Esta semana ha estado cargada de información de interés a nivel regional, y entre las noticias más importantes está que Pedro Castillo, presidente de Perú hasta el miércoles, disolvió el Congreso pero no tuvo apoyo, y pocas horas después se aprobó su vacancia y fue detenido por la Policía. Un día antes, la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Con este panorama empezó la sesión del miércoles de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio (Carifa), sumado al pedido del presidente de la fuerza política, Fernando Pereira, al de la Carifa, Ariel Bergamino, de que se buscara elaborar dos declaraciones, una sobre cada tema.
Bergamino, entonces, llevó a la Carifa dos borradores. El primero que puso a consideración fue uno sobre la situación de Cristina Fernández, al que accedió la diaria y que indicaba que “desde un tiempo a esta parte, las democracias en la región y América Latina se han visto debilitadas en sus instituciones más importantes” y que “con procesos de lawfare, y a través de fuertes campañas mediáticas y fallos judiciales concertados desde el seno del poder económico, se han destituido presidentes, proscrito candidatos, llevado dirigentes a la cárcel”. Allí marcaba ejemplos de Brasil, Bolivia y Ecuador.
“En todos los casos, las pruebas han sido nulas, pero la insistencia a través de grandes propagandas y sobre todo, a través de operadores judiciales que han prestado sus cargos a intereses ajenos al de la Justicia, ha posibilitado que procesos populares enteros se vean en quebranto”, continuaba la declaración, que concluía que “el reciente fallo judicial contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, no es otra cosa sino la materialización de esta misma estrategia”.
Varias fuentes al tanto de la situación indicaron a la diaria que, en una primera instancia, nadie se opuso a elevar esa declaración a la presidencia del Frente Amplio (FA). Fue así que se decidió pasar a una declaración sobre la situación en Perú, pero en el medio de esa discusión los representantes del sector Fuerza Renovadora (FR), liderado por Mario Bergara, volvieron a traer a colación el tema de Cristina Fernández y señalaron que no estaban de acuerdo con la declaración.
la diaria se contactó con Fernando López, uno de los dos integrantes de la Carifa en nombre de FR, y señaló: “El borrador de la declaración planteaba que existe una judicialización de la política por parte de las derechas y que es lo que le hicieron a Lula, a [Rafael] Correa y ahora a Cristina, y nosotros planteamos que no es lo mismo; lo que pasa en la Argentina responde a otras realidades”.
“Los procesos a Cristina Fernández de Kirchner, a Lázaro Báez y a otros miembros del elenco K no son de la misma manera que lo que pasó con Lula, donde evidentemente era un tema político”, dijo, y agregó que en el caso argentino hay “testimonios muy claros” que hablan de manejo indebido de fondos en torno a “la ruta del dinero K, los hoteles vacíos en Santa Cruz” y demás.
Entonces, la posición de FR, que se tomó luego de contactarse con Bergara y otros referentes del sector, fue “rechazar una declaración de respaldo en donde se englobaba lo que le pasaba a Cristina con lo que les pasó a otros líderes de la izquierda que sufrieron falsas acusaciones”, ya que “la situación del kirchnerismo es vidriosa”.
Según supo la diaria, FR fue el único sector que manifestó reparos a la declaración durante la discusión. Sin embargo, los representantes de Asamblea Uruguay, sector liderado por Danilo Astori y que integra junto a FR la Convocatoria Seregnista-Progresistas, luego le hicieron saber a Bergamino, una vez visto que no había unanimidad y ya resuelto que el tema pasaría a la Mesa Política, que así como estaban las cosas, no era conveniente emitir una declaración.
No es la primera vez que una discusión sobre la situación de la vicepresidenta argentina provoca discordia en la interna del FA. En agosto, cuando un fiscal federal pidió condenarla con una pena de 12 años de prisión e inhabilitación política perpetua, se registró un debate con similares características y resultado. Sin embargo, el FA sí emitió un comunicado repudiando “enérgicamente” el intento de asesinato de la expresidenta, ocurrido unos días después.
Distinta fue la situación con respecto a la declaración sobre Castillo, que sí obtuvo consenso y el mismo miércoles se publicó en la web de la fuerza política. Allí se expresó “honda preocupación” por “la grave crisis” que atraviesa Perú “como corolario de un largo y doloroso proceso de inestabilidad política y erosión de la institucionalidad democrática”. “Condenamos tanto la estrategia de acoso permanente al presidente promovida por la oposición, de la cual el recurrente uso del instrumento de la vacancia presidencial impulsada por el fujimorismo y la ultraderecha es una muestra, como el intento por parte del presidente Castillo de disolver el Congreso como respuesta a la misma”, apuntó el FA.
Finalmente, consideró que “ambas acciones condujeron a una situación que culmina con la destitución del presidente y plantea desafíos que sólo podrán ser resueltos en un clima de paz y diálogo”.