La Comisión de Constitución y Legislación del Senado aprobó ayer con los votos de la coalición una minuta de comunicación que se tratará la semana próxima en el plenario, que pide al Poder Ejecutivo “la elaboración de un proyecto de ley” que indemnice “moral, social y económicamente” a las víctimas de “grupos armados de carácter ideológico” entre 1962 y 1976. El Frente Amplio (FA) no acompañó la solicitud por entender que el tema se trató de forma “exprés”, además de no compartir las fechas que se proponen para la reparación.
En diciembre de 2020, los senadores de Cabildo Abierto (CA) habían presentado un proyecto de ley con el mismo objetivo e idénticas fechas, y el cabildante Guillermo Domenech retomó el asunto el martes, al sesionar la Comisión de Constitución y Legislación.
“Creemos que el Uruguay tiene que superar ese enfrentamiento de la década de los 60 y 70. En lo personal, creo que es una herida abierta que tiene el Uruguay y, además, una deuda con quienes fueron las primeras víctimas de un enfrentamiento ideológico que debió haber quedado en el campo de las ideas y nunca debió haber transitado por el camino de la violencia física”, dijo Domenech, presidente de la comisión.
A esa sesión acudió el Centro de Estudios de Derechos Humanos del Uruguay, cuyo presidente, Sergio Molaguero, también reclamó por la aprobación de una ley reparatoria de estas características: “Hubo un estado de guerra interna decretado en abril de 1972”, que provocó “muertos en ambos bandos”, y “luego de restaurada la democracia en 1985, algunos grupos que fueron víctimas en ese lapso empezaron a recomponer su vida y, a través del Estado, retomaron sus carreras y sus ingresos por las pérdidas sufridas”; pero, “en los hechos, hay más de 80 familias, fundamentalmente de policías, militares y civiles, que fueron víctimas en ese período y, en su inmensa mayoría, quedaron desamparadas”.
En esa línea, Molaguero señaló: “No vamos a discutir las compensaciones y las reparaciones económicas que se han dado a una parte de quienes participaron en los enfrentamientos de esa época, pero sí vamos a exigir que exista una ley espejo”. Agregó que la comparecencia tenía el objetivo de pedirles a los senadores “que esto sea tratado lo antes posible”.
El pedido tuvo efecto porque la coalición primero tenía previsto tratar la minuta de comunicación el martes en la comisión, pero se adelantaron los planes y hubo este jueves una sesión extraordinaria. “Se convocó de urgencia, fue todo muy exprés. Desde el FA entendemos que no es la forma de abordar el tema”, dijo a la diaria el senador José Carlos Mahía.
El martes hubo una intención inicial de que se votara la minuta aunque la oposición no había tenido tiempo de estudiarla. “Recordé, no desinteresadamente, que la coalición había votado más de una vez minutas de comunicación en las que no estábamos de acuerdo con el contenido, pero lo hicimos para facilitar que fueran al Ejecutivo. Queríamos saber si podíamos tener reciprocidad”, dijo en esa sesión la senadora nacionalista Graciela Bianchi.
La elección de votar una minuta de comunicación y no un proyecto de ley responde a que se trata de disposiciones económicas, ya que se plantea una reparación monetaria para las víctimas, y en estos aspectos el Ejecutivo tiene iniciativa privativa. Entonces, los senadores de la coalición piden a través de la minuta al gobierno que envíe un proyecto de ley.
“Sesgo ideológico” y “la teoría de los dos demonios”
Mahía del FA dijo que “una cosa es el terrorismo de Estado, cuando se asesina, tortura o mete presa a gente por sus ideas políticas, como pasó en la dictadura; y otra cosa distinta es la violencia por enfrentamientos de grupos armados, sean del signo que sean”. En ese sentido, señaló que el contenido de la minuta parece apuntar “a las acciones del MLN [Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros]” cuando hubo “otras organizaciones como la JUP [Juventud Uruguaya de Pie, grupo de extrema derecha que actuó entre 1970 y 1974] que también ejercieron violencia y hubo víctimas”.
“Los militares [muertos en la lucha armada] han tenido reconocimientos y algún grado de reparación. Puede haber casos aislados donde haya necesidad de una reparación, estamos de acuerdo, pero las fechas que se proponen [en la minuta de comunicación] vemos que tienen un sesgo ideológico que no compartimos”, añadió Mahía.
A su vez, el integrante de la asociación de ex presos y presas políticas Crysol, Gastón Grisoni, dijo a la diaria que con esta y otras iniciativas, la coalición y en particular CA procura “reescribir el relato y la interpretación sobre el proceso dictatorial”. Indicó que “esa es la gran preocupación”, más allá “de la reparación económica” para las víctimas. “En ese esfuerzo se inscribe, por ejemplo, lo hecho a nivel de la educación, cuando se incorporan libros [como el del expresidente Julio María Sanguinetti] que hacen una ferviente defensa de la teoría de los dos demonios”, declaró.
En 2009 se aprobó la Ley 18.596 de “reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado”, que abarca el período dictatorial y también las torturas y desapariciones forzadas desde junio de 1968, cuando el presidente Jorge Pacheco Areco decretó por primera vez medidas prontas de seguridad. Grisoni dijo que esta normativa apunta a personas que sufrieron lesiones gravísimas y también a los familiares de los desaparecidos. Se trata de un “universo amplio” y solo “algunas” reciben una indemnización económica, expresó.