La senadora del Frente Amplio (FA) Silvia Nane recibió a la diaria en su despacho del Palacio Legislativo pocos días después de haber sido designada presidenta de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género de la cámara alta. Contó que pretende “transversalizar” el trabajo de la comisión, por ejemplo, analizando proyectos de ley que ingresan a otras comisiones, y abrir el debate sobre los derechos humanos y el género a la población, con actividades en el Parlamento abiertas a los “protagonistas de esa realidad”.

Entre sus asuntos prioritarios destacó el análisis sobre cómo funciona hoy en Uruguay el reconocimiento facial automatizado, “un tema serio respecto de la vulneración de derechos”, y también confesó estar preocupada por la inminente reforma de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), una discusión en la que la comisión que ahora preside debería tomar parte, consideró.

Para Nane, la coalición está siendo parte de un intento de “restauración histórica” del discurso de la derecha sobre el pasado reciente, que se puede ver en la aparición de un grupo autodenominado Familiares de Prisioneros Políticos; un proyecto de Cabildo Abierto (CA) para otorgar prisión domiciliaria a los presos mayores de 65 años, que beneficiaría directamente a represores procesados y condenados por crímenes de la dictadura; y la reciente decisión del ministro de Defensa Nacional, Javier García, de abrir la “cárcel del pueblo” de los tupamaros para visitas, entre otras señales. Nane también se refirió al acto en el que el líder cabildante Guido Manini Ríos reivindicó la figura de Jorge Pacheco Areco, rodeado de dirigentes de la coalición, y consideró que ante este tipo de mensajes “las comodidades, o las incomodidades no manifiestas, terminan generando una complicidad de la que hay que hacerse cargo”.

Fuiste designada presidenta de la Comisión Especial de Derechos Humanos, Equidad y Género del Senado. ¿Qué expectativas tenés del trabajo en esa comisión este año y cuáles son tus prioridades?

Mi idea es poder hacerla funcionar integrada con otras comisiones, porque trata temas que son transversales: los derechos humanos son transversales a un montón de cosas que se tratan en el Parlamento, tanto como el género. Por ejemplo: reconocimiento facial automatizado. Si no lo trato desde el punto de vista de cómo impacta a las mujeres, a los jóvenes y a las personas de tez oscura, y no lo trato en integración, por ejemplo, con la Comisión de Ciencia y Tecnología, con la Comisión de Seguridad y Convivencia y con la Comisión de Población y Desarrollo, es un tema que queda estanco. Mi prioridad es integrar la comisión, que en definitiva es integrar la mirada de derechos humanos y género en todos los temas que se traten; tratar de transversalizarlo lo más posible. Otra de las prioridades que tengo es que podamos debatir sobre temáticas de derechos humanos y de género en el Parlamento, pero con quienes son protagonistas de esa realidad. Para eso voy a armar una agenda de eventos que sean en el Palacio Legislativo para que la población pueda hacer propia la tarea parlamentaria, porque el Parlamento no es solamente construir leyes, es también ser un ámbito de debate, y eso no puede ser solamente de los parlamentarios. Esta comisión complementa muy bien mi otro rol, que es ser miembro del Comité Permanente de Derechos Humanos de la Unión Interparlamentaria, y me parece que hay que aprovechar esa sinergia.

¿Qué temas tiene en carpeta actualmente la comisión?

En este momento, hay un solo proyecto, que es el de paridad de género en las instancias electorales, de la senadora nacionalista Gloria Rodríguez. Ese proyecto no se sabe si va a quedar en esa comisión o si va a pasar a la Comisión de Constitución y Legislación; ahí la discusión es interna del Partido Nacional [PN], porque quien está en una posición contraria a que quede en esta comisión es el senador [Jorge] Gandini. Para nosotros tiene que quedar en la Comisión de Derechos Humanos.

Lo mencionaste al pasar, pero no es un tema tan conocido. ¿Qué es el reconocimiento facial automatizado y cómo se vincula con los derechos humanos?

El reconocimiento facial automatizado tiene dos grandes formas de implementación: una es la verificación facial y la otra es la identificación facial. La verificación facial funciona cuando yo quiero entrar a un estadio de fútbol y hay una cámara que reconoce mi imagen, y con esa imagen, que genera una representación matemática, se compara con una base de datos compuesta por los datos de personas que un juez determinó que no pueden entrar, por medio de un debido proceso. ¿Cuándo hablamos de identificación? Tiene mucho que ver con el tránsito público, con la libre circulación. Las cámaras que están por ahí identifican una persona, que puede estar relacionada con un hecho delictivo, o tratan de adivinar que hubo un hecho delictivo, a través de ciertas características o actitudes que están catalogadas como hechos delictivos. ¿Contra qué base de datos van a hacer la identificación? Contra una base de datos amplia, de todos los habitantes de este país. Yo no digo que se esté utilizando así, lo que digo son las posibilidades de uso. ¿Cómo se construye esa base de datos amplia, de rostros, que pueden ser luego identificados? En Uruguay, en la Ley de Presupuesto de este gobierno se incluyeron tres artículos: uno que decía que los datos biométricos –que son los datos faciales, la forma de andar, el cabello– estaban excluidos de la Ley de Protección de Datos Personales, siempre y cuando fueran necesarios para usos de seguridad pública. Con esa amplitud. Se complementaba, después –había que poder leer la secuencia–, con dos artículos más: uno de ellos pasaba los datos de la base de datos de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) al Ministerio del Interior (MI). Si yo digo que hay un montón de cámaras del MI, y migro los datos biométricos de la DNIC al MI, ¿para qué los quiero si no es para usarlos? ¿Y cómo aprende un algoritmo de inteligencia artificial a detectar actitudes sospechosas? Aprende de un montón de datos que alguien va clasificando: cuando una persona está saliendo sin mostrar la cara; cuando una persona está sentada en el cordón de la vereda mucho rato mirando... Si se usa con el objetivo de identificación sobre una base de datos amplia, altera la libertad de circulación. ¿Qué pasa si yo mañana paso por 18 de Julio y Ejido, en una actitud que alguien le enseñó al algoritmo que es una actitud sospechosa? ¿Cómo van a hacer para saber quién soy? Van a capturar mi cara, la van a comparar contra la base de datos de la DNIC y me van a venir a pedir explicaciones de un hecho que quizá nunca cometí.

¿Un riesgo puede ser la estigmatización de cierto sector de la población?

Justamente. El problema es que los mecanismos de identificación facial funcionan, y están probados, con un altísimo grado de falsos positivos. Si en esta identificación se da un falso positivo –que identifiquen a alguien que parece que soy yo, pero no soy yo–, eso trae muchos problemas. Esos porcentajes de falsos positivos crecen en las personas de tez oscura, en las mujeres y en los jóvenes. Y en el mundo, a partir de un montón de estudios que han demostrado que no se puede garantizar un porcentaje inferior a algo razonable en los falsos positivos, se ha prohibido el uso de los mecanismos de reconocimiento facial, por ejemplo, en Boston y California. Empresas como Amazon, por ejemplo, que tienen tecnología para reconocimiento facial, no le venden al gobierno si lo va a usar con fines de seguridad. Hay un tema serio respecto de la vulneración de derechos. ¿Por qué es un tema de derechos humanos? Porque va en contra de los derechos civiles. Yo no puedo cambiarme la cara para tener la libertad de circular. Y mis datos biométricos, hoy, están en esa base de datos sin mi consentimiento. Y sin que haya mediado una acción judicial. Estamos en un problema porque no sabemos cómo se está haciendo.

¿Puede haber un papel de las redes sociales en la recopilación de este tipo de datos?

Las redes sociales aportan datos sobre el comportamiento y sobre la forma de pensar de la gente. Cualquiera que investigue mis redes sociales sabe qué me gusta y qué no me gusta, cómo pienso, por dónde me muevo. En qué grupos sociales me muevo. Con todas estas preocupaciones –que no son acusaciones– cada vez que hemos ido a preguntar al MI no tenemos respuesta. Nos dicen “tranquilos, nosotros no vamos a hacer eso”, pero eso está habilitado. Mi preocupación ahora es mayor aún, porque está la obligación de identificarse en la ley de urgente consideración –que ahora es la Ley 19.889– y el artículo de la apariencia delictiva. Cuando el algoritmo aprenda cuáles son los hechos de apariencia delictiva, ¿quién me garantiza que no van a salir a buscar con las cámaras los hechos de apariencia delictiva? ¿Y dónde están los hechos de apariencia delictiva, dónde están las poblaciones más vulneradas? Es un tema de largo plazo, que hay que tratar con muchísima responsabilidad política y desde una perspectiva de derechos humanos, incluyendo las responsabilidades que le competen a todo el mundo: al Estado en el uso y también a la gente que desarrolla esa tecnología y a la gente que esa tecnología le está pegando. Por eso lo quiero agarrar desde la comisión, porque me parece un tema fundamental y transversal.

¿Qué medidas concretas, en el ámbito legislativo, tenés pensadas para este tema?

Vamos a presentar, probablemente, una iniciativa legislativa, que tenemos que ver si va a tener la forma de una minuta de comunicación exhortando al Poder Ejecutivo –porque es, en definitiva, el que tiene todos los elementos–, o un proyecto de ley de regulación del uso de la inteligencia artificial en ese tipo de aplicación. Pero lo vamos a hacer después de haber puesto el tema en debate, porque hoy lo que hay es un gran desconocimiento del tema. No podemos tratar de regular algo que la gente no conoce cómo le pega.

La vicepresidenta Beatriz Argimón confirmó que pretende llevar adelante una reforma de la ley que creó a la INDDHH. ¿Cómo recibiste este planteo, después de las acusaciones que hizo a la institución de haber intervenido en la campaña por el referéndum?

A mí me tiene preocupadísima el tema de la INDDHH. Es uno de los temas sobre los que la comisión se tiene que dar un ámbito de debate. Cuando las instituciones se crean, no siempre se crean perfectas, y está bien que uno vaya ajustando los mecanismos institucionales para que cumplan su función de la mejor manera posible. Pero también uno puede ir leyendo, en este último tiempo, hacia dónde se quiere hacer ciertas reformas. Mis preocupaciones vienen por dos lados: una es la búsqueda de los detenidos desaparecidos y la otra es si esos cambios van a afectar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura [MNP]. El MNP abarca la observancia de los derechos humanos en las situaciones de encierro, y ha hecho informes, por ejemplo, con respecto a los niños, niñas y adolescentes que aun con el alta médica continúan internados en las instituciones de episodios mentales agudos. Es gravísimo. Ese es un tema que vamos a traer nuevamente a la comisión, hasta que a eso se le pueda buscar una responsabilidad. El MNP es también el que observa qué pasa en el período de detención preprocesamiento, que ahora con la Ley 19.889 [LUC] es de hasta cuatro horas. ¿Por qué hay indicios de preocupación? Tenemos una organización de extrema derecha que tomó un nombre perdido por ahí que se llama “centro de estudios de derechos humanos”, o una cosa por el estilo, formada por personajes de derecha confesos, defensores del gobierno de facto, de los terroristas de Estado, que dicen que le van a pedir a la INDDHH un lugar para sesionar. Miremos el proyecto de ley de prisión domiciliaria preceptiva para los mayores de 65 años. ¿A quiénes va a beneficiar? A los terroristas de Estado. Y se forma una comisión de supuestos presos políticos. Y el senador [de Cabildo Abierto, Guillermo] Domenech dijo [en la sesión del miércoles 6 de abril] que esperan que el proyecto sea acompañado por el Frente Amplio [FA]. Yo me pregunto: si nos están pidiendo los votos al FA, ¿es que el resto de la coalición de gobierno ya garantizó sus votos?

¿Cómo interpretás que sea Argimón la que haya dado el puntapié inicial para esta revisión? ¿Considerás que fue un gesto para la coalición o que está alineada con estas ideas?

No sé cuál es el rol que juegan los diferentes parlamentarios dentro de la coalición, lo que sí te puedo decir es que en un acto público el líder de CA reivindicó a [Jorge] Pacheco Areco como un rebelde ante las injusticias, y Pacheco Areco es un personaje nefasto de la historia política de este país. Si yo miro ese video, lo único que veo es a un senador autodeclarado wilsonista, [haciendo] un revoleo de ojitos y nada más. Y veo a un ministro de este gobierno, autoproclamado de centroizquierda, que dice que se siente muy cómodo dentro de la coalición de gobierno. Entonces, las comodidades, o las incomodidades no manifiestas, terminan generando una complicidad de la que hay que hacerse cargo.

La coalición podría utilizar sus mayorías este año para conformar un directorio más afín a sus ideas en la INDDHH. ¿Cómo reaccionaría el FA ante eso?

La institución tiene dos mecanismos para definir su directorio: uno es a través de candidatos que proponen las organizaciones de la sociedad civil relacionadas a los derechos humanos, y el otro, por una modificación de la ley, es por recomendación de los parlamentarios. Para mí los miembros de la INDDHH tienen que ser definidos por las organizaciones que trabajan día a día con los derechos humanos, y esa va a ser mi posición. No ha sido un tema que se haya discutido en la bancada.

CA está afín a la derogación de la institución directamente, pero si se mantiene, le gustaría tener un representante en el directorio. ¿Cómo imaginás eso?

Me genera muchísima preocupación lo explícito de la materia. Porque están presentando un proyecto de ley que pretende que los terroristas de Estado vayan a su casa a tener prisión domiciliaria; prisión domiciliaria que no tienen las mujeres que están presas con hijos. Con el incremento de las penas del microtráfico [en la LUC] se dio eso. Entonces, ¿vamos a meter en cana a mujeres con hijos y vamos a permitir que se vayan a sus casas quienes violaron, asesinaron, desaparecieron, torturaron y sometieron al exilio a personas por pensar diferente? Viniendo de la gente que promueve eso, ¿cuál es la garantía de la objetividad?

¿Cómo recibiste el anuncio del ministro García de que se abrió la “cárcel del pueblo” para visitas?

Significa poner en pie de igualdad al terrorismo de Estado y la violencia civil. Terrorismo de Estado es matar, torturar, desaparecer personas con la anuencia y la coordinación de los recursos del Estado. Es el Estado contra gente que piensa diferente de lo que piensa el Estado en ese momento. Yo soy pacifista, militante de la no violencia, pero no se puede equiparar [el terrorismo de Estado] con la violencia civil. No se puede dar esas señales de validación política a cosas que no son. Es muy grave, porque en cierta forma las decisiones de Estado muchas veces son pedagógicas para la población. El ministro de Defensa Nacional de todos los uruguayos y las uruguayas está validando, con su accionar, que la violencia social es lo mismo que el terrorismo de Estado. Y eso no pasó en ningún otro momento histórico. Es parte de esa “restauración histórica” que va quedando demostrado que no es solamente de CA: es un pensamiento transversal.

Otro tema que se va a retomar este año es el proyecto del PN y CA sobre tenencia compartida. Cuando comenzó la discusión hiciste un pedido de informe a la Suprema Corte de Justicia sobre los datos de procesos judiciales en esta materia. ¿Qué conclusiones sacaste de su respuesta?

A mí me gusta validar las opiniones con datos. Tenía la opinión de que esto es un asunto de lobbies y no una necesidad real de los procesos judiciales en los que se pretende actuar, y validé eso. Validé que si la SCJ no tiene los datos, no hay nadie que los tenga como para hacer una evaluación cuantitativa del universo sobre el cual esos proyectos se aplicarían. Yo no digo que no haya casos que quizá haya que revisar, yo digo que no es necesaria la legislación. Que debe haber procedimientos para ajustar dentro del Poder Judicial, que debe preocuparse por sistematizar sus datos, pero no se lo voy a venir a decir yo, es un poder independiente. Pero además, es un poder independiente que en la última rendición de cuentas pidió 12 millones de dólares, ¿y quién no lo votó? La coalición de gobierno. Me parece que como parlamentarios, no se puede actuar a golpe de balde y no se puede hacer mandados. Si no hay datos del universo de impacto, primera cosa, no se puede decir que hay una necesidad. ¿Qué es lo que refuerza mi idea de los lobbies? Que el presidente de la República, en un acto patrio, se pone la camiseta. Si nosotros vamos a evaluar la necesidad de una ley, tenemos que ver de qué universo estamos hablando y cómo hacer el impacto. No podemos legislar sin análisis de impacto, porque nos pasa que subimos las penas del microtráfico y después decimos “ay, qué macana, metimos a un montón de mujeres...”.

Y la propia coalición sale a querer corregir eso.

Claro, ahora tenemos que corregirlo y es urgente que lo corrijamos. ¿Y quién les va a devolver los dos años a los gurises que están presos con sus madres? Había que hacer un estudio demográfico, un estudio sociológico. No, primero metemos en cana a las mujeres con los hijos, mujeres víctimas de violencia –porque hay un estudio de eso: 70% de esas mujeres fueron víctimas de violencia de género, jefas de hogar, único sustento–. ¿Está bien que hayan metido droga a la cárcel? No, señor, pero ¿las estamos sacando de esa situación? Las estamos metiendo en una situación peor. ¿En serio no sabían a quién le iba a pegar? Porque si votaron sin saber a quién le iba a pegar, es una irresponsabilidad política que no se arregla después presentando un proyectito de ley para modificarlo. La irresponsabilidad queda marcada a fuego. Todas las personas que levantaron la mano para votar ese artículo tienen en la espalda la responsabilidad de haber metido mujeres y gurises presos. Y van a tener que cargar con esa responsabilidad política.