La exclusión racial y territorial en Uruguay: el caso de Montevideo

Escribir sobre la situación de la población afrodescendiente en nuestro país es uno de los desafíos más importantes para los derechos humanos. Esto se debe al bajísimo nivel de preocupación que tiene la sociedad en general sobre la situación que vivimos las personas afrodescendientes en nuestro país, y la implicancia que esto tiene para su desarrollo vital (en lo social, económico y cultural); permitiéndose convivir con indicadores de desigualdad altos en relación a la calidad de vida que se les brinda a las personas por su color de piel, características culturales y por su procedencia. “El monopolio comercial y delictivo fue cultural”.¹ En un reciente estudio de la Comisión para América Latina y el Caribe y el Fondo de Población de las Naciones Unidas se describe la ambigüedad en la que vive Uruguay, al ser el país que, teniendo una estructura de igualdad superior a la de los países de la región, convive con las brechas raciales más importantes de América Latina. ¨En Uruguay, el país que presenta la menor tasa de pobreza latinoamericana, el porcentaje de población afrodescendiente en esa situación era alrededor del triple de la no afrodescendiente; en Brasil, era 2,2 veces superior; en Perú era el doble, y, en Colombia era 1,5 veces superior”.² Uruguay confirma que el racismo promueve altos niveles de pobreza y exclusión, pero no sólo afecta en los niveles de ingreso sino en la capacidad de los países en la acción universal de la implementación de las políticas públicas.

En Uruguay aproximadamente de diez a doce de cada 100 personas tienen ascendencia africana y se autoidentifican como afrodescendientes o negros³ según datos de la Encuesta Continua de Hogares (ECH del Instituto Nacional de Estadística, INE). De estas, más de 20 de cada 100 son pobres, superando el número de personas pobres no afro en alrededor de 1,3 veces. Esto no se debe solamente a aspectos históricos, sino que el impacto del racismo en la estructura de oportunidades y en las capacidades de goce de derechos es uno de los elementos más preocupantes cuando hablamos de un problema que impacta en los cinco quintiles de la población afrodescendiente. Tomamos la expresión de Guigou (OPP-FHCE, 2018) sobre racismo envolvente, que no sólo afecta la memoria colectiva en el pasado sino del propio presente, eliminando de las explicaciones objetivas de la pobreza y de la periferización de la población afro o negra el impacto del racismo institucional como social. En el mismo sentido, Bolaña, en Cantegriles montevideanos: 1946-1973, un estudio sobre los primeros asentamientos de Montevideo, nos cuenta: “De los once testimonios de las viviendas de materiales de desecho y de emergencia ocho son afrodescendientes. Si bien este no fue uno de los criterios de selección de los mismos y, sólo entre algunos existe parentesco, no es casual que la mayoría tengan ese origen”,⁴ entreviendo la concentración de “población negra” en el inicio de los primeros cantegriles de la ciudad. Esta concentración histórica en los límites de las ciudades (década del 40) contrasta con la concentración de la identidad afrodescendiente en el centro-sur de Montevideo, pero es tema de otro artículo hablar sobre la configuración histórica y social de la cultura “negra” en ámbitos alejados de los centros territoriales donde se concentraba la población afro, aspecto que también tiene su relación con el racismo al construir una imagen de la periferia sin cultura y vacía como parte de un epistemicidio cultural del Montevideo Negro después del túnel de 8 de Octubre.

La población afro se encuentra principalmente en los deciles más pobres de la población uruguaya, siendo uno de los segmentos más importantes de los hogares que reciben las Tarjetas de Uruguay Social (TUS) del Ministerio de Desarrollo Social (Mides),⁵ las cuales son otorgadas a los hogares en peores condiciones económicas y con hijos/as con déficits alimentarios. Esto se hace visible en la estructura económica de la población afrodescendiente, la cual reporta el INE a través de los niveles de pobreza por ingresos (ver gráfico: Incidencia de la pobreza por ascendencia racial); en este sentido, estima un promedio de no menos de 20% de pobreza –a nivel nacional– entre quienes se definen como afrodescendientes, agravando el dato cuanto menor edad tiene la persona, llegando en el caso de Montevideo a guarismos de 50% de niños y niñas pobres (ver gráfico: Incidencia de la pobreza en niños y niñas), determinando la vida futura del hogar así como de la comunidad entera.

Las desigualdades raciales o étnicas con la información existente con base en la posibilidad de desagregación por ascendencia son trazables y por eso, entendemos que pueden ser atacadas cuando existe voluntad política, la cual falta en relación al problema que sufre la comunidad más importante numéricamente en Uruguay. Afirmamos esto dado que es inexplicable la condena a la cual están jugadas las personas afrodescendientes en nuestro país. Para muchas personas es inexplicable la existencia de racismo en nuestro país, o que esto explique las condiciones de vida de la población afro o negra, pero podemos establecer su existencia no sólo a partir de los datos de la pobreza sino por su relación con el trasiego territorial que han tenido que vivir. Es conocida la expulsión de las personas afrodescendientes del cinturón costero de Montevideo, principalmente en el período de 1973-1985 con el desplazamiento forzado de los conventillos Mediomundo y Ansina (unas 500 familias) hacia la fábrica de Martínez Reina o zonas de la periferia como son los casos de los Palomares 1 y 2, etcétera, construyendo un sistemático halo de negación histórica que sólo puede ser explicada por el racismo (el rechazo de lo negro) y el capitalismo (el valor inmobiliario de los lugares donde vivía esa población).

El déficit de oportunidades está ligado a la convivencia en los cinturones de la ciudad al estar en los municipios A, D, F y ubicándose en estos municipios en la periferia de la periferia, donde el Estado aún no llega de forma adecuada y sistemática. Es importante el número de personas afro que viven en asentamientos irregulares o zonas regularizadas recientemente, limitando estrictamente a esta población a convivir con carencias críticas y a tener una ciudadanía limitada.

La periferia ha sido y sigue siendo el lugar donde la ciudad entiende que debe vivir la población afrouruguaya (y al día de hoy, la población afrodescendiente migrante). Esto sí tiene que ver con hogares que transgeneracionalmente han vivido en situaciones críticas y que, en caso de resolver los problemas de ingresos (pasar a los quintiles más altos), el efecto arrastre los obliga a enmagrecer sus ingresos para ayudar a las personas más pobres de sus familias o, en el peor de los casos, desafiliarse de ese núcleo.

Dada la alta proporción de afrodescendientes que residen en asentamientos irregulares, y los lentos progresos que se observan en la reducción de las brechas étnico-raciales, consideramos que la mejora de barrios y la regularización de asentamientos irregulares y el acceso al mercado de viviendas son políticas de promoción de la equidad étnico-racial fundamentales para revertir los efectos del racismo en la sociedad uruguaya. En ese sentido, consideramos que sería conveniente implementar medidas focalizadas en los asentamientos irregulares con mayor proporción de afrodescendientes, como facilitar el acceso al crédito para la compra y refacción de viviendas, el acceso a canastas de materiales, la promoción de cooperativas de viviendas desde el modelo de ayuda mutua, entre otras posibles medidas.

Es central combatir la ignorancia y la indiferencia benigna⁶ de la población uruguaya y de las autoridades políticas, que viene haciendo estragos en la comunidad afrouruguaya, y por tanto, lo hará en la comunidad afrodescendiente que comienza a establecerse en nuestro país (cubana, dominicana, venezolana, etcétera), generando un efecto arrastre que impide en todas sus formas la movilidad social o alguna condición de mejora. Contrariamente o incorrectamente, las acciones dirigidas a la población afrouruguaya y afrodescendiente han sido incluidas en la llamada “Nueva agenda de derechos”, no ajustándose al número ni a la urgencia de las medidas necesarias a desarrollar para limitar el aumento de la desigualdad entre la población afro y la población no afro en nuestro país.

Las acciones públicas para población afrodescendientes se han inclinado en mayor medida hacia políticas de identidad y reconocimiento, profundizando la brecha étnico-racial y limitando el desarrollo de la población afrodescendiente. Alertamos sobre el vacío total en atención a las medidas redistributivas en lo nacional para la promoción de la equidad étnico-racial. La ausencia del organismo rector de las políticas para población afro es alarmante y preocupante ante el deterioro de las condiciones de vida de nuestra población. Urge construir políticas integrales con fuerte encare en las políticas de vivienda que apunten a atraer a la población afro al centro y no seguir pasivamente permitiendo que la periferia siga siendo nuestro lugar de residencia.

Uruguay confirma que el racismo promueve altos niveles de pobreza y exclusión, pero no sólo afecta en los niveles de ingreso sino en la capacidad de los países en la acción universal de la implementación de las políticas públicas.

Esta nota fue publicada en el Suplemento Habitar.

Ramón Orlando Rivero es integrante de la Organización Social Salvador (OSS). La organización se conforma en el año 2008, a partir de la organización de un grupo de personas afrodescendientes que promovieron un homenaje en el Parlamento Nacional al doctor Salvador Beterbide, quien fue el líder del Partido Autóctono Negro en 1936 en Uruguay. Este último, junto con el Partido Independiente de Color de Cuba (1908) y el Frente Negro Brasileño (1931) y el Partido Panteras Negras (1966) constituyen las únicas expresiones partidarias y específicas de organización del voto negro en las Américas y fueron determinantes para la agenda política y social de la comunidad afrouruguaya de la época hasta finales del siglo XX. La OSS trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de la comunidad afrouruguaya, basando sus actividades en una agenda antirracista desde una perspectiva territorial e interseccional. En el momento lleva adelante los Servicios de Atención y Promoción de la Ciudadanía Afrodescendiente (Sapca) en el marco de los Municipios F y G de Montevideo. Estos servicios  tienen  como objetivo la protección y fortalecimiento del tejido social de la comunidad afrouruguaya y afrodescendiente, desde la articulación de las demandas sociales con los servicios públicos, la mejora de la intermediación como un eje y tomando la organización comunitaria y el nexo de la ciudadanía con el equipo de atención de los Sapca como una herramienta para intentar reducir los tiempos de atención y mejorar la respuesta pública hacia la población afrodescendiente. La organización integra la Coordinadora Nacional Afrouruguaya.