La comisión formada en el Senado para estudiar el proyecto de reforma jubilatoria que envió el gobierno recibió el lunes a una delegación de la Asociación Nacional de AFAP (Anafap), que nuclea a las tres empresas privadas —Sura, Unión Capital e Integración— que compiten con la estatal República AFAP, quien domina el mercado. La delegación pidió analizar dos posibles cambios legislativos y dejó un comentario sobre la modificación en la forma de distribución de aportes entre la AFAP y el Banco de Previsión Social (BPS): “No es la receta que sigue el resto del mundo”, dijo Sebastián Peaguda, presidente de Anafap.
Esto refiere a una disposición incluida en el proyecto de ley tras la negociación política en la coalición, cuando a pedido del Partido Colorado se modificó el anteproyecto: en lugar de que los nuevos trabajadores repartan sus aportes en partes iguales entre el BPS y la AFAP, como ocurre hoy día mayormente, se definió un esquema de 10% y 5% respectivamente, ampliando la parte de la jubilación que paga el Estado. La variante se implementó en busca de atenuar los impactos de la reforma sobre los sectores de ingresos medios, que con el nuevo esquema de aportes se beneficiarían del subsidio por el tramo por BPS.
“Ir hacia un sistema que va a fortalecer el esquema de reparto [BPS] en vez del ahorro individual [AFAP] es ir contra lo que pasa en los demás países. El mundo no va hacia incrementar los pilares de reparto sino en sentido contrario. Es contraintuitivo que si vamos a una reforma por las necesidades financieras del BPS y las otras cajas, a los nuevos trabajadores les hagas invertir más en un sistema de reparto”, expresó Peaguda a la diaria.
Definió la modificación como “una promesa muy desafiante”, ya que se debe valorar si “dentro de 40 años”, cuando las personas que aún no ingresaron al mercado laboral se retiren, el Estado podrá asumir esas erogaciones. “Si ya hoy es difícil de pagar” el sistema jubilatorio de reparto “por el resultado fiscal del país, en la segunda mitad del siglo, con la población envejeciendo, van a ser más los desafíos”, sostuvo Peaguda.
Sistema de datos y comisiones
Uno de los aspectos que las AFAP privadas entienden que “requieren un cambio” es el artículo 108, que crea un sistema de información integral sobre la seguridad social. El pedido que dejó a los senadores la delegación, comentó Peaguda, es que las AFAP sean consideradas dentro de la nueva estructura, ya que con la redacción actual deberán remitir los datos de sus afiliados pero no tendrán acceso a la información para dar asesoramiento.
La redacción del Ejecutivo plantea: “Todas las instituciones involucradas tienen el deber de colaboración en la conformación y mantenimiento del Sistema de Información de Protección Social. Las entidades públicas de seguridad social tendrán acceso a la información registrada de sus afiliados en lo que fuere pertinente para el cumplimiento de sus cometidos legales”.
Peaguda señaló que “es muy bueno tener un repositorio de información de todo el sistema para dar un asesoramiento previsional completo” a los trabajadores, pero hay “una asimetría” si las AFAP deben dar los datos y no tienen acceso al sistema. “Que no podamos brindar asesoramiento [accediendo a los datos del sistema] es una limitación que se podría subsanar” durante el trámite legislativo, indicó.
Por otro lado, las AFAP privadas no comparten el cambio legal que introduce el proyecto de ley sobre el tope a las comisiones que pueden cobrar. En este aspecto actualmente rige una disposición de 2018 —que las empresas también rechazan— que les permite cobrar hasta 50% más que la menor comisión del mercado, que la tiene la estatal República. El proyecto propone un tope que puede superar en hasta 20% el promedio de las comisiones que cobran todas las AFAP, ponderadas por el volumen del fondo que administran.
Tanto para oponerse a la ley de 2018 como a la nueva propuesta, las AFAP privadas plantean que quedan condicionadas a la definición de República, que bajando su comisión arrastra a las demás. “Hay empresas que ofrecen mayor rentabilidad” para el dinero del afiliado y cobran “una mayor comisión”, porque “el resultado neto para el cliente es más conveniente”, y esta competencia queda diluida “si el actor más grande tiene un peso exacerbado dentro del promedio del sistema” a la hora de valorar las comisiones, indicó Peaguda.
La fórmula que planteó Anafap en la comisión del Senado es “un promedio simple” de lo que cobran las AFAP “con un umbral de 10%”, lo que según Peaguda “lleva al mismo tope” que la redacción contenida en el proyecto, pero “evita los problemas de concentración” derivados del peso en el mercado de República AFAP.