Luego de dos semanas sin hacer una referencia orgánica explícita al tema, el Frente Amplio (FA) emitió una declaración sobre el fallo judicial contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el presunto delito de administración fraudulenta en la construcción de obras públicas.
La declaración fue aprobada el lunes por la Mesa Política, aunque se difundió el miércoles, cuando se publicó en la web de la coalición de izquierda. “Desde un tiempo a esta parte, las democracias en la región y en América Latina se han visto debilitadas en sus instituciones más importantes. Con procesos judiciales orientados a deslegitimar y combatir los proyectos políticos progresistas, se han destituido presidentes/as, proscrito candidatos/as y llevado dirigentes a la cárcel con acusaciones falsas”, comienza el texto.
“En demasiadas oportunidades la insistencia a través de campañas mediáticas o de operadores políticos y, en ocasiones, también de operadores judiciales que, lamentablemente, menoscaban los principios y las garantías del debido proceso, han debilitado la democracia”, continúa la declaración.
Finalmente, el FA indicó que el reciente fallo judicial contra Fernández de Kirchner, “en tanto pretende proscribirla e inhabilitarla en el ejercicio de cargos públicos, es la materialización de esta misma estrategia que hemos visto aplicada en los países de nuestra América Latina”.
La declaración se resolvió 13 días después de la condena porque, en el medio, un borrador que se había discutido generó discrepancias internas. En una sesión de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio del 7 de diciembre, un día después de emitido el fallo, el presidente de la comisión, el exsubsecretario de Relaciones Exteriores Ariel Bergamino, presentó un borrador que generó reparos del sector Fuerza Renovadora (FR), liderado por el senador Mario Bergara.
Aquel texto decía que Fernández de Kirchner es una víctima más de los “procesos de lawfare” orquestados en toda América Latina “a través de fuertes campañas mediáticas y fallos judiciales concertados desde el seno del poder económico”, pese a que, “en todos los casos, las pruebas han sido nulas”, y estos conceptos fueron matizados en la declaración final.
Según pudo saber la diaria, en el medio ocurrió que el Secretariado Ejecutivo del FA, ante las discrepancias de Fuerza Renovadora, decidió conformar una comisión integrada por Jorge Polgar, dirigente de ese sector, Juan Castillo, del Partido Comunista, y Darío Mendiondo, del Nuevo Espacio, además de una representante de las bases, para elaborar un texto de común acuerdo.
Finalmente se llegó a la redacción definitiva, pero en la Mesa Política del martes 13 el Movimiento de Participación Popular sugirió postergar la difusión con el objetivo de que el centro del debate político partidario siguiese puesto en los temas más comentados de las últimas semanas: el caso de Alejandro Astesiano y el de Sebastián Marset. En la Mesa Política de este lunes se definió su publicación, que se concretó el miércoles.
En paralelo FR redactó, por su parte, otro borrador con respecto al fallo contra la expresidenta argentina. Según supo la diaria de fuentes del sector, el objetivo era que fuese difundida en caso de que no hubiese acuerdo en el FA. Otras fuentes de la Convocatoria Seregnista-Progresistas (CSP), alianza que integra el sector de Bergara, indicaron que la declaración no había llegado a un consenso entre el resto de los grupos de la CSP.
En el texto, al que accedió la diaria, FR expresa “solidaridad política con Cristina Fernández de Kirchner” porque se “pretende proscribirla”, y también “preocupación por la plena vigencia de las garantías judiciales en lo que resta del proceso”, además de “alarma frente a la escalada de odio y violencia” que se vive en el vecino país. A su vez, se planteaba el “deseo de que el pueblo argentino pueda ejercer su voluntad en las próximas elecciones, escogiendo a sus autoridades sin ningún tipo de limitación, contención, amenaza o desestabilización durante el proceso”.
Perú e Irán
La Mesa Política del FA también emitió un comunicado ante “la barbarie en la República Islámica de Irán”, lamentando que “se persiga, arreste y torture hasta la muerte a personas por razones religiosas”, y pone como referencia “lo sucedido en setiembre pasado a Mahsa Amini, joven de 22 años que fue detenida por la Policía de la Moral de Irán por no portar el velo”, además de “la reciente ejecución de otros dos activistas y la anunciada pena de muerte para el futbolista Amir Nazr Azadani, acusado del delito de ‘moharebeh’ o ‘enemistad con dios’”. En este sentido, exhortó a que “se pronuncie” el gobierno uruguayo.
En tanto, la Presidencia del FA emitió otro comunicado sobre la situación que vive Perú, donde “26 manifestantes han muerto y centenares han sido heridos o detenidos como consecuencia de la grave crisis institucional y política planteada en ese país”. Además de condenar la “persecución y represión política”, el FA reclama “el esclarecimiento de los hechos y el juzgamiento de sus responsables”. En este caso, también exhorta al gobierno de Luis Lacalle Pou “a cooperar en los ámbitos y mediante los mecanismos correspondientes con la causa de la democracia en Perú”.