“Hay pibes del barrio que terminan perdiéndose ahí”, cuentan los vecinos de la cooperativa de viviendas Coviser, mientras señalan el terreno lindero al de sus casas, ubicado en la intersección de las calles Yugoeslavia e Islas Canarias, en Nuevo París. El predio pertenece a Cobluma SA, la fábrica de ladrillos que construyó los complejos habitacionales Millán y Lecocq y Verdisol, pero que permanece abandonada desde hace más de 30 años.
Desde afuera se observa el pasto alto y estructuras deterioradas no sólo por el paso del tiempo, sino también por el de las personas que las han adoptado como un lugar de estadía o encuentro. Lo que se halla adentro es una incógnita que apenas se despeja a través de la audición, cuando por las noches se oyen balazos o discusiones. El resto es desconocido, pues nadie ajeno a sus habitantes entra, ni siquiera la Policía. No bastan las denuncias por hurtos y rapiñas, ni los reclamos elevados a diferentes divisiones estatales en las que los integrantes de Coviser, organizados en la Intersocial Benedetti, explican que allí viven alrededor de 30 personas que delinquen de varias maneras, porque al tratarse de una propiedad privada, es necesaria una orden de allanamiento para ingresar.
En diálogo con la diaria, Fernanda Viera, de Coviser, manifiesta que pasar por ahí “es imposible”. Actualmente, el espacio se asemeja más a un descampado que a una fábrica, debido a que “entra gente a tirarla abajo” para llevarse cobre, hierro y cualquier elemento que le sea de utilidad; además de que se generaron bocas de drogas y depósitos de automóviles robados. Así, de a poco, la situación se ha ido agravando y afectando a toda la comunidad, porque los robos, que se dan a cualquier hora del día, suelen abarcar desde motos y baterías de autos, hasta arcos de canchas de baby fútbol.
Más allá de lo que pasa ahora, el conflicto en relación al abandono de Cobluma SA no es nuevo. Coviser estrenó sus casas en junio pero cuando obtuvo el terreno, hace ocho años, los problemas ya existían. Según Viera, los primeros reclamos fueron realizados en 2018 y, desde entonces, nunca dejaron de buscar soluciones. En los últimos meses acudieron al municipio G, a la Intendencia de Montevideo (IM), a la Junta Departamental, al Parlamento y al Ministerio del Interior (MI), con el que mantuvieron una reunión la semana pasada.
Denuncias
“Que no sea tierra de nadie, eso es lo que más nos preocupa”, insistió un vecino durante el encuentro con representantes del MI, que originalmente sería con Santiago González, su director de Convivencia, pero tras un par de cancelaciones se realizó con los oficiales Jéssica Acuña y Carlos Vidal, junto a dos policías de la Seccional 19.
Vidal, jefe de la comisaría de la zona, dijo que en lo que va de diciembre sólo tres denuncias hechas en la seccional provenían de los alrededores de Islas Canarias y Yugoeslavia. El comisario contó que la mayoría de las denuncias registradas son por violencia doméstica y dijo que ese es “el problema” que caracteriza al barrio, según sus registros. “Los llamados al 911 no generan una incidencia”, explicó. Por esa razón, para producir una información que dé cuenta de lo que sucede, es fundamental denunciar.
Los representantes del MI destacaron que hay ciertos cuidados que no les corresponden a ellos, sino a la IM. Según manifestaron, el estado y la limpieza de las calles, la poda de árboles y el mantenimiento de las luces hacen una diferencia en materia de seguridad, en la que el MI no tiene “arte ni patria”. Este aspecto ya fue tratado con Pablo Cresci e Inés Giudice, de la división de Tierras, Vivienda y Hábitat de la IM, quienes han sido el nexo de Coviser en el proceso que los llevó a lograr que el gobierno departamental comience un nuevo juicio por expropiación, tras haberlo hecho por primera vez en 1997.
Alternativas
Gracias a un proyecto de extensión de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, a cargo de Darío Madeiro y Laura López Braz, Coviser ha accedido al proceso dominial de titularidades del padrón de la exfábrica, que develó que Cobluma fue embargada, además de por la IM, por sus trabajadores y por la Administración Nacional de Educación Pública. El juicio laboral, que aún no ha finalizado, enlentece el designio de expropiación, porque al hacerlo se les debe pagar a los acreedores laborales. Madeiro dijo a la diaria que, por lo tanto, el trámite “puede llevar varios años”.
En conocimiento de eso, Coviser se ha movilizado para generar alianzas entre instituciones, que les ayuden a encontrar alternativas temporales y efectivas. Por el momento, han conseguido que la Junta Departamental dicte un decreto que le permite a la IM limpiar terrenos abandonados en los casos en que los propietarios no lo hacen. De acuerdo a lo estipulado, los poseedores deberán mantener sus predios libres de residuos “de cualquier naturaleza” y “efectuar su limpieza cuantas veces fuera necesario para conservarlos en estado de higiene y salubridad”. Quienes no cumplan serán intimados y contarán con un plazo de diez días para acondicionar sus espacios. Pasado ese tiempo, la IM podrá hacerlo en su lugar, cobrándose un cargo.
También está sobre la mesa la posibilidad de cercar el terreno desde el exterior, aunque es una opción que todavía se está evaluando. Finalmente, luego de la reunión con el MI, los vecinos acordaron elevar una carta para solicitar la instalación de cámaras de seguridad y la ejecución de una intervención en la que se identifique a las personas que ocupan las instalaciones. La idea es involucrar al Ministerio de Desarrollo Social para que colabore con el realojo de esas personas, punto en el que los vecinos han puesto especial atención. De acuerdo a lo expresado por una de ellas ante la Comisión Especial de Convivencia y Seguridad de la Cámara de Diputados, es importante no dejar a los ocupantes “en la calle”, porque “allí van a encontrar a otros que los agarran, les dan un poquito de plata y los arrastran a hacer otra cosa”.