciativas legislativas presentadas?”, se preguntó Domenech, y entendió que se les “escucha poco dentro de la coalición”.

Consultado sobre su apreciación personal respecto de los motivos de la marcha atrás con el proyecto de reestructuración de deudas, Domenech recordó que cuando se impulsó la ley forestal por parte de CA y el Frente Amplio (FA) se despertó “la furia de grandes intereses económicos, y no tenemos ninguna duda que enfrentar los enormes y poderosos intereses de quienes se dedican a prestar a intereses también motivo de un malestar que puede mover enormes fuerzas”.

“El padre de la criatura”

Durante su audición, Manini le achacó al FA ser “el padre de la criatura” y responsabilizó a la oposición de impulsar medidas durante sus gobiernos que terminaron por generar la masa de deudores que CA pretende paliar con su proyecto de ley.

“En el FA conviven tendencias políticas distintas que logran una maravillosa armonía a la hora de votar, pero es claro que hay un sector que está muy pegado a todo el sistema financiero y es el padre de la ley 18.212, que permite que en el Uruguay no haya legalmente usura; la puede haber económicamente pero no legalmente”, sentenció, por su parte, Domenech, y responsabilizó a la ley aprobada por el FA de “las tasas vergonzosas de interés que publica el Banco Central”.

Argimón: Cabildo “está en su legítimo derecho” de juntar firmas para plebiscito

La vicepresidenta también se refirió a que dirigentes de Cabildo Abierto aseguraron que iniciarían una consulta popular en caso de que su proyecto de reestructuración de deudas de las personas físicas no se apruebe en el Parlamento. “Yo no lo tomé como una amenaza, sino como un legítimo derecho que tiene un partido político que presenta un proyecto y entiende que es un camino a recorrer porque la sociedad lo precisa. Lo que sí también es cierto es que la comisión respectiva tiene dentro de su orden de prioridades el tratar este proyecto, que volvió a comisión a efectos de poder avanzar en consecuencia. Vamos a esperar los tiempos parlamentarios, pero está dentro de un legítimo derecho”.