La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) ha estado funcionando en las últimas semanas con dos integrantes en su directorio: el vicepresidente Guillermo Ortíz, del Partido Nacional (PN), y la vocal Ana Ferraris, representante del Frente Amplio (FA). Esto porque la presidenta Susana Signorino, de Cabildo Abierto (CA), pidió licencia a principios de octubre y, si bien retornó para participar en la sesión del directorio del lunes, volvió a salir de licencia desde este jueves por 12 días, como previa de su salida del cargo.

¿Cómo funciona el organismo sin la presidenta? “Nada raro, se busca llegar a acuerdos en los temas, no pasa por ser del PN o del FA”, dijo a la diaria el vicepresidente de la Jutep. Sin embargo, desde la oposición tienen una visión crítica sobre el funcionamiento de la entidad de contralor y el asunto se analizó a nivel orgánico del FA días atrás, con voces que opinaron que debía pedirse la destitución de los jerarcas que la integran.

Si bien hay varios temas ríspidos, el asunto que más caldea la interna de la Jutep es el caso del senador blanco Juan Sartori, quien no cumplió con la obligación legal de presentar la declaración jurada de su esposa –la rusa Yekaterina Rybolóvleva– y, además, según la representante del FA en el directorio, omitió información de las empresas que posee en las tres declaraciones de bienes personales que envió al organismo.

Luego de que Signorino calificara meses atrás como una “falta grave” la no presentación de Sartori de los datos patrimoniales de su esposa, incumpliendo la denominada ley cristal de los funcionarios públicos (17.060), el senador fue citado por la Jutep para el 14 de octubre. Pero el día previo informó que no iba a asistir por falta de “garantías” al ser convocado por un “organismo desintegrado” –por la licencia de la presidenta– y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) contra un artículo de la ley que lo obliga a enviar la información.

“Es obligado a actuar sobre el patrimonio de su cónyuge, de quien se encuentra separado de bienes y en la situación de que ella no está dispuesta a brindar esa información. [...] La inconstitucionalidad de la norma se exhibe a partir de que [Sartori] no puede ni tiene medio jurídico alguno para obligar a que otra persona firme la declaración”, dice el recurso que presentó el constitucionalista Carlos Delpiazzo ante la SCJ en nombre del senador nacionalista.

Luego de esos pasos, el vicepresidente de la Jutep dijo que el asunto actualmente corre por dos carriles distintos. Por un lado, indicó que la Jutep “va a contestar” los argumentos que planteó Sartori para no asistir a la citación, que son aspectos de forma. El senador cuestionó que se le avisó de la audiencia “unas horas” antes de la fecha y sin “la razonable antelación”, lo que se “aparta de las normas del debido proceso”, según el escrito que presentó. Ortíz dijo que “es un tema que está trabajando la asesoría letrada para dar una respuesta”, y señaló: “No es que porque no vino [Sartori a la citación] el tema se terminó, sigue el proceso y tendrá que haber una nueva citación tras la contestación a sus planteos”.

Por otro lado, quien actúa estas semanas como presidente interino expresó que la cuestión sobre la constitucionalidad de la norma la “debe dilucidar la SCJ”, y hasta que eso no ocurra “el proceso queda detenido” por una cuestión de orden “jurídico”, porque si no la Jutep “pasaría por encima” del máximo tribunal de Justicia. Estos argumentos sobre el caso Sartori fueron rechazados por Ferraris, vocal del FA y que comparte el directorio –por el momento de dos integrantes– con Ortíz.

“Acá el que debe dar respuestas es Sartori [y no la Jutep al senador]. Él no vino a la citación e intentó justificar su no comparecencia con argumentos que desde mi punto de vista no son compartibles”, dijo Ferraris a la diaria. Indicó que con sus actitudes, el legislador ha demostrado que “no tiene voluntad de comparecer”.

A su vez, no compartió lo expuesto por Ortíz sobre que primero debe expedirse la SCJ sobre el recurso de inconstitucionalidad. Explicó que ya llegó la notificación a la Jutep desde la SCJ para que responda en un plazo de 20 días los argumentos por los que ratifica la constitucionalidad del artículo 12 de la ley cristal, contra el que Sartori presentó el recurso. “Nuestra abogada deberá hacer un escrito y contestar la demanda. Yo sigo atenta el tema y me puse a disposición [Ferraris es abogada de profesión]. Nunca nadie antes pidió la inconstitucionalidad de esta norma y no me cabe duda de que es constitucional”, expresó.

Igualmente, la directora de la Jutep afirmó que “la norma hoy está vigente”, estado que se mantiene “hasta que la Corte no se pronuncie”, por lo que Sartori y cualquier otro funcionario “debe cumplirla”. Este artículo detalla el contenido que debe tener la declaración jurada que están obligados a presentar los funcionarios públicos.

Ortíz y Ferraris coincidieron en que, si bien la ley permite a la Jutep multar con entre diez y 500 unidades reajustables (UR) a quienes no acudan a dos citaciones seguidas, se trata de una disposición que no fue reglamentada y por ende no hay una potestad sancionatoria. Sin embargo, la vocal del FA planteó que quien sí puede sancionar a Sartori al haber cometido una falta grave, según la ley, es el Parlamento, que podría retenerle la mitad del sueldo hasta que regularice su situación con la Jutep.

Más recursos

Pese a las críticas que han surgido sobre las actuaciones del organismo en este período, su vicepresidente Ortíz defendió lo actuado: “Hemos funcionado bien pese a las circunstancias. Pasamos un 2020 de pandemia y gran parte de 2021 en que no se funcionó normalmente. Ahora nos estamos recomponiendo y poniéndonos al día con [la revisión de] las declaraciones juradas. Se ha trabajado muy bien con los recursos que tenemos y que ahora se van a incrementar”.

Guillermo Domenech, senador de CA, expresó a la diaria que el sistema político tiene claro que hay “falta de recursos humanos” en la Jutep para cumplir las tareas encomendadas, por lo que “en la última Rendición de Cuentas conseguimos que se le permita contratar a nuevos funcionarios”. El legislador sostuvo que “la Jutep requiere un apoyo profesional que hasta el momento no había tenido”, porque “hay muchas tareas de orden contable y jurídico para lo que se necesita gente con conocimiento”.

Esto, según detalló Ortíz, permitirá el ingreso de tres abogados y un contador a partir de 2023. El llamado prevé que se realice en enero y se buscará “darle la mayor celeridad” al ingreso de los nuevos funcionarios. “La parte profesional es un debe”, sostuvo el vicepresidente, pero destacó que “nunca se le había dado más recursos a la Jutep” como en la última Rendición de Cuentas.

Cabildo Abierto analiza “dos o tres candidatos”

Hace cerca de un mes Susana Signorino informó a la prensa que iba a renunciar a la presidencia de la Jutep y, según declaró a El País, ya había comunicado la decisión a Guido Manini Ríos, líder de la fuerza política a la que pertenece. La renuncia la oficializó a sus compañeros de directorio el lunes pasado y de forma verbal, aunque planteó que volvería a salir de licencia hasta que se resuelva su sucesión en el cargo.

Domenech dijo que el partido se encuentra analizando “entre dos o tres candidatos” para reemplazar a Signorino, “viendo si estarían dispuestos y les entusiasma” presidir la Jutep. Detalló que son personas que pertenecen a CA y hoy no ocupan cargos. El perfil que se busca es “alguien que tenga conocimientos jurídicos y compromiso con la tarea”. Si bien no se fijaron plazos para tomar la decisión, sostuvo que la idea “es hacerlo lo antes posible”.