La ejecución de dos manifestantes condenados a muerte desató nuevas protestas en Irán esta semana. El lunes, las autoridades ahorcaron en público en la ciudad de Mashad a Majid Reza Rahnavard, condenado a muerte por el delito de “guerra contra dios”, después de ser acusado de acuchillar y matar a dos guardias islámicos. Fue colgado del mástil de una grúa.

Su ejecución ocurrió a menos de un mes de ser detenido, el 19 de noviembre, y el mismo día en que recibió la condena. Pocos días antes de su muerte, el jueves 8 de diciembre, fue ahorcado Mohsen Shekari, de 23 años, declarado culpable de herir con un cuchillo a un guardia islámico y condenado por “aterrorizar”, también en el marco de las protestas por la muerte de Mahsa Amini. Según Amnistía Internacional, otras 28 personas podrían terminar en la horca en Irán por manifestarse.

Las dos ejecuciones generaron reacciones internacionales de repudio, así como nuevos llamados a protestar. El sábado hubo marchas en silencio y con velas en varias ciudades para condenar el ahorcamiento de Shekari. En otras manifestaciones, las consignas que gritaron los participantes ya no se limitaron a la causa inicial de estas protestas, la muerte de la joven kurda Amini, de 22 años, detenida por no llevar bien colocado el velo islámico, sino que pedían el fin de la República Islámica.

Según datos de Amnistía Internacional, Irán fue el año pasado el segundo país, después de China, en número de ejecuciones: durante 2021 se aplicó la pena de muerte a 314 personas, y en 2020 a 246. Otra organización civil, Iran Human Rights, con sede en Oslo, informa que en los tres meses de protestas, desde la muerte de Amini, murieron 400 manifestantes por la represión de las movilizaciones, y hay además 15.000 detenidos.

Entre quienes murieron durante las protestas hay 44 menores, 34 de ellos muertos por disparos de fuego real en la cabeza o en órganos vitales, denunció Amnistía Internacional. Según la organización, al menos en 13 casos las familias fueron presionadas para que firmaran documentos o hicieran declaraciones en las que exculpan a las fuerzas de seguridad por esas muertes.

A los condenados a muerte por participar en las protestas, se sumó esta semana el futbolista Amir Nasr-Azadani. El delito que se le atribuye es el de moharebeh, que se traduce como “odio contra dios”, “estar enemistado con dios” o de “guerra contra dios”, el mismo por el que fueron ahorcados los dos manifestantes. Según la BBC, el término también se interpreta como “aterrorizar”, una palabra que también deja un gran margen de acción al juez para determinar si se cometió o no el delito.

La sentencia contra Nasr-Azadani fue repudiada por el Sindicato de Futbolistas Internacional (FIFPRO). “FIFPRO está conmocionada y asqueada por las informaciones de que el futbolista profesional Amir Nasr-Azadani se enfrenta a la ejecución en Irán después de hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades básicas en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos la eliminación inmediata de su castigo”, manifestó el sindicato, según las agencias de noticias Télam y DPA.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) pidió el martes a Irán que detenga las ejecuciones y que respete las protestas pacíficas. “No hay lugar para la pena capital y queremos garantizar que no se llevan a cabo más ejecuciones”, dijo el portavoz de Naciones Unidas Farhan Haq, según citó Efe. De acuerdo con Haq, el secretario general de la ONU, António Guterres, opinó que las “circunstancias” de la ejecución pública del lunes “fueron particularmente crueles”.

El vocero agregó que la ONU manifestó a Irán su preocupación y afirmó: “Queremos asegurarnos de que no hay un uso excesivo de la fuerza; y que el derecho a la protestas pacífica y a la asamblea se respetan. Ahora mismo, sobre el terreno, hay señales muy preocupantes de que eso no está ocurriendo”.

Una medida que tomó el Consejo Económico y Social de la ONU esta semana fue la de cancelar la participación de Irán en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Entendió que la represión de las protestas y el deterioro de los derechos humanos en el país ameritaban su salida. La decisión fue propuesta por la delegación de Estados Unidos.

“La comisión es el principal órgano de la ONU para promover la igualdad de género y empoderar a la mujer. No puede hacer su importante trabajo si es minada desde dentro. La membresía de Irán en este momento es una fea mancha en la credibilidad de la Comisión”, dijo la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield. Su propuesta fue votada por 29 países, ocho se manifestaron en contra y hubo 16 abstenciones.

La delegación de Irán rechazó “categóricamente la resolución” y afirmó que “se basa en alegaciones ficticias contra la República Islámica de Irán”. Agregó que “por desgracia, [la ONU] está siendo rehén de un país [Estados Unidos] que, de forma unilateral, aplica intimidación, acoso, para atender a sus fines políticos”, manifestó.