En un informe que se difundió el lunes 7, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) identificó casi un centenar de casos de abuso policial, amenazas, allanamiento ilegal, lesiones, provocación policial y falta de atención médica, a partir de una ampliación de la denuncia que presentó la Asociación de Defensores de Oficio ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en julio del año pasado, que abarca situaciones de detención de 2020 y 2021.
Estos casos generaron preocupación en la INDDHH, que pidió a las autoridades la “urgente investigación” de lo que entienden como un “fenómeno” de carácter “estructural” y con “tendencia al alza”, según dijo este jueves en una rueda de prensa el director de la institución Wilder Tayler. El abogado consideró que el gobierno nacional “minimiza” la problemática, e identificó una “tendencia a desestimar la seriedad de la denuncia o a dar una explicación que es como una ‘contraversión’. Eso es bastante sistemático, salvo si hay un video”, dijo.
Tayler señaló que cuando hay videos la reacción de las autoridades “cambia, pero eso es un tema que nos tiene que preocupar, porque para el ciudadano común es una vara de prueba extremadamente alta”, advirtió.
“En muchos de los contextos que están denunciados, en los que a un individuo se le revienta un tímpano de un golpe, a otro se le rompen tres costillas, a una señora que va a preguntar por su hijo, que es narcotraficante, le dan una paliza para escarmentar por tener a ese hijo... Capaz que no hay una cámara a mano o alguien que esté dispuesto a filmar”, profundizó.
En esa línea, Tayler opinó que no corresponde “este tema que se ha instalado de que necesitamos el video para que alguien diga ‘esto es serio’. Tendríamos que hacer algo más institucional, más interinstitucional, en lo que el Ministerio del Interior tiene que estar”.
Tayler aclaró que “abusos policiales y abusos de la fuerza siempre hubo; esta no es una novedad del gobierno de coalición”. Hizo hincapié en que “eso tiene que quedar bien claro”, pero advirtió que la novedad es que “en este momento notamos una tendencia al alza” que también se registró en los primeros “15 o 20 días” de este período de gobierno. Consultado sobre si asocia este incremento al cambio de administración o a la ley de urgente consideración (LUC), respondió que “son las dos cosas”. “Nosotros ya nos pronunciamos en el Parlamento y en aquel momento explicamos que había un paquete de medidas que, todas juntas, generaban un debilitamiento de garantías a nivel general y que eso nos preocupaba mucho. Creo que en este momento se está confirmando aquella preocupación”, agregó.
Sobre las declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, quien ayer en rueda de prensa dijo que antes de la LUC “había más instancias de abuso policial”, Tayler aseguró que nunca recibió la información en la que se basó el jerarca para afirmar eso, y consideró que “hay un problema de registros”, precisamente por lo cual una de las recomendaciones de la institución “es que se cree un registro nacional de casos de abuso de la fuerza”. Sugirió que lo puede llevar adelante Fiscalía o la SCJ, “una autoridad que esté más allá de todo reproche”, para que se pueda “identificar las tendencias con una cierta certitud” y “poder trabajar sobre la cuestión estructural”.
“El gobierno dice que no hay gatillo fácil; yo no tengo tampoco un patrón de gatillo fácil establecido, lo que sí hay son sectores de la Policía que tienen la mano más larga y más pesada”, analizó Tayler. Opinó que “gatillo fácil en el sentido que hemos visto a veces en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, no” hay, sostuvo, pero planteó que “tenemos que dar la voz de alarma cuando la mano se alarga, no cuando el gatillo se pone fácil”.