Desde las 15.00 de este martes está previsto que se concrete en el Senado el comienzo de un proceso marcado como prioridad por el gobierno y la coalición multicolor: la votación del proyecto de ley de reforma previsional. Este objetivo incluido en el Compromiso por el País, que tuvo su puntapié con una comisión de expertos que trabajó más de un año, a la que luego le siguieron varios meses de negociación en el oficialismo y el posterior tratamiento legislativo, tendrá su primera jornada de votación en la comisión especial formada en el Senado para su estudio.
El lunes el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley que recoge cambios de redacción en 30 artículos, cerca de 10% del total de disposiciones incluidas en el texto original, remitido al Parlamento en octubre. Según el nuevo texto, al que accedió la diaria, hay cambios menores en ciertas condiciones para acceder a la jubilación por incapacidad, al causal anticipado por trabajos de riesgo, a las pensiones de las viudas y a la pensión por supervivencia, además de modificar en parte lo dispuesto para el régimen de AFAP.
Sin embargo, no fueron considerados dos aspectos marcados como prioridad por parte de Cabildo Abierto (CA): que se reduzca el período de años a considerar para el cálculo jubilatorio -los 15 mejores años en lugar de 25 años- y que la Caja Notarial quede por fuera de los cambios previsionales. El apoyo del partido liderado por Guido Manini Ríos es clave para la aprobación del proyecto, y el senador Guillermo Domenech dijo a la diaria que “el voto realmente importante será el del plenario”, es decir, cuando el proyecto sea analizado la próxima semana por todos los senadores, tras la votación en la comisión.
El senador blanco Gustavo Penadés informó en una rueda de prensa, tras una reunión de la coalición, que se prevé votar el proyecto a partir del martes próximo en el plenario del Senado, y que a más tardar el jueves 29 de diciembre tenga la aprobación final, con miras a que en 2023 lo trate la Cámara de Diputados.
Entonces, hasta que la próxima semana pase el asunto por el plenario del Senado, CA mantiene la expectativa de conseguir cambios al proyecto de ley. “Es a lo que apostamos”, señaló Domenech, quien planteó que habrá en estos días conversaciones con sus pares de la coalición tanto “en la comisión como fuera”, en procura de las modificaciones deseadas.
Más temprano y al hablar en una rueda de prensa, Domenech detalló: “Este proyecto viene desde el Poder Ejecutivo con una fuerte impronta de darlo por cerrado, pero insistimos en la necesidad de algunas modificaciones. Tenemos voluntad de acompañar [con los votos], pero queremos que contemple nuestras solicitudes porque las consideramos justas y convenientes para el sistema”.
De todas formas, Penadés evaluó el lunes que está “avanzado en un 99,9%” el proyecto final de la reforma jubilatoria. Fuentes parlamentarias explicaron a la diaria que el texto definitivo se conocerá recién cuando el tema pase por el plenario, ya que contendrá artículos del proyecto original enviado en octubre, los 30 artículos agregados por el gobierno el lunes -sobre aspectos que requería la iniciativa privativa del Ejecutivo-, otros cambios de redacción que hizo la coalición, y no se descarta tomar en cuenta alguno de los aditivos que proponga el Frente Amplio (FA).
Desde la oposición tuvieron acceso en la tarde del lunes a las modificaciones al proyecto y se cuestionó la forma de trabajo del gobierno, por dar a conocer los cambios con escaso tiempo para su estudio. Más temprano, en una rueda de prensa que consignó el diario El País, el exministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, sostuvo que “sustancialmente” la coalición sigue proponiendo “una reforma de recorte”.
Además, Murro cuestionó al gobierno por mensajes que son incorrectos sobre el contenido de la reforma: “Están diciendo que a los 70 años las personas van a tener una pensión, lo cual no es cierto. Es una aspiración, pero no es algo que esté expresado en el proyecto de ley. También dicen que esta reforma no es de recorte, sino que va a ser de aumento, todas cosas que no son así”.
En un sentido similar se pronunció el lunes Ramón Ruiz, director del Banco de Previsión Social en representación de los trabajadores, al plantear a través de Twitter que hubo “reiterados errores e inconsistencias por parte del Poder Ejecutivo durante el debate de la reforma jubilatoria”. El representante sindical afirmó que este proceder “no contribuye al debate de calidad que el país precisa”.
Desde filas oficialistas, Penadés consideró que se trata de “un proyecto positivo para la población”. La propuesta del gobierno, entre otras cuestiones, plantea un nuevo régimen previsional único que comenzaría a regir en 20 años, para 2043, con cambios en la fórmula para el cálculo jubilatorio y una suba de la edad de retiro de 60 a 65 años. No habrá cambios en las reglas de juego para quienes tengan 50 años o más, y desde 2033 comenzará un período de transición y convergencia para los regímenes previsionales.
El cálculo jubilatorio y la Caja Notarial, aún en discusión
Domenech dijo que para CA “tiene que haber cierta gradualidad” a la hora de cambiar “los años a tener en cuenta para calcular el básico jubilatorio” que cobrará una persona en función de su historia laboral. Bajo el régimen actual se toman en consideración los 20 mejores años de la persona o los últimos diez con un adicional, y el gobierno propone considerar el promedio de 25 años de trabajo. La crítica a este punto es que al estirar el período es más factible una pasividad menor que tomando un lapso más corto de tiempo, y por eso CA pretende que sean 15 los años a considerar.
Penadés respondió que “hay dificultades de viabilidad financiera y económica del proyecto si se hace esa modificación”, y subrayó que “igual” se establecen “ventajas” para quienes se jubilen por el futuro régimen en comparación con las reglas actuales, afirmación que constituye un punto de choque con el FA y el PIT-CNT.
Por otro lado, CA entiende que la reforma no debe abarcar a la Caja Notarial, un subsistema que agrupa a los escribanos y que tuvo una reforma en 2019 impulsada por el FA. “Es una caja que no tiene problemas, tiene solvencia patrimonial muy clara hasta 2040 y no se justifica afectarla por este régimen”, consideró Domenech. Al respecto, Penadés dijo que “es uno de los temas que se está terminando de definir” de cara a la votación en el plenario del Senado, y hay “un equipo trabajando sobre eso”.
La semana pasada las autoridades de la Caja Notarial hicieron una conferencia de prensa en la que pidieron no ser abarcados por la reforma, ya que los cambios que se proponen no son positivos “para los afiliados ni para el organismo, ni tampoco para el país y sus recursos”, según dijo su presidente, Miguel Corradi. En concreto, no hay conformidad con la disposición del proyecto de ley del gobierno de que todos los nuevos trabajadores aporten al BPS y a la cuenta de la AFAP, incluso si son afiliados a las cajas paraestatales, que son entidades que hoy no tienen un pilar de ahorro individual.
Según Corradi, el esquema planteado por el Ejecutivo supondría subsidiar un período de transición con unos 900 millones de dólares para la Caja Notarial, que proyecta superávit para los próximos años y ya subió a 65 años la edad de retiro en la última reforma.